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Red Internacional
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Síntomas de la crisis educacional. Crisis en la educación pública: 50 mil estudiantes en deserción escolar y 1,5 millones con inasistencias graves

Los problemas de gestión educativa y financiera que vive el sistema escolar es una situación que hemos evidenciado los trabajadores de la educación desde hace años. La última gran movilización que desarrollaron los profesores y profesoras fue solo meses antes del Estallido Social del año 2019. Dato no menor si pensamos a la Educación como una de las instituciones en crisis producto de la implementación de políticas neoliberales desde la dictadura y profundizadas durante los distintos gobiernos de la Concertación, Chile Vamos y la Nueva Mayoría.

Sábado 19 de noviembre de 2022

En el sistema educativo, como en muchas otras instituciones, repercutió la crisis política, social y económica que vive Chile desde el año 2019, la pandemia por Covid, y las medidas restrictivas que implementó el gobierno de Piñera, lo que trajo como resultado los efectos que hoy nos preocupan. Según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación son 50.000 estudiantes fuera del sistema y 1.239.330 con inasistencia grave, cifras que impactan aún más con los sucesivos problema de violencia escolar y disrupción que viven la mayoría de comunidades educativas del país.
La evidencia del problema no debiera suscitar mayor polémica, pero sus causas y posibles soluciones deben concentrar toda nuestra atención, pues están en juego las vidas y el futuro de millones de niños y jóvenes que, lamentablemente, son de los sectores más empobrecidos y vulnerables de nuestra sociedad.

Los cuatro pilares de la crisis

Los problemas de gestión educativa y financiera que vive el sistema escolar es una situación que hemos evidenciado los trabajadores de la educación desde hace años. La última gran movilización que desarrollaron los profesores y profesoras fue solo meses antes del Estallido Social del año 2019. Dato no menor si pensamos a la Educación como una de las instituciones en crisis producto de la implementación de políticas neoliberales desde la dictadura y profundizadas durante los distintos gobiernos de la Concertación, Chile Vamos y la Nueva Mayoría:

  •  El modelo de financiamiento escolar vía subvención por asistencia ha corroído hasta las entrañas a la educación chilena. El Estado desembolsa por estudiante entre $90.000 y $215.000, montos que con el aparato burocrático de administración y la actual inflación económica no alcanzan para sostener un colegio. Desde ese pequeño aporte que da el Estado se deben pagar sueldos, mantener el establecimiento y comprar el material necesario para llevar a cabo los procesos educativos respectivos. Es decir, de la asistencia de los estudiantes dependen los recursos para educar, resguardar e incentivar la escolaridad de los jóvenes.
  •  Los modelos administrativos son otro punto crítico. Desde la dictadura cívico-militar las escuelas y liceos públicos no pertenecen al Estado, sino son los distintos municipios del país quienes administran la educación a través de departamentos o corporaciones municipales. Forma de dirección que ha profundizado la desigualdad entre comunas ricas y pobres, y ha evidenciado el gasto de recursos en proselitismo y desviación de capitales, conocidos son los casos de los ex alcaldes de derecha Kathy Barriga y Luis Plaza.
    Luego del año 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y como respuesta a las movilizaciones estudiantiles y de profesores, se aprueba la ley que crea los Servicios Locales de Educación Pública, organismos que tienen la misión de administrar los establecimientos públicos luego del traspaso desde los municipios. Y bueno, nada nuevo bajo el sol. Los problemas económicos y desfalcos continúan. En el Servicio Local de Barrancas, que agrupa las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, existe una “pérdida” de 5.000 millones, dejando a 77 colegios, liceos y jardines sin recursos. Otro efecto de este tipo de administración es el cuoteo político entre los partidos del régimen, en este caso, como el director del SLEP fue proclamado por el gobierno de Piñera, él sigue esa misma línea y se evidencia en los concursos públicos del año 2021, donde fueron electos directivos con la misión de ajustar económicamente los establecimientos, reduciendo personal y estandarizando la forma de enseñanza, socavando las comunidades educativas y dejando a la deriva a decenas profesores.
  •  Las y los profesores deben enfrentarse a diversas evaluaciones que determinan su sueldo y permanencia en el sistema. La evaluación docente y el encasillamiento en la Carrera Docente son dos mecanismos de evaluación que se basan en criterios descontextualizados, dejando de lado la realidad del aula escolar chilena. Las exigencias son variadas, desde la presentación de un portafolio, pruebas y clases modeladas se suma al arduo trabajo que realizan las y los docentes. Todo esto se desarrolla, irregularmente, fuera del horario laboral. Además de estas dos evaluaciones, los docentes nos enfrentamos permanentemente a la revisión y supervisión de nuestro trabajo por parte de los equipos directivos, quienes tienen la potestad de despedir a fin de año, creando inestabilidad. Una de las válvulas de descompresión para esta sensación de desamparo es la ley de titularidad docente que otorga planta a profesores que tenga tres o más años de antigüedad dentro del sistema, aunque los últimos estudios no le otorga mayor relevancia, porque según datos de la Fundación Elige Educar, para el año 2025 se espera un déficit de 26 mil profesores, números que demuestran la precariedad y agobio laboral que sufrimos los trabajadores de la educación.
  •  Por último, otro de los efectos nocivos para el sistema son las condiciones de vida y la salud mental de niños y jóvenes. La Organización Mundial de la Salud informa que el 22,5% de los menores que habitan en Chile sufren trastornos de salud mental, un tercio de la población mayor a 15 años ha sufrido de algún trastorno y el 71% de los menores que han visto o han sido víctima de violencia intrafamiliar o que sufren de trato negligente de parte de sus tutores, son más propenso a sufrir trastornos psicoemocionales, estrés post traumático, depresión o ansiedad.
    En este caso, los factores económicos y socioculturales son esenciales para entender este fenómeno. Es común para cualquier docente saber de estudiantes que trabajan medio tiempo, sin contrato y con horarios incompatibles a la jornada escolar, conocer estudiantes con padres cesantes que no tienen cómo alimentarse ni pagar el arriendo, o estudiantes migrantes que no puede atenderse en el Sistema Público de Salud por no tener un rut, menores que cruzaron la frontera a pie, exponiéndose a morir por un futuro mejor ¿Cómo tener cabeza para estudiar?
    El modelo económico y la cultura de masas funcionan como un catalizador de la violencia. Si la salud mental es un problema, se ve profundizada con las condiciones socioeconómicas y la apología ala violencia que imponen los medios, como el culto al narcotraficante, el dinero fácil y la invalidación del discurso académico ante la subjetividad de la opinión individual. Mil veces hemos escuchado ¿De qué me servirá esto? ¡Enseñan muchas cosas inútiles! Una educación funcional a un sistema económico que utiliza la represión para mantener el control, qué otro resultado puede obtener.

