En el día de ayer familiares de detenidos, ex detenidos y organismos de derechos humanos se hicieron presentes en el Senado contra la reaccionaria ley que impulsa Cambiemos.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Jueves 20 de abril de 2017
Familiares de detenidos, ex detenidos, novias, amigas, organismos de derechos humanos se hicieron presentes en el Senado de la Nación, para demostrar su rechazo contra la nefasta y reaccionaria ley que impulsa el diputado mendocino de Cambiemos Luis Petri.
Mientras daban vueltas a la manzana, iban escuchando por megáfonolas distintas unidades penitenciarias que se van sumando a la huelga de hambre. Hasta el momento son: Complejo IV de Mujeres de Ezeiza, Unidad 31, Unidad 9, Olmos, Batan, Devoto, Unidad 31 de Florencio Varela, Mercedes, Coronda, Magdalena en sus unidades 51 y 53, la Unidad 7 de Chaco y Marcos Paz.
Todo parece indicar que no van a ser las únicas unidades penitenciarias que se sumen a la huelga de hambre y a las “batucadas”. El descontento aumenta y seguramente en las próximas horas habrá novedades de nuevas cárceles que se sumen a la protesta.
En este marco, fuentes de las personas privadas de su libertad informan que “hay alto riesgos de posibles olas de motines en distintos penales del país en caso de que esta problemática no se solucione en breve”
Las calles andan diciendo
Beatriz, familiar de detenidos contó a La Izquierda Diario el porqué le dice no a la reforma de la ley 24.660
“Esta ley si se lleva acabo sería un desastre, implica coartar los derechos del detenido en situación de encierro. De hecho ya la están aplicando, estamos con pibes pasados de fecha con la libertad condicional, de libertad asistida y esos beneficios ya lo están negando”, aseguró.
Además agregó: “Pienso de lo más profundo, siendo mamá que esta ley no se tiene que aprobar por que va a ser mucho peor el encierro, ¿para qué mas mano dura si no hay una guía para que ellos puedan convivir en esta sociedad? Van a salir peores, de hecho ya están mal, con esta ley van a salir mucho peor”
Beatriz explicó: “Los privados de su libertad sufren una doble condena, supongamos que a una persona le dan 10 años de prisión, salen en libertad y siguen pagando 10 años más en la calle porque si tienen antecedentes en las fabricas no los toman, trabajan una semana y los echan por los antecedentes.”
“Eso tendrían que modificar, darles un trabajo a estos pibes que salen con una mano atrás y otra adelante. Si hay reincidentes es porque el Estado no les dio una segunda oportunidad”, sentenció.
En su relato acompaña la situación que se vive en las cárceles: “La convivencia dentro de las unidades penitenciarias es terrible, hay chicos durmiendo en duchas, en baños, en una celda de 5x4 hay conviviendo 8 personas, hay gente detenida en las comisarías que son un desastre, hay cloacas tapadas, cucarachas, ratas, están sin alimento. El alimento que le dan es todo podrido, es lo más bajo que puede haber, los fideos son negros, harina con tierra le están dando. No es la forma de reinsertar a la sociedad a personas que están privadas de su libertad.”
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Estoy en esta lucha por que a partir de la muerte de mi hija
Alfredo Cuellar, padre de Florencia Cristina Cuellar, una de las últimas mujeres asesinadas en el sistema penitenciario en el año 2012, relata: “A mi hija la mataron, por eso vamos a seguir con la lucha para que esta muerte no quede impune, vamos a seguir hasta las últimas instancias. Estoy en esta lucha por que a partir de la muerte de mi hija no quiero que sucedan más muertes dentro de las cárceles.”
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Además, reflexiona que “hay que entender que dentro de las cárceles, todos los privados de su libertad van a cumplir una condena, no van a ser sometidos hasta que terminen con su vida, eso es uno de los puntos fundamentales de los cuales me baso para continuar con esta lucha”.
