La posesión de Lula como ministro sigue suspendida. El Tribunal Supremo Federal tiene en sus manos la decisión. Mientras tanto hay dudas jurídicas sobre si Lula tiene fueros de privilegio o no.
Leandro Lanfredi Trabajador petrolero | Rio de Janeiro
Viernes 18 de marzo de 2016
El nuevo capítulo de la crisis política del país, luego de arriesgada maniobra del PT que despertó movilizaciones de la derecha por la renuncia de Dilma y contra la posesión de Lula, ahora llegó al Supremo Tribunal Federal. En medio de los actos de arbitrariedad que han sido cometidos por la Operación "Lava Jato" y el juez Moro, el Supremo se ha mantenido en silencio. Ahora no tendrá elección, distintas demandas están en manos de los ministros Teori Zavacki y Gilmar Mendes.
Lo que agrega ingredientes al impasse político y jurídico es la revelación de escuchas telefónicas de conversaciones entre Dilma y Lula, y el extenso uso de ellas por el "partido de los medios" para ponerlas como ejemplo de obstrucción de la justicia y así incentivar la concurrencia a los actos de la derecha y dar fuerza al movimiento por el impeachment o la renuncia. La derecha y diversos jueces argumentan que el nombramiento de Lula atiende al interés de garantizarle impunidad al tener fuero privilegiado, pudiendo ser juzgado solamente por el Supremo Tribunal Federal.
Mientras su nombramiento está suspendido y tramitan los recursos para autorizar su posesión, no se sabe la jurisprudencia en caso de que Moro defina que él deba ser preso, si ya debe ser tratado como un ministro o no. Esta duda jurídica no deja de ser expresión de las dudas políticas de la situación, donde la derecha ha logrado traccionar a algunos sectores acomodados de la clase media hacia las calles, pero sus movilizaciones no han mostrado el suficiente dinamismo "destituyente". La CUT, UNE y otros movimientos sociales que apoyan al gobierno, por su parte tendrán su prueba de fuerzas en el día de hoy, para cuando se esperan movilizaciones que seguirán ignorando los ajustes de Dilma. ¿Cuál será la lectura de la correlación de fuerzas que hará el "partido judicial"? ¿Lo preservará o seguirá el ataque a Lula y al gobierno? ¿Puede el genio volver a la lámpara una vez que fue liberado? ¿Podrá el "partido judicial" retroceder y contener sus garras de Lava Jato contra el PT?
¿Qué dirá el Supremo?
La más alta cúpula de lo que ha actuado como un "partido judicial" tendrá que mostrar sus caras. ¿Está el Supremo actuando en connivencia, incentivando los procedimientos de Curitiba? Algo es cierto, el Supremos es parte fundamental de la ubicación de "árbitro" que está teniendo el poder judicial, buscando mostrarse por encima de los grupos en conflicto. Sin embargo, ha actuado más para atacar a petistas y empresarios amigos del PT y ha preservado al PSDB y otros políticos y empresarios, en nombre de favorecer una situación más dura contra los trabajadores.
Entienda las "batallas judiciales" de ayer
Primero un juez de Brasilia -que es activo en las redes sociales y en las calles contra el gobierno- había emitido un fallo contra la posesión de Lula. Ese fallo fue derribado, sin embargo uno nuevo fue emitido por el juez de Rio de Janeiro y otros veinte están en trámite. Frente al impasse jurídico, el gobierno Dilma accionó a los abogados del Estado (AGU, Abogacía General de la Unión), comandada por Cardozo, exministro de Justicia, para interpelar al Supremo para que éste defina si Lula puede o no asumir. Además de las demandas que tramitan en la Justicia Federal, hay diez pedidos en el propio STF para suspender la posesión de Lula. La petición de Cardozo, en la que pide la suspensión de los procesos, fue encaminada al ministro Teori Zavaschi, relator de pedidos del PSB y PSDB contra la investidura del petista en el gabinete de ministros.
Además de las acciones bajo la relatoría de Teori, hay mandatos de seguridad que serán analizados por el gabinete del ministro Gilmar Mendes, considerado el ministro más crítico al gobierno en la Corte. Las acciones existentes en el STF se tramitan en forma separada. Los pedidos encaminados a Teori tienen discusiones de constitucionalidad y, por eso, suelen llevar más tiempo para ser analizados. Zavacki ya pidió a la AGU que publique la defensa del gobierno favorable al nombramiento en los próximos cinco días.
En las manos de Gilmar, a su vez, están los mandatos de seguridad que exigen decisiones más ágiles. Los ministros pueden decidir, sin embargo, llevar los casos al plenario en la misma sesión para discusión conjunta, si entienden que un pedido es compatible con otros.
De las batallas jurídicas a las políticas y la necesidad de un movimiento contra los ajustes y la impunidad
Las batallas jurídicas de los próximos días, con todo el protagonismo exhibido por el poder judicial, son parte de los movimientos de piezas del turbulento -y a veces sin reglas- ajedrez de la política nacional. Involucra no solo el juego político del PT, de los partidos parlamentarios de la oposición, del partido judicial y de los medios, pero también una continuidad de los ajustes por parte del gobierno de Dilma. Mientras sucedía todo esto, Dilma sancionó la ley antiterrorismo y los recortes siguen ocurriendo. Por eso el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) no participará en las marchas de hoy que son acríticas de los ajustes del Gobierno y se ha pronunciado exigiendo a los sindicatos y centrales sindicales que rompan con el gobierno e impulsen un urgente movimiento contra los ajustes y la impunidad.
