Analizamos los hechos de violencia y la vorágine acelerada de descomposición estatal, que mantienen a Ecuador en medio de una crisis social y política sin precedentes a pocos días de cumplirse dos meses de presidencia de Daniel Noboa.
Domingo 14 de enero 11:16
Los militares tomaron el control de las calles en Ecuador, portan armas largas y realizan revisiones aleatorias en los barrios y el transporte, por las noches los controles son más duros, han llegado a desnudar a algunas personas afuera de sus casas y aquellas en situación de calle.
En pocos días los hechos tomaron un curso vertiginoso, el domingo 7 de enero escapó del penal regional de Guayaquil Adolfo Macías, "Fito", líder de la organización criminal más grande del país, Los Choneros, quien cumplía 13 años de los 34 dictados como condena por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada y que sería trasladado ese mismo día a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Entonces, Daniel Noboa decretó el Estado de excepción por 60 días con toque de queda de seis horas por las noches y mando total de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener operaciones donde lo determinen.
Pero en pleno estado de excepción otro importante líder del grupo criminal Los Lobos se fugó de la prisión de Riobamba con 39 presos más, Fabricio Colón Pico, quien fue detenido días antes por presunto secuestro. Luego respondieron grupos delincuenciales con explosiones, secuestros policiales y atentados, principalmente en la ciudad de Guayaquil, grupos armados intentaron intervenir en la Universidad de Guayaquil, en el hospital público Teodoro Maldonado y ocuparon el canal TC Televisión, tomando como rehenes a algunos de sus trabajadores durante una transmisión en vivo.
Noboa lanzó un nuevo decreto por “conflicto armado interno”, ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares con claros métodos de guerra civil y clasificando a 22 grupos del crimen organizado como terroristas y actores beligerantes no estatales que deben ser neutralizados.
Ante la sucesión de hechos, se han eliminado las garantías democráticas y derechos humanos de la población, abriendo paso a una política punitiva y de violencia estatal donde cualquier persona puede ser sospechosa. Las condiciones de “excepción” prácticamente sin límites en manos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el gobierno, constituyen un giro autoritario y de militarización del gobierno, buscando minimizar el hecho evidente de que no se puede evadir la seguridad de un penal sin la complicidad de actores políticos en distintos niveles del poder estatal, incluso más allá del sistema penitenciario, policial y judicial.
Bandas del crimen organizado como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas a organizaciones del narcotráfico mexicano como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otras, constituyen negocios millonarios que rebasan fronteras y ganan poder profundizando la crisis del régimen burgués ecuatoriano, por la descomposición estatal que generan, como ha ocurrido en México y Colombia.
Ecuador enfrenta una crisis penitenciaria en ascenso los últimos años, que derivó estos días en la fuga de 48 personas privadas de la libertad y la toma de más de 100 rehenes entre empleados y funcionarios carcelarios de al menos siete prisiones. A ésto responde la estrategia del gobierno para enfrentar la violencia, que incluye un plan de construcción de nuevos penales.
El problema de fondo que no se toca
El desarrollo del crimen organizado no ocurre en ningún país sin vínculos con el Estado, pues mucho dinero hay de por medio, los nexos entre criminales y el aparato estatal muestran cómo el capitalismo y sus mecanismos de poder están para beneficiar intereses de los de arriba. Instituciones policiales y del Ejército, órganos judiciales y otros, se ven involucrados directa e indirectamente muchas veces por su participación en el respaldo y expansión de estas redes criminales corrompiendo al Estado.
La invención de “guerra” contra las drogas de Noboa es una estrategia fallida bien conocida en países como México, llamó el 11 de enero a la unidad en las bancadas en la Asamblea Nacional para tomar medidas económicas duras y enfrentar los gastos que tendrá el Estado por la "guerra contra el narcotráfico", enviando a aprobación su propuesta de Ley Económica con un aumento del 12% al 15% de IVA, entre otras medidas qué deberán resolver en 30 días. Es la consecuencia inmediata de su estrategia que acaba ajustando a la clase trabajadora bajo anuncios de "guerra", a costa del pueblo, sin ningún impuesto a los grandes grupos económicos, sectores financieros y empresariales.
Descargar los costos de la crisis de seguridad y económica en la clase trabajadora, más la militarización, da continuidad a las políticas de sus predecesores. La represión social como herramienta de control, la criminalización de la pobreza, la persecución selectiva a quienes se ubican entre las mayorías populares y el pueblo pobre, exponen el verdadero rostro de la política de un presidente que llegó cuestionado a las elecciones.
