LEGISLADORES CÓMPLICES. Crisis en el peronismo entrerriano tras la aprobación de la reforma previsional

Desde que se aprobó la reforma previsional, estafa y represión mediante, la crisis en el peronismo de la provincia de Entre Ríos quedó más que al desnudo. Solicitud de desafiliación de legisladores, desmentida y comunicados con muchas explicaciones por parte de los implicados, son algunos de los elementos que trascendieron en los medios provinciales.

“Hubiese querido que el inicio de mi diputación hubiese sido en otras circunstancias”, comienza el comunicado que hizo público el diputado nacional por el Bloque Justicialista, Juan José Bahillo. “Vi lo que pasó en las plazas y en las calles. Escuché los reclamos y recibí muchísimos mensajes. Y por todo eso, quiero aclarar el contexto en el que tomé la decisión que tomé”, se ataja el diputado para dar pie a la explicación de por qué hizo caso omiso a todos esos mensajes y a todo eso que pasó en las plazas y en las calles.

Exintendente de la ciudad de Gualeguaychú, Bahillo es uno de los funcionarios que fue cuestionado en los últimos días por su votación a favor de la contrarreforma previsional.

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Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, es además el presidente del consejo provincial del Partido Justicialista. Bordet recibió una carta por parte de las autoridades de la Departamental Paraná del PJ, en la que se expresaba un “enérgico repudio y rechazo a su decisión de acompañar el ajuste previsional y la flexibilización laboral del gobierno de la Alianza Cambiemos” por considerar que “atenta directamente contra los principios inalterables del movimiento peronista”.

En la carta le solicitaron “convocar a la brevedad al Congreso Provincial del Partido Justicialista para que se ponga a consideración su medida unilateral de acompañar irrestricta e indolentemente la administración de Mauricio Macri”. También, y esto fue lo más fuerte de la misiva, exigieron “suspender la afiliación de los senadores de la Nación, Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath, y a los diputados nacionales, Juan José Bahillo y Mayda Cresto”.

El argumento para expulsar a los legisladores sería el haber incurrido en “graves faltas doctrinarias cometidas y sus consecuencias violatorias a los compromisos de la plataforma electoral de nuestro partido”.

Ahora bien, de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios implicados en este embrollo, la decisión del gobernador de suscribir al pacto fiscal con Nación y apoyar, en este contexto, la aprobación de la cotrarreforma previsional, no fue tan “unilateral”.

Prohibido olvidar: uno por uno, los 127 diputados que votaron contra los jubilados en medio de cacerolazos. #ConLosJubiladosNo #LeyPrevisional https://t.co/yWkS5Om55q pic.twitter.com/ocEDgddWAV

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) 19 de diciembre de 2017

Poco después, un comunicado firmado por los titulares de 14 de las 17 seccionales del peronismo paranaense negó “rotundamente la autoría de dicha petición” y la atribuyó exclusivamente al diputado provincial del FpV-PJ y presidente del PJ Paraná, Gustavo Guzmán. Se sumaron a la desmentida además, nueve integrantes del Consejo Departamental.

“Ante la publicación de un comunicado de fecha 20 de diciembre de 2017, de supuesta autoría del Consejo Departamental PJ Paraná y Consejos de Unidades Básicas de la ciudad de Paraná, dirigido al Presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, los abajo firmantes, Presidentes de las Unidades Básicas de la ciudad de Paraná e Integrantes del Consejo Departamental PJ Paraná, negamos rotundamente la autoría de dicha petición y convocatoria, siendo de absoluta y exclusiva responsabilidad del Sr. Presidente del Consejo Departamental PJ Paraná, las expresiones vertidas en dicha petición, no habiendo sido consultados estos Consejos de Unidades Básicas e integrantes del Consejo Departamental PJ Paraná, sobre la existencia de tal solicitud, como así tampoco del contenido de la misma”, señala la desmentida.

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Excusas

Juan José Bahillo intentó responder y excusarse por su rol en la aprobación del brutal saqueo a los jubilados, como se mencionó, en un extenso comunicado. “Si hubiera votado en contra, la consecuencia era el colapso de las cuentas públicas de la provincia y de los municipios. A corto plazo, la paralización del flujo de fondos que envía el Gobierno Nacional se hubiera interrumpido y producido el quebranto de la economía provincial”.

El diputado cuenta en varios párrafos, la serie de coacciones que fueron necesarias para que se aprobara la ley. Como se expresó en este medio “el régimen político tomó la forma de un grupo de coaccionadores seriales: el Gobierno nacional chantajeó a los mandatarios provinciales con la amenaza de no enviar fondos ni para abonar los aguinaldos y consecuentemente provocar el incendio de sus provincias; los gobernadores se arrodillaron dóciles y apretaron a los que consideran “sus” diputados para que cumplan la orden de votar a la carta. ¿La representación del pueblo?, bien gracias”.

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“Los entrerrianos debemos tener en cuenta que es el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el responsable tanto del contenido de las últimas reformas como del proceso a través del cual llegamos a votar estas leyes”, continúa Bahillo al mejor estilo Poncio Pilatos. La realidad es que los entrerrianos y el país completo, deben recordar con precisión el rol cómplice de los representantes del peronismo en el Congreso, de los gobernadores peronistas como Bordet y de los otros adeptos a este espacio que le hicieron enormes favores a Cambiemos: los dirigentes sindicales.

Por su parte, el senador Guastavino (Bloque Justicialista - FpV) se mostró bastante menos culposo que Bahillo. En declaraciones a los medios, aseguró estar “convencido de que más allá del costo político que se pueda pagar esto había que hacerlo (...) Era un acuerdo global de los gobernadores y un pedido del gobernador Bordet para que acompañáramos lo que habían firmado y es lo que hemos hecho”.

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“No ando analizando mis decisiones pensando en el costo político que pueda tener en el presente ni en el futuro político personal”, sentenció. Por costo político debería entenderse, la desaprobación de la decisión tomada en el Senado, por parte de la población que dice representar. Básicamente, Gustavino admite que le importa poco lo que piense la gente que lo votó y de todo el país.

“Sería muchísimo más fácil pararse en la vereda del frente y tirar piedras permanentemente al gobierno nacional”, señala. En su descargo, agrega que desde su espacio participaron de algunas reuniones "con el gobierno nacional donde se analizaba la letra fina de todos estos proyectos, y en ese marco se dio el apoyo a todo este paquete de leyes que formaban parte de ese acuerdo global que generaron los gobernadores con la Nación”, reflexionó.

Expectativas vs realidad

Recientemente hubo una movilización en la ciudad de Gualeguaychú, para exigir medidas concretas contra el cáncer que avanza entre la población. Algunos de los oradores exigieron a legisladores oriundos de su pueblo, como Bahillo y Guastavino, que colaboren, que pongan sus bancas en el Congreso al servicio de la lucha que se está emprendiendo en la provincia, principalmente contra el uso de agrotóxicos y otros factores que generan cáncer.

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¿Se puede esperar que estos funcionarios escuchen el reclamo de los habitantes de la provincia contra el uso de agrotóxicos, por parte de los empresarios del agropower? Ante la disciplina que impone Cambiemos a través del manejo de la caja, ninguno de los funcionarios cuestionados planteó por ejemplo, que la plata podía sacarse de los bolsillos de los grandes productores de soja y no de los bolsillos de los jubilados.

Queda claro ante el rol pérfido de estos funcionarios que dicen estar en “la oposición”, que la defensa de los derechos de los sectores populares y la clase trabajadora está sujeta nada más que a la capacidad de organización y movilización en las calles.