CAMPAÑA PUNITIVA. Crisis carcelaria: entre la demagogia derechista y las responsabilidades políticas

En la última semana el Estado asesinó a dos presos en Corrientes y Florencio Varela y a dos detenidas, una en una comisaría de San Luis y otra en Lomas de Zamora. Mientras eso sucede ante las narices de todo el mundo, políticos de derecha (opositores y oficialistas) y sus socios mediáticos desvían el tema y lo llevan a un callejón reaccionario.

No fue hasta que los presos y las presas levantaron la voz y elevaron sus reclamos enérgicamente para que tomarán nota de la gravedad de la entrada del Covid-19 en las cárceles. Todos se hacían los distraídos mientras la situación empeoraba.

La demagogia punitiva no ahorra mentiras y falsos sentidos comunes ocultando la realidad intramuros. Que van a salir todos los violadores y asesinos, que quieren hacer una amnistía generalizada, que la pandemia es un peligro, pero más peligroso es que salgan los delincuentes. Distintas tipos de frases como estas, tiradas a la tribuna con el único objetivo de apretar más las clavijas del punitivismo, la mano dura y la criminalización de la pobreza, mientras se obtura impedir un debate a fondo sobre cómo se llegó a esta situación, donde la vida de las personas privadas de su libertad no vale nada. Todo esto en un contexto de crisis social y sanitaria, con un aumento geometrico de despidos y suspensiones y rebajas salariales acordadas por las patronales y las burocracias sindicales.

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La operación política y mediática gira alrededor de una falacia, que es que se está a las puertas de liberar violadores y asesinos. Sin embargo, la acordada 9/20 de la Cámara de Casación Penal habla de otorgamiento de excarcelaciones a quienes no tengan condena firme por casos de delitos menores, basándose en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordemos, porque es necesario hablar con la verdad, que el 57% de los presos y presas alojados en las cárceles federales de todo el país no tiene sentencia firme, y que la enorme mayoría (10451 personas de las 13358 alojadas en esos penales) se encuentra encerrada por delitos menores como robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas e infracción a la ley de drogas (narcomenudeo).

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No se escuchó una palabra proveniente de ese sector encabezado por Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, Sergio Berni y su tocayo Massa sobre, por ejemplo, los genocidas que sí están siendo liberados, que sí gozan de todos los privilegios y dentro de los penales están en pabellones VIP.

Los responsables y ejecutores de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica no serían un peligro para la sociedad. ¿A alguno de estos apologistas del punitivismo se le ocurrió hablar con los sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos para conocer su opinión? Lo dudamos. Este miércoles, por ejemplo, se supo que a Carlos Capdevilla, exmédico y partero de la ESMA, condenado por apropiación de menores, torturas y vejaciones entre otros delitos de lesa humanidad, acaban de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria por considerar que es un preso de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus. El genocida se encontraba detenido en la Unidad 31 de Ezeiza, y el pedido había sido rechazado por el fiscal Leonardo Filippini, pero el juez Obligado resolvió lo contrario.

A los responsables de delitos de lesa humanidad (delitos contra la humanidad que no cesan, es decir continúan en el tiempo) no les cabe ningún beneficio que morigere o atenúe la condena o que desvirtúe la sentencia. Toda excarcelación, prisión domiciliaria o similar solo es impunidad, y así lo señalan todos los organismos de derechos humanos y estándares internacionales. Para los que violaron sistemáticamente todos los derechos humanos el único lugar es la cárcel.

Para muchos de los que hoy agitan el fantasma de la liberación de femicidas y violadores, es la primera vez que hablan del tema, no se los vio nunca tomando parte de la campaña #NiUnaMenos, ni repudiando la cantidad de femicidios y violencia machista durante la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia.

Por eso decimos que el uso de un lógico temor de las víctimas y de sus familiares, de delitos brutales como violaciones, abuso de menores, homicidios y otros crímenes brutales, es totalmente cínica y utilitaria para justificar una campaña reaccionaria que aumente las penurias dentro de las cárceles del país.