Pretender contener la degradación estatal dando poder al Ejército y declarando una guerra interna, es una estrategia conocida hace décadas en países como México con la llamada "guerra contra el narco" de la presidencia de Felipe Calderón o en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe o en Estados Unidos, donde el supuesto combate a las drogas en realidad endurece las políticas antiinmigrantes fronterizas y de criminalización. Enfrentamientos armados, autoritarismo gubernamental, pérdida de garantías y terror a la población, es la fórmula directa al fracaso qué trajo a México más de 400.000 asesinatos y más de 100.000 personas desaparecidas de 2006 a la fecha, según cifras oficiales. En estos ejemplos, la violencia de Estado ha prevalecido principalmente en la población, principalmente en los más pobres, la juventud y las personas migrantes.
Con la polarización en aumento como política de gobierno y el temor gestado entre la población, se busca la aceptación de la represión estatal, mientras hay consenso en las alturas con la violación de derechos fundamentales y el fortalecimiento del control social en un marco de regresión conservadora. Esto incluye al correísmo agrupado en el movimiento Revolución Ciudadana y al resto de la clase política.
Las consecuencias de estas decisiones en el país son palpables donde se gesta la liberalización del comercio de armas, que favorece las operaciones de bandas criminales con conexiones estatales. A su vez, la militarización busca inhibir todo el descontento social.
Emulando modelos de violación de garantías individuales, democráticas y de derechos humanos, como el de Nayib Bukele, es una reivindicación del terrorismo de Estado como forma de gobierno en contra de la población. Así, Noboa se posiciona como un bonapartista reaccionario, acorde con gobernantes latinoamericanos como Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina.
Estados Unidos aprovecha la situación para escalar con su presencia en Ecuador, Biden anunció que enviará al país a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richarson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos. Con “ayuda” militar y de seguridad siguen acuerdos que van más allá de la asesoría estratégica, pues se abre la posibilidad del desembarco de tropas y hasta el retorno de bases militares. Sabemos que con el argumento de la guerra al narcotráfico, buscan redoblar el control estratégico en la región, como también ha ocurrido en México y Colombia.
La verdadera causa de la crisis y el control militar
La profunda crisis económica y social en curso, proviene de las severas medidas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mantenimiento de la dolarización, que se profundizaron de la mano del expresidente Guillermo Lasso, pero que había anticipado el gobierno de Lenin Moreno que dejaría el correísmo. Si con Lasso fue el regreso de la derecha al poder estatal y con él radicalizando las políticas de ajuste, Daniel Noboa da un salto en ese objetivo.
Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron aplicar severos planes económicos con el FMI. Avanzaron con algunas medidas, pero se toparon con la gran resistencia y rebelión del pueblo trabajador, las mayorías populares y pueblos originarios, a pesar de los pactos de las direcciones políticas del movimiento de masas que desviaron los procesos. Lasso terminó en un estrepitoso fracaso.
Se desvanecen las promesas al pueblo de que con el FMI y la continuación de la dolarización se saldría de la crisis económica, la situación se profundizó y con ello se agudizan la crisis social y la pobreza, que afectan a la clase trabajadora, a sectores populares y a los pueblos originarios. La pauperización en algunos sectores posibilita el desarrollo de bandas delictivas, en el marco del deterioro de las condiciones económicas, la falta de oportunidades de estudio y empleo, especialmente entre la juventud precarizada.
Más poder militar como control social y de vigilancia cotidiana al pueblo, canaliza importantes recursos estatales en el aparato de seguridad y represión, no en salud o educación. Las tácticas intimidantes inherentes al despliegue de fuerzas militares impactan en las clases trabajadoras y los oprimidos, donde el espacio para la organización y la protesta social se restringen.
Establecer el estado de sitio, particularmente en áreas donde la expresión de descontento social es más evidente, constituyen una política para sofocar la protesta y garantizar el orden estatal, como exige el FMI, por eso se prioriza el orden impuesto por la seguridad sobre los derechos y las libertades de la población. El verdadero propósito de la militarización es preservar las relaciones de poder existentes, asegurar que la clase dominante mantenga su posición privilegiada, mientras la clase trabajadora sigue marginada. Es evidente que la estrategia del gobierno agravará las desigualdades existentes y busca socavar las demandas legítimas de las trabajadoras, trabajadores y pueblos originarios.
Noboa en la Presidencia y el apoyo de Revolución Ciudadana junto a otras fuerzas políticas
La llegada al poder de Daniel Noboa ocurrió en un contexto de turbulencia política marcado por la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023, resaltan las profundas conexiones entre el poder económico y político en Ecuador. Noboa proveniente de uno de los conglomerados económicos más potentes del país –el grupo Exportadora Bananera Noboa–, emerge como la figura presidencial en una nación marcada por el descontento social y la crisis económica. Sin embargo, su elección ha levantado cuestionamientos, dada la larga historia de su grupo familiar con alegaciones de evasión fiscal y políticas laborales cuestionables.
