Se cumplen casi dos semanas desde que cientos de venezolanos, haitianos y colombianos se encuentran atrapados en la frontera de Perú-Chile, luego que decidieran abandonar el país, producto del aumento de las políticas anti migratorias que ha llevado adelante el gobierno de Gabriel Boric junto a la derecha, pero también por el encarecimiento y la precarización de las condiciones de vida en Chile. ¿Quiénes son los responsables políticos de la crisis en la frontera que tiene a cientos de migrantes entre ellas mujeres, embarazadas, niñas y niños, en plena intemperie?
Domingo 30 de abril de 2023
Esta semana, la prensa internacional ha acaparado sus titulares por la situación que vienen enfrentando cientos de migrantes de nacionalidad colombiana, haitiana y venezolana, al encontrarse varados en el paso fronterizo de Chacalluta entre Perú y Chile. Cortes de ruta, enfrentamiento con las fuerzas policiales de ambos países quienes están en la misma trinchera, "defendiendo la patria", contra los "invasores, no nacionales". La razón principal por la que dejan Chile, es por las dificultades económicas que vienen golpeando al conjunto de las y los trabajadores en general. En términos económicos, un aumento inflacionario, la devaluación del salario, sobre todo para quienes trabajan en negro, sin contrato, además se suman los recortes a los sectores de salud y educación, pero otro factor clave que mencionan es el aumento de las leyes represivas que se han aprobado en el último tiempo, donde el discurso de “Nadie es ilegal” del gobierno de Apruebo Dignidad, en pocos meses se transformó en prisión preventiva, que no considera las dificultades que tienen que enfrentar miles de migrantes para obtener la documentación solicitada y que de fondo también es parte del trato discriminatorio de las instituciones del Estado de Chile hacia ellos.
¿Cómo llegamos a esta situación?
El paquete de leyes represivas, que fortalecen el sistema punitivo y otorga mayores facultades a las fuerzas armadas para reprimir, como la ley Naín-Retamal o el proyecto de infraestructura crítica que comenzó Piñera y termino Boric, es parte de todo un plan de conjunto que viene llevando adelante el gobierno de Gabriel Boric en un pacto de gobernabilidad con la derecha, para buscar mayor estabilidad política.
El lavado de imagen de las instituciones represivas del Estado han estado a la orden del día. Las fuerzas armadas, ya venían siendo cuestionadas los últimos años producto de los casos de corrupción al interior de la institución, los montajes, la venta de armas y vinculaciones al narcotráfico, los casos de abusos y acoso. Y el 2019, con la violación a los derechos humanos, la mutilación y el asesinato contra cientos de manifestantes que se movilizaban por ponerle fin a la constitución Pinochetista. En uno de los artículos de ideas socialistas se mencionaba que, “para la gobernabilidad capitalista resulta clave restaurar el poder material y simbólico de sus aparatos represivos.”
Tanto la derecha como el gobierno ven que dentro de este pacto de gobernabilidad, una política de unidad nacional necesitaba también tener un enemigo en común. Es así como a este coro anti inmigrante, los medios de comunicación han sido claves en la criminalización que se ha dado hacia estos sectores, donde buscan crear un ambiente de inseguridad para llevar adelante este tipo de política, dejando a las y los migrantes representados como “una amenaza”. Este clima racista tiene un salto el día que asesinaron a Daniel Palma, donde según comentan en las entrevistas realizadas en la frontera, la situación se puso mucho más hostil, el trato es más discriminatorio, racista y opresivo.
Tanto la ley de infraestructura crítica, que mantiene militarizada las fronteras bajo la excusa de combatir el narcotráfico, como la orden del ministerio público de aplicar la detención preventiva, para quienes se encuentren sin la documentación requerida, son parte del conjunto de políticas en contra de las y los migrantes. Es decir, para llegar a la situación de crisis humanitaria en la frontera, hay una política y un discurso previos, que tiene responsables políticos directos.
