El organismo señala que estos hechos extienden el miedo y la autocensura en el gremio.
Viernes 18 de mayo de 2018
“Condeno el asesinato de Juan Carlos Huerta Martínez. El asesinato extiende el miedo entre los profesionales y abre la puerta a la autocensura. Hago un llamamiento a las autoridades de México para que investiguen este asesinato y enjuicien a sus autores para así proteger la justicia, la libertad de expresión y la libre circulación de noticias e información” manifestó Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por su sigla en inglés).
Una demanda casi ingenua, puesto que en la mayor parte de los casos de crímenes de periodistas las autoridades asociadas con el crimen organizado se cuentan entre los responsables políticos de la violencia contra el periodismo crítico.
Carlos Huerta salía de su casa este martes 15 de mayo cuando un grupo de sicarios lo acribilló en su automóvil. El gobernador del estado, Arturo Núñez, ha aceptado que no se trató de un robo, sino de un asesinato planificado. Huerta conducía un programa de televisión y dirigía una emisora de radio local.
Al día siguiente, la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el hecho. En un comunicado señaló que era importante esclarecer los hechos para encontrar a la autoría intelectual y material.
En 2017 fueron asesinados 12 periodistas. Este año, que se abrió con una escalada brutal de la violencia en el país, Carlos Huerta es el cuarto. Se suma al caso de Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, Leslie Ann en Acapulco y Leobardo Vázquez en Veracruz.
Lo cierto es que la violencia contra los comunicadores no para. En marzo de este año se cumplió un año del asesinato de Miroslava Breach y este mismo 15 de mayo se conmemoraba un año de la ejecución de Javier Validez, periodista de Ríodoce en Culiacán. La impunidad es la cifra de todos estos agravios.
Esto se explica por la complicidad existente entre el narcotráfico y las distintas instancias de gobierno. Según información de Artículo 19 -organización de defensa de los derechos de los periodistas- publicada en El País, de las 1,986 agresiones a reporteros desde 2012 hasta este año el 48% venían directamente de funcionarios públicos.
Con el despliegue desde el gobierno del panista Felipe Calderón de la “guerra contra el narcotráfico”, y la militarización, son las mismas instituciones “democráticas” las que garantizan esta situación de violencia, que tiene a los periodistas críticos de la asociación entre la “casta política” y el crimen organizado uno de sus blancos.
