Ana Sanchez Agrupación Pan y Rosas / Docente @anitaezkerrean
Jueves 20 de octubre de 2016 11:06
Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación.
Son 14 millones de personas en todo el país las que tienen problemas de vivienda, dato arrojado en el último Censo Nacional de 2010; se estima que en estos últimos 6 años se incrementó a 3, 7 millones.
Durante los años de gobiernos kirchneristas esta situación no se resolvió y a pesar de ser datos alarmantes, bajo el gobierno de Macri la Secretaría de Vivienda y Hábitat se dio el lujo de no ejecutar ni un peso de su magro presupuesto en lo que va del año.
Los funcionarios anuncian ahora que en los próximos dos meses intentarán agotar los recursos disponibles, que representan sólo el 43 por ciento del presupuesto del área para este año.
Son alrededor de $9500 millones de pesos que el ministro Domingo Amaya dice que volcará a la calle en poco más de dos meses y medio. Se anunciaron $ 6250,5 millones que serán destinados al inicio y avance de casas sociales, una tarea cuya gestión está a cargo de los institutos de la vivienda provinciales y, en algunos casos, de los propios municipios. Otros $ 3341 millones se volcarán a la mejora del hábitat, que apunta principalmente a instalar servicios básicos en asentamientos precarios.
La mayoría de los recursos irían para la provincia de Buenos Aires. La gobernadora, María Eugenia Vidal, anunciará el lanzamiento de un plan para construir 25.000 nuevas casas en territorio bonaerense, a lo que se sumarían anuncios por otras 15.000 en otras provincias.
El gobierno de Macri anunció que, a lo largo de sus años de mandato, haría una inversión de $ 100.000 millones para construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas para construir o mejorar otras 456.000 casas. Apuran los anuncios mientras se inicia el período electoral 2017, pero las obras no llegan. ¿Serán como los anuncios de campaña sobre “pobreza 0”?
Aun así, en el mejor de los casos, estos planes futuros no resolverían más que un pequeño porcentaje de los 14 millones que viven hoy en una situación precaria o alquilan y cada vez se les hace más difícil sostener esos alquileres y no se puede acceder a la vivienda propia.
La vivienda digna para todos es un derecho, no un privilegio de pocos.
Te puede interesar: Vivienda: “herencia K” y continuidad Pro
