ROSARIO. Perotti con mano dura: policías con cartucho en recámara

Día a día se siguen sumando los violentos asesinatos. El lunes en Rosario el promedio ascendió a más de una víctima por día y hasta ahora la respuesta del gobierno y del Ministro Saín es más mano dura. A través de una resolución del cuestionado jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, se autorizó a los efectivos policiales a llevar “cartucho en recámara”, dando de baja una reglamentación del año 1998. A esto se suma el acuerdo firmado entre el Ministro de Seguridad Saín y su par nacional, Sabina Frederic para coordinar un plan de despliegue de tres mil efectivos federales para las ciudades de Rosario y Santa Fe. El jefe de la Policía de la provincia indicó a los medios que probablemente esta semana se produzca el despliegue de los agentes de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

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Por las declaraciones del Ministro Sain y de Sarnaglia todo indicaría que se apuesta dar más poder de fuego a una policía descontrolada y saturar la zona sur y oeste de la ciudad de Rosario con Gendarmería, como se ha hecho desde el 2014 con el primer desembarco dirigido por Sergio Berni en la ciudad y que sólo sirvió para aumentar las denuncias por apremios ilegales. Cambiaron los gobiernos y tanto Sergio Berni, Patricia Bullrich o el anterior Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro demostraron el fracaso de esta política de saturación: no pudieron mostrar una sola cifra de que bajó el delito. Peor aún, hace pocos días el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario Mariano Valdés y quien fue subjefe de la fuerza en la ciudad de Santa Fe, Higinio Bellaggio, fueron procesados por tráfico de estupefacientes, mostrando que las fuerzas federales también son cómplices del negocio narco.

En la provincia la podredumbre policial, asimismo, creció y se desmadró mientras gobiernos peronistas y socialistas toleraron el involucramiento inocultable de la cúpula policial en los más rentables negocios ilegales. Es decir, que la responsabilidad estatal en la crisis social y en la crisis policial, en los recovecos de las que se nutre la llamada “inseguridad”, es total y absoluta. Ahora, los mismos que provocaron esto, son los que salen a pedir más efectivos, más gendarmes, más mano dura, para que no se desmadre más la crisis social que ellos, con dedicación, generaron.

En una crisis en la que la complicidad policial y las responsabilidades políticas son claras, se autoriza que las armas policiales estén cargadas y listas para disparar. Gravísimo en general y particularmente en tierra de casos como Franco Casco, Jonatan Herrera y Pichón Escobar.

— Octavio Crivaro 💚✊🏻 (@OctavioCrivaro) 14 de enero de 2020

Para el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, encabezado por Octavio Crivaro, no es salida fortalecer a la misma policía cómplice: exigimos medidas estructurales como avanzar en la estatización de los puertos, el monopolio del comercio exterior (hoy en manos de grandes grupos privados), el control del mercado inmobiliario y avanzar contra la ilegalidad de las drogas, que es lo que permite el gran negocio narcocriminal y el delito organizado con encubrimiento policial.

Ante estas definiciones del gobierno provincial de Perotti, el Ministro de Seguridad y la cúpula policial, la integrante de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional en Rosario, Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera, que fue asesinado en el 2015 mientras lavaba su auto por balas policiales, aseguró a los medios que le parece “gravísima” la decisión de permitir a la policía llevar cartuchos en la recámara sin recibir por ello sanciones administrativas.

“La policía tiene que dar cuenta todavía por miles de casos de gatillo fácil, de desapariciones forzadas y de violencia institucional. Es una burla para aquellos que venimos peleando contra todo esto”, y continuó: “Gobierne quien gobierne la policía sigue siendo la misma. Y los perjudicados somos los que vivimos en los barrios, que siempre nos llevamos la peor parte. La policía siempre es beneficiada. Y nos van a seguir faltando más pibes”, reclamó Riquelme.

Mientras los distintos gobiernos se rasgan las vestiduras diciendo que el narcotráfico es un flagelo, ocultan que es un negocio que camina de la mano con negocios mejores vistos. Es un gran negocio capitalista que protege, tras bambalinas, el mismo Estado y los mismos funcionarios que dicen combatirlo. Bajo todos los gobiernos, además, los puertos de Santa Fe, los más importantes del país, son controlados por pooles sojeros y por las multinacionales aceiteras, que son las que deciden cuándo entra y sale algo de la provincia. Un control multinacional de nuestra “soberanía”, enormemente funcional a la proliferación del negocio narco y la entrada y salida de cargamentos de droga.

Es imposible “controlar” a una banda de delincuentes con licencia para matar. Y la historia demostró la total impotencia de las reformas sobre esta institución reaccionaria e irreformable. Está más que demostrado por distintas investigaciones periodísticas la complicidad de las distintas fuerzas de seguridad, ya sean provinciales o federales, con el gran delito. El Ministro de Seguridad Saín declara en los medios que quiere depurar una mafia, pero es parte de la política de peronistas y socialistas de darles más poder de fuego a estas instituciones que son irreformables, no sólo no van a frenar la escalada de asesinatos, sino que aumentaran la represión y el control sobre los sectores populares y en especial hacia la juventud, que ven día a día como empeoran sus condiciones de vida.