A un año de Guernica. Crisis habitacional: más de tres millones de personas viven en terrenos o viviendas tomadas

A fines del 2020 el Presidente y los Gobernadores del oficialismo realizaron todo tipo de anuncios para dar respuesta a la crisis habitacional que se hizo evidente con la toma de Guernica. Este 20 de julio se cumple un año desde que más de 2.500 familias se vieron obligadas a levantar viviendas precarias en el predio de Presidente Perón (dentro de Guernica) para intentar construir una solución a sus problemas habitacionales, desde entonces las dificultades para acceder a la casa propia no han dejado de aumentar.

Durante 2020 más de 3,2 millones de personas se encontraban en una vivienda sin tener título de propiedad o pagar un alquiler, según los últimos datos del Indec (segundo semestre del 2020) que las califica como “ocupantes”; en 2019 no llegaban a las 2,6 millones. Los precios de los terrenos son cada vez más imposibles de pagar para aquellos que no tienen trabajo o cobran salarios miserables y se ven obligados a construir sus viviendas en los espacios que encuentran a su alcance. Alberto Fernández, hace menos de una semana, afirmó: “no puede ser que en pleno Siglo XXI los argentinos y las argentinas estén penando por un techo” y agregó: “desde que llegamos, llevamos entregadas más de 11 mil viviendas y estamos construyendo más de 100 mil”. Mientras el Gobierno construye casas de a miles, millones sufren problemas habitacionales.

Los datos del Indec son parciales, solamente toman en cuenta los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), según el Censo Nacional de 2010 (último dato completo disponible), el déficit habitacional alcanza 3,5 millones de viviendas: comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes y 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno. Estas cifras reflejan un problema estructural que lleva décadas sin intentar resolverse por los distintos gobiernos.

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Tomando la información de la EPH podemos ver el grave nivel de precariedad de la situación habitacional. Más de la mitad de las personas no tiene acceso al menos a un servicio básico, cuatro de cada diez no poseen conexión a la red de gas, más de tres de cada diez no tienen cloacas y una de cada diez no cuenta con agua corriente. El 12,8 % de la población relevada vive en zonas inundables, son 3,6 millones de personas, y más de 1,3 millones se encuentra en hacinamiento crítico, forzados a compartir una habitación entre tres personas o más.

En estos días las 100 familias de la toma La Containera, en la Villa 31 - barrio Padre Carlos Mugica, se encuentran en alerta por las amenazas de desalojo. El predio en el que pudieron instalarse era un basural y lo rebautizaron como “La fuerza de las mujeres unidas”. Una vez más la represión aparece como respuesta a aquellos que no tienen techo. Estas familias no son una excepción, 2,3 millones de personas viven en áreas cercanas a basurales que no cumplen con condiciones mínimas de salubridad (según los datos de la EPH).

“Para nosotros primero los últimos, los que están sumergidos en el pozo de la pobreza, los que no tienen casa” decía Alberto Fernández en un acto nada menos que en Guernica, pero el Gobierno viene destinando fondos muy escasos a la partida de vivienda y urbanismo. En 2020 la categoría recibió la menor cantidad de recursos de al menos la última década, un 0,11 % del PBI. Podrán poner de excusa la cuarentena, pero en el Presupuesto 2021 tampoco es una prioridad la vivienda,lo adjudicado para ese fin en el 2021 asciende a 0,34% del PBI pero apenas representa poco más que la mitad de lo invertido en 2015 (último año de la presidencia de Cristina Kirchner), y en términos reales tiene un poder de compra 4 veces menor. Ni siquiera mantuvieron el monto votado en el Congreso el año pasado para el 2021, hasta el momento recortaron más de un 10 % de la partida inicialmente prevista, al descender de $148.000 millones a $129.000 millones el presupuesto vigente.

¿Cuánto costaría la integración urbana de las casi 4.500 villas miseria y asentamientos relevados en el país? Según CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), requeriría U$S 26 mil millones. Con la mitad del préstamo otorgado por el FMI en 2018 alcanzaba para mejorar la habitabilidad de más de 4 millones de personas. Pero la deuda fue destinada en su mayoría a la fuga de capitales y pagar préstamos anteriores, las familias trabajadoras no fueron beneficiados con ni un solo dólar. El Frente de Todos está llevando adelante un ajuste para continuar pagando esa fraudulenta deuda externa. Es fundamental desconocerla de forma soberana y redireccionar los recursos para combatir la profunda crisis habitacional.

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