Cuellar manifiesta que “estamos en el Congreso para intentar que la Ley 24.660 no sea sancionada, porque esta modificación seria sepultar en vida a las personas privadas de su libertad” y explica que “la ley 24.660 hay mucha gente que no la entiende por qué no tiene conocimiento y de los medios masivos de comunicación y muchísima gente que tiene poder dan la idea que de que todos los privados de su libertad tienen que pudrirse en la cárcel. Nosotros estamos acá para no permitir eso, porque los que recorremos la cárcel, sabemos cómo funcionan, sabemos que las unidades penitenciarias son un centro de extermino, de tortura. Vivimos en un estado democrático, pero dentro de las cárceles la represión sigue intacta cayendo con todo su peso en los más vulnerables que son nuestros seres queridos.”
Para terminar asegura: “Nos hicimos presentes, familiares, amigos, maestros que dan clases dentro de las unidades penitenciarias, organismos de derechos humanos para repudiar esta reforma, porque para nosotros esta ley no tiene sentido porque teniendo en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, las cárceles tienen que ser sanas, tienen que ser limpias y el Estado debe garantizar el derecho al trabajo. Pero con esta ley se va a terminar con todos esos derechos.”
Mi hijo no mató
Fabiola Aguirre es mama de Diego Chávez, víctima de una causa armada. Diego esta detenido en el penal de Magdalena, hace un año y cinco meses que lo acusan del asesinato del oficial de la Policía José Manuel Fernández ocurrido en el barrio La Perlita.
Un oficial de la Policía de apellido Zárate lo tuvo durante un día diciéndole que se tenía que autoculpabilizar del asesinato de Fernández.
Fabiola cuenta: “La viuda del policía asesinado describe a una persona de 1,70, barba candado tupida y de piel morocha. Diego mide 1,65, es lampiño y de tez blanca”.
Además, expone: “Un año después uno de los prófugos de la causa del mismo barrio que mi hijo, que había sido uno de los que había cometido el delito, ofreció entregarse a cambio de que liberen a Diego demostrando su inocencia. La única relación que tenía mi hijo con esta persona es porque una vez cayeron juntos por averiguación de antecedentes. A él lo detuvieron pero a mi hijo no lo liberaron”
Con indignación agrega: “La Policía de General Rodríguez, quienes son los que detienen a Diego, reconocen que necesitaban a un ‘perejil’ porque eran momentos de elecciones y Diego les venía como anillo al dedo.”
Fabiola cuenta que “esta causa la tomó el que era en su momento el secretario de Fiscalía Walter Velázquez, entre tantas entrevistas me dice muy descaradamente que a Diego no lo favorecía ni la junta que tenía, ni los tatuajes en el cuerpo, para él un pibe con un tatuaje es un motivo para que ese chico cometa delitos. Con todo lo que estoy viviendo, para mí, un delincuente también usa traje, corbata y portafolios caros. A un pibe con visera no lo hace delincuente. Mi hijo era un trabajador, durante cuatro años y medio estuvo trabajando en negro en una fábrica de velas en Paso del Rey”.
Manifiesta también que “por estos motivos estoy luchando contra la reforma de la ley 24.660, por que quisiera que cada uno pensara que no todos los pibes son iguales, no todos están exentos a que la Policía les arme una causa, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Mi hijo no es un cura pedófilo, no es un cura abusador, es un pibe sano de una familia de trabajadores, mi hijo no mató”.
Para terminar afirma: “El crimen aberrante de Micaela al cual repudio le vino al pelo al poder político porque estamos en año de elecciones y la justicia no está siendo seria para nada”.
La culpa es del Estado
Los ánimos están cada vez mas caldeados, las personas privadas de su libertad se sienten bastardeadas por un sistema que a los ladrones de gallina los encarcela, les arma causas o les da prisión preventiva pero a los ladrones de guantes blancos siguen en sus despachos.
La responsabilidad de lo que pueda pasar durante los próximos días es enteramente del Gobierno Nacional que constantemente desoyó la mesa de diálogo que funcionó durante meses y a los organismos de derechos humanos que con fundamentos empíricos demostraron porque esta ley es inconstitucional.
Los senadores que voten a favor de esta ley van a tener las manos manchadas de sangre de ladrones de gallinas y “engarronados”.