Por ejemplo, la derecha en la región viene reivindicando las acciones de la golpista Dina Boluarte, afirmando que, “Perú nos ha dado clase magistral de seguridad de sus fronteras”, como si la situación actual que ocurre en las fronteras fuera un hecho para llenarse de orgullo y donde el día de ayer desde el Perú reforzaron con 200 militares más "resguardando" la entrada al país. A nivel nacional las propuestas de la derecha son las mismas recetas de siempre y que no han dado resultado en ninguna parte, es decir: Construir barreras, zanjas, “Estado de excepción” o nombrar a un “zar interino” que goce de atribuciones especiales para reprimir en las fronteras como lo plantean ultra derechistas como J.A Kast. Buscan aprovechar el momento para fortalecer a las fuerzas de represión, incluso afirman que quieren otorgar un capítulo de la constitución dedicado a carabineros. Las clases dominantes se preparan porque saben que la crisis institucional, política, social y económica, no esta resuelta.
Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de Arica, Gerardo Espíndola del Partido Liberal, ha estado en constantes reuniones a nivel nacional para abordar la situación sin asumir que él y Vlado Mirosevic, tienen responsabilidad directa con la situación que se vive en la frontera, con toda la política anti inmigrante en la ciudad, sumándose al coro reaccionario de la derecha. Donde la solución sigue siendo mayor dotación de policías, militarización de la frontera, el desalojo de tomas en medio de una crisis habitacional que se ha incrementado estos últimos años en la región, etc. Incluso dentro del municipio, el giro a derecha del Partido Comunista ha llevado a que concejalas como Dolores Cautivo, planteen enviar militares a las poblaciones o han sido parte de marchas que se plantean como "anti delincuencia", pero que solo fortalecen el racismo y la xenofobia.
En ese sentido, la política del gobierno viene siendo la misma. Además de lo mencionado, hoy plantean en las propuestas que hace el ministro del interior, Manuel Monsalve, crear un corredor humanitario que permita el regreso de quienes buscan volver a su país, pero no se preguntan cuales son las causas y cuál es el cambio en la situación en Chile que golpeó tan duramente las condiciones de vida y la hostilidad hacia las y los migrantes que hoy se ven obligados a dejar el país.
Está claro que la derecha no podría llevar adelante su agenda securitaria y anti inmigrante, si no contase con el apoyo del gobierno para hacerlo.
Es urgente un plan de acogida internacional
En esta crisis humanitaria, ha sido clave el aporte que se ha dado por sectores de la comunidad de Arica, organizaciones pro migrantes, estudiantes, entre otros, es un ejemplo que hay que seguir tomando y multiplicar la solidaridad. En vísperas del primero de mayo, la unidad internacional entre trabajadoras y trabajadores de distintas nacionalidades, nativos y extranjeros, es clave.
Necesitamos una respuesta de fondo a la situación que ocurre en las fronteras, es por eso que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios planteamos la necesidad de un plan de acogida internacional, que vaya directamente orientado a mejorar las condiciones de vida de los migrantes y de las localidades que los acogen. Hay que acabar de inmediato con todas las leyes represivas y anti inmigrante que mantiene la situación en la frontera, acabar con las deportaciones forzadas, asegurar por lo mismo el derecho al libre transito, sin discriminación, garantizar derechos básicos como la residencia, la salud, crear planes de vivienda y urbanismo, donde este al centro el mejorar la calidad de vida del conjunto de la población, independiente de su lugar de procedencia. Se debe entregar facilidades desde el Estado para quienes quieran tener contacto con sus familias que muchas veces terminan alejados durante años por la situación que fueron obligados a vivir. Acabar con el trabajo en negro, paso a planta de todas y todos los trabajadores, además, un verdadero proyecto de rebaja de horas de trabajo, sin flexibilización laboral como lo es el proyecto actual del gobierno, para golpear y ponerle fin a la cesantía, repartición de las horas de trabajo entre trabajadores cesantes y trabajadores activos.
Todo esto es posible, porque Chile es un país con una cantidad de recursos importantes. El problema de fondo, es que quienes controlan la economía, son los grandes empresarios y sus partidos, que como se ha visto, solo buscan profundizar el saqueo de los recursos naturales, sin ninguna consideración por el medio ambiente, otorgando salarios de miseria y condiciones de vida deplorables. Mantienen al país con una política económica dependiente al imperialismo internacional. Para los empresarios en Chile, esos son los extranjeros que no son una amenaza para ellos, porque de fondo no es solo un asunto de racismo o xenofobia, sino que sobre todo, de clase.
Construir una alternativa a este tipo de sociedad, donde no exista la discriminación por raza, clase o género, ni ningún tipo de opresión, donde las decisiones sean tomadas por las grandes mayorías trabajadoras y populares, es el principal objetivo por el que pensamos hay que pelear.
