Más de 6.600 viviendas "ilegales" fueron calculadas por la investigación realizada desde el Ministerio de Bienes Nacionales. La derecha busca perpetuar la criminalización al pueblo pobre e inmigrante que se ve forzado a estas condiciones de vida.
Miércoles 7 de noviembre de 2018
Foto: AgenciaUno
“Se puede decir que la ocupación de propiedad fiscal del borde costero en las 20 localidades seleccionadas asciende, aproximadamente, a 498 hectáreas, con un número de ocupaciones estimadas de entre 6.600 y 7.300” Declaró el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward.
Esto posterior a un análisis realizado por el gobierno mediante la utilización de drones sobre una superficie de 2.225 hectáreas en la región de Atacama, buscando realizar un catastro de las ocupaciones ilegales.
Ante esto, Ward afirmó que: “Las ocupaciones aumentaron y en algunos lugares lo hicieron de manera muy considerable. Se han generado nuevas ocupaciones y estas mayoritariamente se relacionan a segunda vivienda (lugares de vacaciones o recreación) y en un muy bajo número se trata de una vivienda permanente”.
La situación que se presenta dentro de las viviendas ilegales es sin lugar a dudas alarmante. En donde el costo de la vivienda cada vez pareciera aumentar, produciéndose en lugares como Antofagasta un sobrestock de departamentos y lugares habitacionales en venta o arriendo, en donde los sueldos no dan abasto.
Frente a esto, Galia Aguilera, dirigente nacional del Partido de Trabajadores Revolucionarios, afirmó que: "El problema de la vivienda es una situación que ya ha llegado a un punto insostenible. El sueldo promedio en la región no alcanza para suplir los costos de arriendo que siguen por las nubes. La situación se vuelve compleja, ya que han aumentado los campamentos, y con esto, las precarias condiciones de vida de las y los trabajadores inmigrantes quienes representan casi el 60% de las familias que viven en ellos, quienes se ven forzados a vivir en condiciones precarias porque simplemente no alcanza para costear un arriendo de más de 300 mil pesos con el sueldo mínimo”.
Además señaló: "desde el PTR lucharemos por terminar con este negocio inmobiliario y de especulación para las ganancias empresariales; y por un plan de viviendas para el conjunto pueblo trabajador y en particular las familias que viven en campamentos, con los recursos que provienen del cobre. La derecha quiere criminalizar al pueblo pobre que se ve forzado a vivir en campamentos, cuando lo que hay que hacer es un plan de urbanización de campamentos y tomas, organizado por trabajadores y pobladores".