    Medidas enfocadas en los síntomas

    Ante la crisis todos se transforman en superhéroes y en estas últimas semanas ha salido todo espectro político a dar recetas. La derecha busca reponer la implementación de la ley Aula Segura con el argumento extrapolado de la “violencia política” proyectando las legítimas y focalizadas manifestaciones estudiantes que se dan en los liceos de Santiago Centro a un problema que es sistémico. Un ejemplo de medidas de este tipo, es la determinación que se dio en la comuna de Antofagasta producto del ingreso de un arma de fuego a la escuela Patricio Cariola, donde se obliga a los establecimientos educacionales a registrar con detectores de metales a sus estudiantes.

    En cambio, los dichos del Colegio de Profesores y de algunas agrupaciones de docentes que han surgido en los últimos años, ponen el foco de una batería de demandas como la reducción de la Jornada Escolar Completa (JEC), la no modificación de la planta docente 2023 y mayores recursos para la implementación de medidas y programas que ayuden a subsanar la actual crisis. Cuestiones totalmente alejadas de un nuevo sistema de educación pública, que sería una verdadera solución. Incluso, hay sectores de profesores que proponen la implementación de rutinas para acabar con los problemas disciplinarios, manteniendo la visión instructiva y no revolucionaria de la educación.

    Hace algunos días, el medio digital El Mostrador titulaba su columna “deserción, ausentismo y violencia, la trilogía que pone en jaque a las autoridades” donde muestra el programa “Seamos comunidad” que presenta el Ministerio de Educación con el fin de dar cierre al problema de la violencia, inasistencia y la deserción. Dicho programa posee tres aristas: la primera, un programa de monitoreo y reportabilidad que controle la trayectoria educativa de los estudiantes; en segundo lugar, la contratación de gestores territoriales y la conformación de un Consejo Consultivo con organizaciones afines; y, por último, una inyección presupuestaria a la modalidad de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). También centrada en acabar los síntomas de la enfermedad.

    Una propuesta diferente

    Desde la agrupación de trabajadores de la Educación "Nuestra Clase" proponemos un camino diferente. Creemos que es indisociable la lucha contra la actual crisis económica y los problemas que sufre la Educación Pública. Para garantizar la protección de nuestros niños y adolescentes debemos discutir las siguientes medidas:

  •  La vuelta al Estado de todas las instituciones de educación públicas, financiadas con aportes directos, garantizado por el alza impositiva a los más ricos y la nacionalización de los recursos naturales.
  •  Un currículum único nacional que se encargue de establecer contenidos mínimos obligatorios, pero que entregue la potestad de adecuación y resolución a las comunidades escolares. Posibilitando la implementación de nuevas formas de enseñar y garantizando una educación no sexista para que todes se puedan educar.
  •  Fin a los cargos electos por concursos públicos arreglados. Consejos Escolares Resolutivos y elección vía voto universal de todas las autoridades unipersonales. Las escuelas deben ser administradas por profesores, personal no docente, estudiantes y comunidades.
  •  Fin al agobio laboral y a la doble evaluación. Paso a planta de todos los trabajadores de la Educación.
  •  Para solucionar los problemas socioeconómicos que viven las familias obreras del país debemos luchar contra la carestía de la vida. Sueldo mínimo desde los $650.000 y un sistema de becas y acompañamiento para que nunca más un menor deba dejar sus estudios para llevar el pan a su hogar.
  •  ¡Ningún ser humano es ilegal! Rut permanente para todos los estudiantes migrantes del sistema escolar y así garantizar el derecho a la Salud y Educación de nuestros jóvenes.
  •  Fin a la Jornada Escolar Completa (JEC). Implementación de talleres y programas de educación socioemocional y recreativos. Mayor recursos para la contratación de nuevos profesionales en los programas de Convivencia Escolar e Integración Educacional.