Carceles y coronavirus. Crisis sanitaria en cárceles y comisarías: ¿Qué dice el informe del Comité contra la Tortura?

La pandemia volvió a correr el velo y dejar a la vista las inhumanas condiciones d detención de las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país.
La situación no es nueva, viene sosteniéndose desde hace décadas y ningún gobierno ha resuelto los problemas de fondo, más allá de alguna que otra promesa.

Distintas protestas han tenido lugar en distintas penitenciarías del país, con reclamos comunes que parecen repetirse con o sin pandemia: falta de acceso a atención y tratamientos médicos, hacinamiento, condiciones edilicias insalubres, comida podrida o inexistente, situaciones procesales irregulares con entre el 40 y 60% de personas detenidas con prisión preventiva, son algunas de las demandas.

Desde que comenzó el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio, las falsas alertas de liberaciones masivas de presos, instaladas desde sectores de la derecha y por funcionarios del Gobierno tanto nacional como provincial, distan kilómetros de la realidad. Lo cierto es que los pocos datos oficiales no dan certeza de cual es la situación sanitaria dentro de las cárceles, comisarías y otros lugares de detención.

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Esta semana, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que desde el año 2017 funciona como organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, ha realizado un informe que da cuenta al 23 de agosto de los casos confirmados de Covid-19 entre las personas privadas de su libertad.

De acuerdo a los datos relevados, desde el 18 de marzo de 2020 al 23 de agosto de 2020, el CNPT registró un total de 1755 casos de COVID-19 (acumulados) en personas que se alojaron o alojan actualmente en lugares de encierro, de los cuales 451 casos positivos tuvieron lugar en unidades penitenciarias (UP), 209 casos en dependencias policiales o comisarías, 87 en instituciones de salud mental, 123 casos en instituciones de Niñez y Adolescencia y 885 en geriátricos.

El organismo está facultado para visitar establecimientos donde se encuentren personas en situación de encierro sin previo aviso, con el objetivo de inspeccionar las condiciones, capacidad de alojamiento, control de sobrepoblación, empleo de la fuerza, requisa y medidas de sujeción, entre otros aspectos vinculados a la privación de la libertad. Estos establecimientos comprenden las Unidades Penitenciarias, Comisarías, Institutos de menores y cualquier otra dependencia de la fuerza de seguridad en las que se encuentren personas en conflicto con ley penal. Asimismo, a los Institutos de Salud Mental, Residencias para Adultos Mayores y Hogares o Casas de Abrigo destinados al resguardo de los menores de edad.

Covid-19 en Unidades Penitenciarias

Según el informe, se registraron un total de 451 casos confirmados en unidades penitenciarias, de los cuales 308 se reportaron como recuperados y 20 como fallecidos. Al calcular la tasa de fallecimiento sobre el total de la población penitenciaria respecto a la población argentina en general, es sensiblemente mayor: La tasa de letalidad expresada en porcentajes es superior en la población carcelaria (4,4%) respecto a la registrada en la población argentina general (2,1%).

Las provincias con más cantidad de personas detenidas que contrajeron la enfermedad son: Buenos Aires que entre el Servicio Penitenciario bonaerense y el federal suman 323, Ciudad de Buenos Aires con 43, Neuquen 33, Corrientes con 27.

Casos en comisarías o unidades policiales

De acuerdo al informe serían 209 los casos confirmados de COVID-19 entre personas privadas de la libertad que se alojaron o se encuentran alojadas en unidades policiales o comisarías. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denuncia que serían más de 600 los casos confirmados en comisarías del conurbano y que el hacinamiento en esas dependencias bonaerenses alcanzó su mayor pico en los últimos quince años.

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Cárceles y comisarías: cuevas inhumanas

De esta manera define la CPM a las comisarías bonaerenses, descripción que puede extenderse a cualquier lugar de detención del país. La gravedad de la situación es tal que como vienen denunciando quienes están detenidos y detenidas y sus familiares, lo que viven en esos lugares todos los días es una tortura permanente.

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En el marco de una crisis social creciente, en la que los grandes empresarios ganan fortunas mientras millones se hunden en la pobreza, el sistema penal no puede más que empeorar la situación de quienes terminan privados de su libertad, en su mayoría por delitos contra la propiedad o narcomenudeo. La solución no pasa por construir más cárceles, como anunciaron hace unas semanas Alberto Fernandez y Axel Kicillof, más allá de los justos reclamos por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención.

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