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Red Internacional
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GÉNERO. Crimen a Sophia: machismo, familia e infancia

El pasado 25 de enero, el brutal crimen contra Sophia remeció a Puerto Montt y a todo el país: una menor de 1 año y 11 meses, fue abusada y asesinada por su padre. Este hecho generó un profundo rechazo y rabia por parte de la comunidad, realizándose diversas y concurridas movilizaciones exigiendo justicia para la víctima y castigo para el acusado. ¿Cuál medida puede impulsar una solución de fondo?

Domingo 4 de febrero de 2018

Patriarcado y capital, una alianza criminal

Los abusos de parte de un padre hacia las y los demás miembros de su familia suelen enmarcarse en contextos de violencia machista -como en este caso-, donde el acusado contaba además con denuncias previas de violencia ejercida contra la mujer y madre de la pequeña. Esto es una de las más crudas expresiones del machismo enraizado en nuestros hogares y en la cultura cotidiana, que se reproduce a través de los medios de comunicación, la educación, las iglesias y las instituciones del Estado, para mantener la división de roles según sexo que hoy existen en la sociedad. Y que hoy cobra la vida de más de 65.000 mujeres en el mundo cada año, dejando una cifra de más de 66 femicidios durante el 2017 en Chile, y que durante lo poco que va de este año ya va en 7 femicidios.

Debemos tener en cuenta que casi un 40% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, y que las leyes ni siquiera reconocen el femicidio como un crimen de odio producto de la violencia machista, naturalizando esta violencia, culpándonos por ella y/o buscando empujarnos a un rol de víctimas para condenarnos a la impotencia.

Aún así, de toda esta cadena de opresión hacia nosotras, el femicidio es el último eslabón. Opresión que los gobiernos no han buscado realmente erradicar, todo lo contrario, se benefician de la división de roles por sexo que esta genera. Mantener esta división, donde la mujer se encarga de reproducir la fuerza de trabajo con las tareas domésticas gratuitas que realiza y que permiten a los trabajadores volver al trabajo al día siguiente, así como también, el tener los trabajos peor remunerados y ser la gran mayoría de los subcontratados, es muy conveniente para los capitalistas.

Con todo esto no deja de ser comprensible y legítimo el deseo de justicia ante hechos tan repudiables como el abuso y asesinato de Sophia, especialmente cuando vemos que son insuficientes y nulas las medidas que el Estado toma frente a situaciones de este tipo. Sin embargo, si nos damos cuenta de que un crimen de odio como este no se trata solo de algo individual sino que de las mentes desquiciadas que genera una sociedad enferma, es necesario pensar si se pueden implementar medidas que busquen solucionar tal problema de fondo,. incluso buscando herramientas que nos permitan no solo responder ante el hecho consumado sino que evitarlo.

¿La pena de muerte es la solución?

Una de las principales consignas que se han expresado en las movilizaciones que piden justicia para Sophia es sobre una ley que condene a pena de muerte a quienes resulten culpables de crímenes como este. Respecto a esto, es necesario repensar si esto realmente sería la solución. Podemos ver por ejemplo a Estados Unidos, ícono en este tipo de castigos, donde existen penas severas para violadores e incluso la pena de muerte para quienes asesinan a la víctima, y donde aún así los crímenes sexuales son altísimos.

Experiencias como estas nos muestran en cierta medida que el problema obedece a una estructura de sociedad, a la que no basta con responder de forma individual y aislada. El abusador sexual es un producto, o más bien los residuos, de los valores sociales, las políticas del Estado y la moral de las iglesias. Es por esto, que una condena o castigo particular, ya sea cárcel, pena de muerte o linchamiento, no es una solución, pues seguirán habiendo violadores, femicidas y crímenes de odio mientras vivamos en una sociedad a la cual le es conveniente nuestro rol de víctimas impotentes, relegadas a lo doméstico y que se subordinan a su realidad.

Por otro lado, ¿será en la justicia de quienes nos gobiernan donde pondremos nuestras confianzas? Es pan de cada día ver ataques de la policía hacia los sectores más precarizados de la sociedad: migrantes, vendedores ambulantes y a quienes nos movilizamos exigiendo nuestros derechos: trabajadores, jubilados, estudiantes y pueblo mapuche, mientras aquellos que saquean el país de traje y corbata siguen impunes. La justicia actual no está de nuestro lado, y las herramientas de condena y represión siempre terminarán poniéndose en nuestra contra. Por lo mismo, es necesario que quienes dictaminan -los jueces- sean elegidos democráticamente y revocables, para contribuir a cuestionar y terminar con esta justicia a medida de los ricos.

Por una ley de emergencia que enfrente la violencia hacia las mujeres

Para frenar la violencia que vivimos miles de mujeres, todos los días, hace falta que el Estado, el mismo que hoy es cómplice, se haga responsable de implementar medidas que realmente prevengan los femicidios y que permitan salir a las mujeres de los círculos de violencia, que se mantienen y sostienen en gran medida, por la dependencia económica y falta de oportunidades. Así también, medidas para que las niñas y los niños que crecen en ambientes como estos, no estén obligados a permanecer allí.

Con impuestos progresivos a las grandes empresas, es posible financiar refugios transitorios y planes de vivienda para las mujeres y sus hijas/os que sufran violencia y no tengan a dónde ir; planes laborales, subsidios, fueros y especialistas que entreguen herramientas y apoyen este proceso, como abogadas y psicólogas. El crimen de Sophia, demuestra la necesidad de implementar una Ley de emergencia contra la violencia machista que integre estas medidas y otorgue resguardo a mujeres y niñas/os.

Además, es necesario impulsar medidas formativas en cada lugar de trabajo, casa de estudio y población, que permita discutir sobre la violencia machista y los aspectos en que esta se expresa, buscando dejar de normalizarla y contribuyendo a la organización de mujeres junto a trabajadores, estudiantes y diversidad sexual para combatirla. Es necesario además, levantar espacios propios de organización como comisiones de mujeres, para luchar por nuestros derechos en cada lugar de trabajo y además, organizarnos para conquistar una ley de emergencia en contra de la violencia machista

Estos espacios de auto-organización deben ser un impulso para el movimiento de mujeres, que en alianza de los demás sectores sociales como los y las trabajadoras, estudiantes y los sectores más empobrecidos, no sólo busquen la exigencia al Estado y la conquista de derechos mínimos que nos permitan vivir mejor, sino que puedan constituir una fuerza que se proponga derrotar el sistema capitalista de empresarios y ricos, y de esta forma, sentar las bases de una nueva sociedad sin clases sociales, sin machismo, opresión ni explotación.

Para avanzar en todos estos objetivos y por esta perspectiva, es que las y los invitamos a organizarnos en Pan y Rosas, agrupación de mujeres y de la diversidad sexual, donde buscamos levantar una fuerza de mujeres, diversidad sexual, trabajadores y otros sectores oprimidos, para pelear por estas perspectivas.


Natascha Ovalle

Estudiante de Pedagogía en Universidad Austral.