TRAS LA CAÍDA DE ROSSELLÓ. Crisis en Puerto Rico: Wanda Vázquez rechazó asumir como gobernadora

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este domingo que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene "interés" en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó Vázquez en su cuenta de Twitter.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado.

— Lcda Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 28, 2019

La decisión de Vázquez no tiene que ver con falta de apego al poder, sino con la continuidad de la crisis política en la isla que no se cerró tras la caída de Rosselló.

Tras 12 días de movilización que incluyeron un paro nacional de los principales sindicatos, el gobernador Ricardo Rosselló renunció a su cargo. La publicación de una serie de chats entre Rosselló y su círculo político con comentarios sexistas, homofóbicos, burlandose de los muertos durante el huracán María o jactándose de la corrupción fueron la gota que rebalsó el vaso de una crisis mucho más profunda.

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La situación económica de Puerto Rico, sometido por su estatus colonial a los dictados de Estados Unidos, fue entrando en los últimos diez años en una espiral catastrófica con la exigencia de ajustes, privatizaciones, y pago de deuda. El Gobierno de Obama impuso la Ley Promesa para asegurarse que Puerto Rico pague a cualquier precio la deuda con los banqueros de Wall Street, lo que sumió a la población boricua en la pobreza, la miseria y la desocupación. Esa ley incluyó una Junta de Supervisión Fiscal, que en los hechos lleva las riendas de la economía y las decisiones soberanas en materia fiscal, y en muchos casos también políticas.

Es por esta situación que la crisis no terminó con la caída de Rosselló, sino que el odio social se extiende a toda la casta política y económica local que tiene múltiples lazos con los intereses estadounidenses.

Según la Constitución de Puerto Rico, que tiene el estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU., a Rosselló lo debería haber sucedido el secretario de Estado, y luego el secretario de Justicia.

Pero el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, ya había renunciado el pasado 17 de julio, tras la publicación de los chats, por lo que entonces le tocaría a Vázquez el máximo puesto del Ejecutivo.

Sin embargo, los manifestantes que tiraron a Rosselló comenzaron el mismo día de su caída a levantar la demanda de "Wendy Renuncia", aclarando que no iban a aceptar a ninguna figura que provenga de la administración previa. Es por esto que Wendy Vázquez prefirió ahorrarse el mal trago y anunciar que no llegará siquiera a tomar el cargo.

El temor de la casta política y el estáblishment económico, que en las últimas horas de Rosselló le soltó la mano y alentó su caída, es que la asunción de Vázquez termine en nuevas jornadas de movilizaciones que profundicen el descontento y que radicalicen las demandas. Esto podría significar que las protestas que hasta ahora se centraron en a cúpula corrupta de Puerto Rico, comiencen a cuestionar más profundamente la relación colonial con Estados Unidos, a través del rechazo abierto a la Junta de Supervisión Fiscal.

Para la tarde de este lunes ya estaban planificadas movilizaciones frente a la sede de la Secretaría de Justicia contra Wanda Vázquez. Ante su declinación, en la linea sucesoria le sigue el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, sin embargo ya se abrieron negociaciones entre las distintas alas del Partido Nuevo Progresista, al que pertenecía Rosselló, para ver quién ocupará el cargo que quieren mantener hasta fin de 2020.