Progresismo de balcón

La coalición gobernante vuelve a mostrar tironeos, y dentro de ella la voz cantante la tiene el ala más reaccionaria.

Tanto el propio presidente Alberto Fernández y el progresismo oficialista se dedican a lo sumo a insistir, en… ¡un hilo de Twitter! a los jueces de Ejecución penal el cumplimiento de la acordada de Casación y apelan a las sugerencias de la Comisión Interamericana.

La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020

El gobernador bonaerense se fue a la zaga y, también en Twitter.

Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para “liberar masivamente presos”. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 29, 2020

Ambos insisten en tirarle la pelota a los jueces de tribunales inferiores, que actúan, dicho sea de paso, en común con los Servicios Penitenciarios de Nación y las provincias, que son quienes hacen los informes que permitirían, a su gusto, la excarcelación o no de aquellos que estén en condiciones de acceder a ese derecho. Servicios Penitenciarios que responden al poder político a través de los ministerios de Justicia. Ni el presidente ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires se aproximan siquiera a decisiones que han tomado, en base a lo que recomienda la CIDH y la ONU, los gobiernos nada progresistas de países como Estados Unidos, Brasil, Chile, además de México, Italia entre otros.

También dentro del Ejecutivo, nacional y provincial, los ministros de Justicia permanecieron en silencio. Julio Alak, recién este martes se refirió al tema y solo lo hizo para desmentir que fuera cierto que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. En tanto su colega nacional, Marcela Losardo permanece en silencio cómplice mientras la crisis se agiganta.

Sumemos a esto que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, criticado por haberse pronunciado a favor de la excarcelación de Ricardo Jaime, no dijo una palabra sobre los presos sin condena que cumplen años de prisión por un delito menor en cárceles hacinadas y mugrientas. Silencio conciliador con la derecha, del que hace gala también su par bonaerense, Matías Moreno.

La situación en la que se encuentran los penales no cayó del cielo cuando la pandemia entró a los lugares de encierro. La crisis sanitaria y la proliferación de enfermedades graves, el hacinamiento, la falta de comida, entre otros tratos inhumanos, tiene larguísima data. En diciembre del año pasado los reclusos de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires tuvieron que llevar a cabo huelgas de hambre porque les estaban dando comida podrida, además denunciaron el hacinamiento.

Pero ¿de qué es de lo que nadie habla? Hay también una operación para eludir todo tipo de responsabilidad política. Las últimas leyes que se votaron para aumentar la penas y limitar las excarcelaciones por delitos menores. La llamada ley Blumberg sancionada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner; y la 27.375, que reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, sancionada en junio de 2017 durante el gobierno de Macri (impulsada por Massa y Luis Petri de la UCR).

Durante el primer tratamiento de esta última, el Frente de Izquierda se manifestó enérgicamente en contra. Así lo expresó Myriam Bregman en la sesión en Diputados el 23 de noviembre de 2016.

Las dos leyes tuvieron por objetivo el aumento de las penas y poner límites a las excarcelaciones y otorgarle más poder de decisión al Servicio Penitenciario, donde se invierte la lógica de presunción de inocencia ante la justicia, y comparten el espíritu reaccionario, represivo y xenófobo y de un gran carácter clasista.

Así, además de cercenar principios constitucionales, se produjo la llamada “inflación carcelaria”, cada vez más personas detenidas por delitos menores deben permanecer en el encierro mientras dure (años) el proceso.

Pero vayamos al centro de este debate: ambas leyes fueron votadas no sólo por los diputados y senadores de los partidos alineados a la derecha, sino también por el Frente para la Victoria hoy Frente de Todos. Solo ocho diputados votaron en contra en 2017, pertenecientes al Frente de Izquierda y Movimiento Evita entre otros.

Conclusión evidente: los sectores que se dicen progresistas son cómplices de la derecha y responsables de haber llegado a esta situación, por eso es coherente que ahora se dediquen, o al silencio liso y llano, o a tuitear declaraciones de intenciones ubicándose desde el balcón frente a una situación gravísima que amenaza con consecuencias fatales.

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