Crimen de Once: De Vido, las camarillas capitalistas y el latrocinio como política de Estado

Fotografía: DyN

El otrora poderoso ministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio de Vido, enfrenta el juicio oral acusado por supuesta responsabilidad en el crimen social de Once. Los cargos son de “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas”.

En el primer juicio oral, que acabó con la condena de los exfuncionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Claudio Cirigliano, entre otros, quedó planteado que el accidente fue causado, entre otras cosas, por el estado de la infraestructura ferroviaria a raíz de la falta de inversión para el mantenimiento del Sarmiento y el descuido de la seguridad con que las formaciones hacían su recorrido. Según la fiscalía "la imputación que se erige respecto de Julio Miguel de Vido, durante su gestión como ministro de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos, consiste en no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. Así, la inacción del nombrado, en función del rol que desempeñaba, como de las dependencias subordinadas -pese al notorio deterioro de los bienes afectados a la concesión-, posibilitaron las circunstancias precedentemente detalladas". Continúa sosteniendo el ministerio público: "En la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados cuya conservación y custodia les fuera contractualmente confiada, como así también la falta de durabilidad de las inversiones efectuadas por el Estado Nacional para proceder a las reconstrucciones del material rodante solventada con fondos públicos y ejecutada por la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A".

La acusación señala la connivencia entre el grupo Cirigliano y el considerado “cajero” del Gobierno kirchnerista. Algo similar había ocurrido en el año 2004, en las minas de Río Turbio, donde las “relaciones carnales” y los negocios privados entre el Ministerio de Planificación y el empresario Sergio Taselli, fueron el trasfondo del derrumbe de la mina provocando la muerte de 14 obreros.

Obviamente el juicio que tiene como protagonista a De Vido es utilizado por el Gobierno de Cambiemos para mostrarse como enemigos de las mafias y la corrupción política y golpear al kirchnerismo. Mientras tanto sirve también para tapar los negociados propios que tienen al primo presidencial Angelo Calcaterra como uno de los sospechados de ser parte del entramado de corrupción del grupo Odebrecht, al amigo presidencial Nicolas Caputo como beneficiario de la obra pública del Gobierno nacional y ocultar la complicidad de la Justicia que, sin investigar la fuga de capitales y el lavado de dinero, desestima la participación en los “Panamá Papers” de Mauricio Macri Blanco Villegas. Por último, y no menor, sirve para tratar de tapar la desaparición de Santiago Maldonado y el encubrimiento de Gendarmería, ensalzando una supuesta “épica” antimafiosa tan al gusto de la pequeño-burguesía acomodada porteña, que, al decir del escritor Jorge Asís es fanática del honestismo pero concentra la mayor cantidad de tránfugas por metro cuadrado de toda América Latina.

El exministro se victimiza señalando que la causa está teñida de persecución política.

En boca de su abogado, Maximiliano Rusconi, uno de los más costosos de la Argentina, las pruebas contra el exministro no tienen "sostenibilidad fáctica y normativa" y que "estamos en presencia de un juicio que, ya desde la base, lesiona un conjunto de garantías constitucionales pretendiendo una utilización impropia del Derecho penal del Estado de Derecho".

Es más que obvió que el macrismo y los medios afines utilicen la corrupción bajo el paraguas del Ministerio de Planificación, los bolsos voladores de José López y los chanchullos con los constructores para hacerle daño al peronismo. Si lo hace, es porque allí tiene tela para cortar, a no ser que se pongan a luz los negocios turbios de SOCMA y la familia Macri bajo el amparo del exministro.

El kirchnerismo, mientras tanto, se defiende de las acusaciones contra un funcionario tan caro a Néstor y Cristina, señalando la funcionalidad política de las acusaciones por un lado y despegándose del exministro como ha hecho CFK en las entrevistas que ha brindado de cara a las elecciones de octubre, negando, cual Carmelita descalza, cualquier conocimiento sobre los negociados de sus colaboradores íntimos. Poco creíble.

Lo que queda al descubierto es que las camarillas políticas del kirchnerismo, que posan de progresistas y opuestas a la derecha argentina, son digna representación de una casta política capitalista que hace culto del aprovechamiento de los recursos públicos para el financiamiento político y el enriquecimiento personal.

En el caso de las maniobras fraudulentas en las que estaría involucrado De Vido, la desidia capitalista y la corrupción estatal tuvieron como resultado sendos crímenes sociales cuyas víctimas fueron hombres y mujeres del pueblo trabajador, así como en Time Warp, la connivencia de funcionarios macristas y empresarios tuvo como víctimas a los jóvenes asistentes de lo que debía ser una fiesta.

El Frente de Izquierda siempre estuvo al lado de las víctimas del crimen social de Once y de todas las tragedias que involucraron la vida de la juventud y el pueblo trabajador. Siempre denunciamos la corruptela y la connivencia empresarial- estatal y exigimos castigo a los culpables.