Producto de una serie de indagaciones contra un par de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua se abrió un fuerte cuestionamiento al poder judicial, que se suma a la crisis de la Iglesia, Carabineros o de los partidos políticos tradicionales.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Lunes 15 de abril de 2019
Con el reciente caso de corrupción que se destapó en la Corte de Apelaciones de Rancagua con presuntos tráficos de influencias y pagos indebidos que tienen paralizadas cerca de 7 causas, con 3 jueces suspendidos y cerca de 20 funcionarios bajo investigación.
Este caso amenaza con destapar una olla que termine hundiendo al poder judicial golpeando a las instituciones del régimen como ocurrió con el caso Penta o la corrupción en Carabineros y el Ejercito.
El “Desastre de Rancagua”, como algunos comentaristas lo llaman, ha alertado a diversas voces que llaman a reformar el poder judicial en aras a preservar este régimen y sus instituciones en base a un llamado “espíritu republicano” que defiende la separación de los poderes del estado, el ejecutivo, legislativo y el judicial.
Sin embargo esta separación es formal, pues el poder del Estado es ejercido de conjunto por una casta que gobierna en interés de una minoría millonaria y explotadora, mientras todos los pesares y costos de esta sociedad debe ser soportado por las amplias masas de la población.
La separación formal de los poderes del estado tiene el objetivo de disfrazar de “democrática” esta forma de gobernar a espaldas de la población mientras administran los negocios comunes del empresariado.
En este marco, los jueces son una casta privilegiada, con sueldos millonarios y ajenos a los intereses del pueblo, pero además son los que deciden sobre el destino de grandes patrimonios y negocios, con lo que se codean y relacionan con grandes empresarios, de modo que estas redes de corrupción son fuentes para desarrollar relaciones que ocultan el delito de cuello y corbata, el narcotráfico y el comercio ilegal.
Con el “Desastre de Rancagua” se actualiza la crisis del régimen que tiene bajo un duro cuestionamiento al Ejército, Carabineros, la Iglesia o los partidos políticos. Con este escándalo la crisis se actualiza, lo que temen los poderosos es que volvamos a un momento “PENTA”, por el cual la casta política se hundió abriéndole espacio a que emerjan fenómenos políticos como el Frente Amplio, de modo que se agrieten mucho más los pilares del régimen.
Para evitar que se profundicen estas grietas ya se ensayan propuestas para modificar el sistema judicial, con la modificación al nombramiento de jueces (como se ha querido adelantar con el nombramiento de notarios), las remuneraciones de los jueces, etc.
Sin embargo una transformación profunda del sistema judicial que lo haga democrático y que acabe con los privilegios de la casta judicial requiere modificaciones radicales como la elección por votación popular, la implementación del sistema de jurados o que ganen un salario de un obrero calificado o una docente.
Una modificación radical del sistema judicial no vendrá dado desde la cocina parlamentaria, quienes solamente pretenden parchar los rasgos más rancios de este sistema. Para modificar estructuralmente el sistema la población, los trabajadores, mujeres y jóvenes tenemos que discutir el sistema que necesitamos mediante una asamblea constituyente que discuta que sistema judicial tener y además los principales problemas de la nación. Una asamblea constituyente, libre y soberana, y garantizada mediante la movilización de sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales. Esta es una perspectiva que buscamos promover con la crítica al sistema judicial.
