Una investigación judicial por noticias falsas (fake news) en contra de los miembros de la Corte Suprema terminó en el allanamiento de empresarios, políticos y periodistas aliados de Bolsonaro. Se profundiza la crisis política y la grieta entre el Poder Judicial y el Gobierno.
Jueves 28 de mayo de 2020 15:32
La Corte Suprema de Brasil fue una pieza clave en el ascenso y triunfo del ultraderechista Bolsonaro a la presidencia del país. Sin embargo, hace meses que las relaciones entre la casta judicial y el Gobierno, con el apoyo de los militares, se deterioran de manera acelerada.
Hace tan solo una semana el presidente de la corte permitió la difusión de un video de una reunión ministerial, que se convirtió en un escándalo. Este miércoles, Brasil amaneció con la noticia del allanamiento de al menos 29 viviendas pertenecientes a aliados de Bolsonaro entre los que se encuentran empresarios, políticos, blogueros y hasta el ministro de Educación.
El presidente ultraderechista salió en defensa de sus aliados ante los allanamientos de la Policía Federal, en el marco de una investigación sobre amenazas y diseminación de noticias falsas contra la Corte Suprema: "Ver ciudadanos de bien tener sus hogares invadidos, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, es una señal de que algo muy grave está sucediendo con nuestra democracia", comentó Bolsonaro en su perfil de Twitter.
La Policía Federal salió a primera hora de la mañana a las calles para cumplir 29 órdenes de allanamiento en 6 de los 27 estados brasileños tras una autorización del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Ante este escenario, Bolsonaro redobló la apuesta en su enfrentamiento con la Corte Suprema y escribió en Twitter: "Estamos trabajando para que se haga valer el derecho a la libre expresión en nuestro país. ¡Ninguna violación de ese principio debe ser aceptada pasivamente!".
La operación forma parte de la investigación abierta en 2019 para indagar las amenazas, ofensas y noticias falsas vertidas contra magistrados de la Corte Suprema, que en las últimas semanas ha sido objeto constante de duras críticas por parte de seguidores de Bolsonaro.
La Policía realizó búsquedas en direcciones vinculadas, entre otros, al empresario Luciano Hang, dueño de la red comercial Havan; al diputado regional de Sao Paulo Douglas Garcia; al bloguero Allan dos Santos; al veterano político Roberto Jefferson y a la activista Sara Winter, aliados y seguidores del presidente brasileño.
En el marco de dicha operación, De Moraes, uno de los once magistrados de la corte, ordenó el martes que la Policía Federal tomar declaración al ministro de Educación, Abraham Weintraub, a fin de que explique unas duras ofensas proferidas contra ese tribunal.
En la reunión de gabinete que hizo pública el presidente de la Corte Suprema la semana pasada, Weintraub aparecía diciendo "Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF", usando las siglas en portugués con que se conoce a la máxima corte.
Bolsonaro volvió a responder a este pedido de declaración presentando por medio de su ministro de Justicia, André Mendonça, un pedido de hábeas corpus a favor de Weintraub, para evitar que este tenga que prestar declaración.
Según André Mendonça, el objetivo del hábeas corpus es "garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos". La solicitud busca evitar el arresto de Weintraub u otra medida de precaución si se niega a cumplir con la determinación del STF de presentar pruebas.
Peleas en las alturas y crisis política
La causa abierta por la Corte Suprema el año pasado para investigar las noticias falsas, y en la que ahora incluyen a Weintraub por las declaraciones en la reunión de gabinete, muestra las arbitrariedades del Poder Judicial en la puja política que mantiene con Bolsonaro y también sobre la posición que había conquistado durante los últimos años sobre la política nacional. La forma en la que se agrega al ministro de Educación a la causa demuestra que es posible insertar cualquier acusación de acuerdo con la voluntad de los ministros del poder judicial, de una manera muy autoritaria y arbitraria.
Esta investigación es parte de la intensificación de las disputas entre el STF y el bolsonarismo y los militares. El STF ha aplicado estas medidas coercitivas para contener el bolsonarismo y volver a tomar el lugar de árbitro en el régimen, como lo hizo desde el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, un lugar que luego fue ocupado por los militares, especialmente el general Braga Netto, a cargo de la Oficina de Crisis, casi una presidencia paralela en este momento.
Desde 2018, la familia Bolsonaro y sus aliados, como el dueño de Havan y otros, han sido acusados de difundir noticias falsas para fortalecer su posición y sus propios intereses, incluido el uso de robots y trolls en las redes sociales para difundir mensajes a favor del ahora presidente.
Esta disputa sobre quién dictará las reglas del juego es una muestra de las medidas coercitivas y autoritarias que están dispuestos a tomar tanto el bonapartismo judicial como los militares y Bolsonaro.
