La enorme crisis habitacional afecta a miles de familias trabajadoras actualmente. Tal situación da urgencia a una medida estructural a la problemática de la vivienda.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Lunes 18 de junio de 2018
La crisis habitacional es una problemática que afecta a miles de familias actualmente, y que se hace aún más presente en los duros días de invierno que se aproximan, donde un derecho que debiera ser asegurado por el estado, está totalmente ajeno a cualquier medida por parte del gobierno.
Según el último informe emanado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), más de 500 mil viviendas sería el déficit que rodea a nuestro país, lo que se expresa también a través del crecimiento de tomas de terreno a nivel nacional. Esto sumado a las precarias condiciones en las que familias trabajadoras deben sortear el mantenimiento de sus viviendas, que muchas veces son postergadas y marginadas de cualquier clase de regulación por parte de los municipios y gobiernos locales.
En este sentido, una de las grandes promesas de campaña por parte del presidente Piñera, fue el rebajar a la mitad la cantidad de viviendas afectadas por la crisis habitacional, sin embargo, ni un suspiro da cuenta de algún tipo de respuesta que busque encarar dicha realidad, ni siquiera desde la mismísima cartera de vivienda, a cargo del ministro Cristián Monckeberg.
Medidas auxiliares pero no estructurales
Algunas alternativas que se han ido desarrollando en relación a esta problemática, pueden visualizarse en la municipalidad de Recoleta, donde el alcalde perteneciente al Partido Comunista (PC) Daniel Jadue, quien es reconocido por ser uno de los impulsores de las denominadas farmacias populares, ha comenzado a implementar el Proyecto de Inmobiliaria Popular conocido como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), consistente en la creación de condominios sociales para todas aquellas personas que no cuenten con su casa propia y vivan en condición de allegados. Sin embargo, más allá de ser medidas paleativas a la problemática habitacional, no termina de dar una respuesta de fondo a las miles de familias trabajadoras que aún esperan una vivienda digna.
Expropiar a los corruptos para una vivienda digna
Una respuesta estructural a la problemática de la vivienda solo vendrá de la mano de una gran movilización social, en la que tanto pobladores en conjunto con trabajadores, y otros sectores de la sociedad se organicen en la conquista por sus derechos. Mientras magnates, empresarios y políticos vinculados a casos de corrupción como Penta y SQM, quedan libres de polvo y paja, el pueblo trabajador es obligado a subordinarse al permanente régimen de explotación y condenados al encarcelamiento y la represión al momento de luchar por sus derechos, como ocurrió últimamente con los comuneros José y Luis Tralcal por el denominado caso Luchsinger-Mackay.
Es frente a esta indignante situación que se vuelve fundamental luchar por la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores, al igual que SQM, donde los grandes benefactores como Julio Ponce Lerou –yerno de Pinochet- quien se ha enriquecido en base a la dictadura y toda su herencia, deben ser expropiados, siendo totalmente plausible y realizable el financiamiento de los derechos básicos de la población, como educación, salud, o en este caso la vivienda.
