Se dio a conocer un nuevo escándalo de venta de armas, “Míster Granada”. Fue gestionado desde EE.UU. y las armas terminaron en manos de distintos cárteles. Se suma a las generosas “ayudas” económicas a los gobiernos mexicanos a través de planes como la “Iniciativa Mérida”.
Miércoles 19 de noviembre de 2014
Fotografía: Flickr, Jesús Villaseca Pérez
Todo empezó en 2008. Fue otra operación “encubierta”: dejar pasar armas a México para rastrearlas y aprehender a los traficantes. Jean Baptiste Kingery, apodado “Míster Granada” vendió fusiles, dispositivos para armar granadas y asesoró a narcotraficantes. Todo un especialista.
La revista Proceso, en el artículo “‘Míster Granada’, otro Rápido y Furioso” del núm.1985, fechado el 16 de noviembre relata en detalle los hechos.
Había pruebas para detener a Kingery, por tráfico de armas y vínculos con los cárteles de droga de México, pero uno de los fiscales de la operación Rápido y Furioso, llamado Hurley decidió no acusarlo. La Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), estadounidense, estuvo de acuerdo.
Irene García, investigadora de la fundación Judicial Watch, en el mismo artículo sostiene que Barak Obama “ha ido más allá de lo normal para ocultar los documentos. Puede haber más información que la revelada. Puede ser que haya más operaciones”.
¿Cómo, colusión entre traficantes de armas y el gobierno estadounidense? Suena familiar: trata de personas, tráfico de armas, de drogas, de órganos, son los negocios de moda del capitalismo decadente, que les reditúan ganancias inimaginables.
Los capos de los cárteles no sólo son grandes amigos de la clase política y sus fuerzas represivas en México, evidentemente. Esta tradición también se da al norte de la frontera.
Con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el asesinato de 6 personas, entre ellas 3 estudiantes en Iguala, quedaron en evidencia los estrechos vínculos entre el narco y los funcionarios de gobierno, y cómo utilizan a los sicarios de los cárteles como fuerza de choque contra quienes protestan.
Vuelve a la memoria el siniestro papel de la mafia en Estados Unidos: por dar un ejemplo, la fuerza de choque de 3.000 pistoleros que mantuvo hasta 1940 la fábrica Ford para impedir que sus trabajadores se organizaran en sindicatos.
Estados Unidos financia la criminalización de la protesta social
Entre 2008 y 2014, la asistencia económica que dio Estados Unidos a México ascendió a 3 mil millones de dólares, que se aplicaron a programas dentro y fuera de la Iniciativa Mérida, un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos supuestamente para “combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.
La Iniciativa Mérida sirvió…para militarizar el país, reprimir a los migrantes que transitan por territorio mexicano, y mantener sofocado el descontento social que ahora se expresa en las calles desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según se informa en el artículo “Preocupan a EU resultado de la ayuda a México”, Estados Unidos capacitó a 15.310 funcionarios y oficiales de México entre 2008 y 2013.
Cabe preguntarse si habrá capacitado a los oficiales que intervinieron en la masacre de Tlatlaya (20 jóvenes ejecutados), o a Felipe Flores, el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, aun prófugo.
Existen antecedentes turbios: durante la Guerra Sucia en México, las actividades represivas del ejército mexicano –desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, vuelos de la muerte– fueron monitoreadas por una oficina de la CIA en la capital del país.
Los fondos de la Iniciativa Mérida fueron administrados por Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón para financiar la “guerra contra el narco”. La “guerra” –sobre la que no hay datos oficiales certeros- que costó al pueblo mexicano decenas de miles de muertos y desaparecidos.
Luego del llamado a “mantener la calma” de la portavoz del departamento de Estado del gobierno estadounidense, Barak Obama ha solicitado 115 millones de dólares destinados a los programas de la Iniciativa Mérida para el año fiscal 2015.
¿Hacia quiénes volverán sus armas los militares mexicanos? ¿Hacia los socios narcos del PRI-PAN-PRD o hacia las multitudes movilizadas? El retorno a la situación previa a la crisis abierta por los hechos de Ayotzinapa exige al gobierno y sus partidos lo segundo. Como amenazó el propio Peña Nieto, cuestionado también por su viaje a China y su “Casa Blanca”, “El Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza”.
El alto inmediato a la injerencia estadounidense en México, el fin de la Iniciativa Mérida y de la militarización del país son, por lo tanto, de fundamental interés para el desarrollo de las movilizaciones por los estudiantes desaparecidos que responsabilizan al gobierno de México por esos hechos y denuncian la colusión de la clase política con los cárteles del narcotráfico.
