El 22 de mayo trascendió la noticia que la Unidad Fiscal para la Emergencia Sanitaria, imputó a Lucas Figueroa, médico del geriátrico de la localidad de Saldan donde se dio uno de los primeros brotes de COVID-19 en la provincia.
Domingo 24 de mayo de 2020 12:58
Recordemos que ya en abril, cuando se dio a conocer el brote en el geriátrico Santa Lucía la provincia, junto a la intendencia de Saldan, buscaron rápidamente descargar culpas sobre el médico, intentando ocultar así la responsabilidad del Estado por la falta de insumos, de testeo al personal y de décadas de vaciamiento y fragmentación del sistema sanitario de la provincia donde el funcionamiento de los geriátricos y los negociados de PAMI merecen un párrafo aparte.
En aquel entonces, el propio médico Lucas Figueroa redactó una carta pública en la que denunciaba las condiciones de trabajo y la falta de protocolos ante la pandemia donde entre otras cosas mencionaba: “en el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”.
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Lamentablemente, las condiciones que se relataban en dicha carta no eran la excepción, si no la norma en muchos nosocomios de la provincia. Algo que una y otra vez el personal de salud ha denunciado. Pero, lamentablemente no hay nada de novedoso en el accionar del PJ que además de ser responsable absoluto de más de 20 años de desguace del sistema sanitario, rápidamente echa mano a la Justicia cómplice que ni lerda ni perezosa (para estas cosas) acusó a Lucas Figueroa del delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” que tiene penas de hasta 15 años de prisión”.
¿Cuál sería el objetivo si no de crear una Unidad Fiscal para la Emergencia Sanitaria que según el COE de Schiaretti y sus secuaces, tendría por fin “atender las causas judiciales que se relacionen con la epidemia de COVID- 19? Recordemos que hasta el momento, dicha unidad no ha hecho otra cosa que anunciar día a día los miles de detenciones por “violar la cuarentena” y perseguir a los trabajadores que se organizan por sus derechos en un contexto de creciente crisis económica donde miles han perdido sus fuentes de trabajo.
¿Y las responsabilidades del Estado y PAMI? Recordemos que son harto conocidos los negocios que se realizan entre las empresas de salud y PAMI, que lejos están de priorizar la salud de los adultos mayores, y la población en general. Sin ir más lejos, el Hospital Italiano que fue foco del otro gran brote de la ciudad es el mayor prestador de PAMI. Allí también fue el propio personal el que denunció la falta de insumos y elementos de protección personal para trabajar con pacientes no sospechados de COVID como guantes, o peor aún para protegerse teniendo en cuenta que muchos de los casos de Saldan habían sido trasladados a dicho nosocomio.
Cabe mencionar como notas de color que por un lado horas antes de que se conociera la imputación las autoridades de PAMI junto al PJ habían llegado a un acuerdo: en Saldan la falla estuvo en los protocolos y ello fue “una alarma de aprendizaje”. Un poco tarde se pusieron la alarma parece. Y por el otro, para enturbiar más las cosas, que el dueño del geriátrico es el padre de un vocal del tribunal superior de justicia.
Y así, nuevamente el PJ busca criminalizar al personal de salud. Un hecho de suma gravedad, que tiene nefastos antecedentes en la provincia. Vale recordar el caso de la enfermera del Hospital Rawson María Inés Palacios que cumplió condena acusada de un delito que no cometió para luego fue absuelta. O en 2014 cuando el PJ recurrió a criminalizar la protesta, con imputaciones al personal del Hospital Misericordia y del Hospital de Niños, que no hace falta decir que protestaban por la ya entonces crítica situación del sistema de salud.
En momentos en los que una vez más se busca descargar la crisis sobre las y los trabajadores, el gobierno y la justicia dejan en claro que harán uso de su ya clásico modus operandi. También a los choferes de UTA que llevan más de 15 días de protestas los han amenazado con imputaciones. Así, se vuelve necesario no solo repudiar este accionar, sino también oponer a este ajuste la mayor fuerza organizada de la clase trabajadora, la única capaz de torcerle el brazo al gobierno y los empresarios.
Es fundamental también que los sindicatos se pongan a la cabeza, no solo repudiando este accionar, sino encabezando un verdadero plan de lucha para que en tiempos de pandemia, no seamos nosotros los que nuevamente paguemos con nuestras vidas. Un plan de lucha que además incorpore a los usuarios del sistema sanitario, que han dado sobradas muestras de apoyo con los aplausos diarios reconociendo la tarea de la primera línea.
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