En 2007 se despenalizó el aborto en la capital del país, la primera entidad en hacerlo. Desde ese momento al 31 de diciembre de 2020 se registraron 231,901 interrupciones legales de embarazos en las clínicas oficiales de CDMX.
Sábado 10 de julio de 2021
En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, y dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo. El Código Penal Federal, por su parte, contempla el aborto culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales de no punibilidad.
En septiembre de 2019 en Oaxaca se despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, esto sin duda es un avance para las mujeres; sin embargo, a un año de haberlo legalizado aún no se garantiza este derecho.
Se plantea que esta importante reforma no se ha acompañado de reformas a la Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso seguro y gratuito a este derecho, además de que los hospitales no cuentan con lineamientos o protocolos para la debida atención de estos casos, lo que entorpece, e incluso imposibilita el acceso de las mujeres al servicio, orillando a que se sigan practicando en condiciones de riesgo.
Tras la aprobación de la ILE en el estado de Oaxaca, y presionados por un fortalecido movimiento de mujeres en las calles, otros congresos locales discutieron la iniciativa, sin embargo, en todos ellos se frenó la despenalización, e incluso en algunos casos, se reforzaron sus leyes para criminalizar y bloquear el aborto.
Recientemente, en Hidalgo se aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, sin embargo, ya hay distintas declaraciones de la iglesia y la derecha amenazando con echar atrás este derecho ganado.
El ataque a los derechos de las más vulnerables
En la actualidad, hay estados en los que las mujeres que son acusadas por abortar, incluso si sufren de abortos espontáneos, como recientemente pasó en Veracruz.
Por aborto, las mujeres enfrentan juicios sin perspectiva de género, con estereotipos y sin una debida defensa con castigos que van de la cárcel, trabajos comunitarios, violencia médica, estigma social a incluso la muerte.
La criminalización del aborto es la consumación de la idea de que la maternidad es el destino necesario de las mujeres; idea que continúa impregnada no solo en la cultura, sino en todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos.
En general, la regulación del aborto en México es restrictiva. La única causal legal que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención).
La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad en relación con el aborto. Tan solo tres no consideran este tipo de penas: Chiapas, Michoacán y Veracruz.
La criminalización del aborto afecta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este hecho, sino a todas aquellas que, por diferentes razones, tienen embarazos no deseados, en especial a las más pobres, pues aunque los embarazos no deseados no tienen diferencia social, sí la tienen los abortos.
Las mujeres con menos recursos son las que tienen menos acceso a educación sexual y a los anticonceptivos, no pueden acceder a clínicas privadas y esto las lleva a practicar abortos clandestinos en condiciones inhumanas poniendo en riesgo su vida.
Criminalizar el aborto por tanto, es criminalizar la pobreza y atentar contra los derechos humanos, son las mujeres con condiciones más precarias las que deben enfrentarse al riesgo de llevar a cabo abortos clandestinos, o viajar en condiciones muy complejas a los estados en los que se puede practicar el ILE, o continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, 52.1% de las mujeres privadas de libertad encuestadas reportaron que el agente del ministerio público que las interrogó no se identificó como autoridad; 38.2% que no le dijeron de qué la acusaban y 52.9%, que policías o autoridades la presionaron para dar otra versión de los hechos.
Asimismo, de las mujeres por aborto, privadas de la libertad encuestadas 71.2% reportó que no le permitieron contactar con algún conocido o familiar tras ser consignada a un ministerio público y 39.8%, que no fue evaluada, aun cuando muchas de ellas son interrogadas en hospitales y puestas a disposición del ministerio público inmediatamente después de una emergencia obstétrica, priorizando el proceso penal sobre su salud.
En nuestro país, hay al menos 623 procesos judiciales por año, es decir, casi dos procesos diarios, y en 2016 se contaron por 700 los casos de las mujeres que están en la cárcel acusadas de "homicidio". "Aunque en realidad se interrumpió el embarazo", le dice a BBC Mundo Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres. Así algunas mujeres, por este hecho reciben penas mucho más largas por ser juzgadas por homicidio en razón de parentesco, y no por aborto.
Por esto, para que no haya ninguna mujer presa por abortar, y por nuestro derecho a decidir, necesitamos un sistema de educación sexual integral para todas y todos, sensibilizar a las y los prestadores de servicios de salud, a la población en general, métodos anticonceptivos de calidad y gratuitos para no abortar, y llevar a un plano real, que el aborto legal, seguro y gratuito está pasando, existe desde los comienzos de la vida, y no va a dejar de ser porque sectores conservadores lo criminalicen y nieguen.
¡Salgamos a exigir y arrancar en las calles nuestros derechos y pelear por la liberación de todas aquellas que siguen tras las rejas gracias a un sistema obsoleto y conservador!