Con una semana en el cargo, el Presidente Noboa presentó un proyecto de ley denominado "Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo" ante la Asamblea Nacional. La prisa por impulsar este paquete de medidas fiscales no correspondía con la urgencia de solucionar la presunta falta de liquidez pública sino más bien con los intereses de los conglomerados de poder económico aliados a Noboa. La confluencia de políticas neoliberales a ultranza destapó la alineación del presidente con Estados Unidos y recordaba el frustrado intento de Lasso del año anterior.
El proyecto propone desregulación tributaria con ventajas para los deudores y exenciones fiscales que benefician a las actividades económicas afines a estos grupos de poder; se aboga por una liberalización económica que promueven zonas francas extendidas abusivamente por todo el territorio, con beneficios fiscales y laborales excesivos; y una privatización ambiciosa de infraestructura estatal y servicios públicos a través de alianzas público-privadas, dejando en manos privadas la capacidad discrecional de definir tarifas y condiciones de servicio. En semanas pasadas, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló que el gobierno analiza la focalización de los subsidios a los combustibles y que se recortan unos 1.000 millones de dólares en gastos de empresas públicas.
La economía política ecuatoriana está moldeada por un patrón de acumulación alterado dramáticamente por la dolarización en el año 2000, donde antes la agroexportación y el petróleo definían la acumulación de capital. Entonces surgieron nuevos protagonistas como banqueros, importadores, transnacionales y una diversidad de grupos económicos que manejan desde los medios de comunicación hasta el sector farmacéutico. Estos actores, junto con los agroexportadores y agronegocios, como la familia de Noboa, buscaron ampliar sus márgenes de ganancia y poder de mercado. La presidencia representa para estos grupos una oportunidad para reorientar la balanza a su favor, facilitando un proceso de reformas privatizadoras.
Al inicio del gobierno, Noboa montó una base parlamentaria con los principales partidos, incluidos Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y el Partido Social Cristiano, que son la histórica derecha de gobiernos anteriores en Ecuador. El correísmo como base parlamentaria, ahora apoya a un gobierno que pretende desmantelar las estructuras estatales que antes decían defender, lo que evidencia el matiz cambiante de la política ecuatoriana donde los intereses de grupo tienen un peso decisivo. Noboa y su gobierno, con consentimiento de la base parlamentaria correista, avanzan en implementar una agenda política y económica destinada a favorecer a las élites, en un Ecuador acostumbrado a la turbulencia y al cambio político.
Este apoyo dio un salto tras la toma del canal TC Televisión y del nuevo decreto de “conflicto armado interno” firmado por Noboa que fue apoyado por todo el arco político, incluida una declaración pública de Rafael Correa en redes sociales y un comunicado de la CONAIE llamando a la unidad nacional detrás del presidente. Es decir, avalando la política de militarización y estado de excepción y sin cuestionar la colusión de las bandas criminales con el Estado, la política, la justicia y las fuerzas represivas.
Una salida progresiva a la actual crisis
Los mandatos sucesivos de Moreno, Lasso y Noboa en Ecuador han profundizado la situación del país. Sus políticas neoliberales han exacerbado la desigualdad, incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores, el pueblo pobre y comunidades originarias. Las reformas económicas emprendidas han priorizado de manera consistente los intereses de los poderes económicos y corporativos, perpetuando asimismo un ciclo de empobrecimiento y marginalización social.
Paralelamente, la respuesta del Estado al auge de la criminalidad ha supuesto un aumento del aparato represor. Esta política represiva se ha convertido en la bandera de una supuesta estabilidad a un costo muy alto para las libertades democráticas y los derechos humanos, e incluso con la pesada carga económica como vemos con el impuesto del IVA.
Es también lamentable el papel que han jugado las direcciones de diversos movimientos sindicales y sociales que, en lugar de mantenerse en la defensa de los derechos e intereses de la clase obrera y sectores oprimidos, han elegido el camino del pactismo con estos gobiernos, tal como vimos en los momentos más álgidos en las luchas contra Lenin Moreno, y peor aún con acuerdos gubernamentales, con Guillermo Lasso.
Al desviar los procesos de resistencia han debilitado la lucha del pueblo en las últimas rebeliones y han dejado pasar la oportunidad de luchar eficazmente para imponer las demandas de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos y explotados. Hay que exigir que estar direcciones rompan con sus políticas conciliadoras y convoquen a verdaderos planes de lucha para derrotar toda esta política represiva y antiobrera del gobierno de Noboa y de los grupos empresariales.
La lucha por una salida progresiva a la crisis que atraviesa el país solo puede partir de las soluciones estructurales centradas en las necesidades de la clase trabajadora y los sectores más afectados por las políticas capitalistas. Una lucha que solo puede ser llevada a cabo por la clase trabajadora, en la construcción de una salida desde abajo en un gobierno de las y los trabajadores.
