El abogado defensor, Carlos Beraldi, solicitó al Tribunal Oral 2 que la expresidenta no concurra a los tribunales federales de Retiro el próximo lunes.

Eugenia Tulu Activista e historiadora LGTB+
Jueves 23 de mayo de 2019 15:27
El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner presentó al Tribunal Oral 2 la solicitud de autorización a fin de no concurrir a la audiencia que se llevará a cabo el lunes próximo.
Esto sucede en el marco de la causa en la que se encuentra imputada por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez. En el escrito presentado en el Tribunal se solicitó al mismo que la expresidenta no concurra a la audiencia el lunes próximo y en las siguientes fechas, durante las cuales continuarán las lecturas de las acusaciones de los fiscales del caso y de las querellantes Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera.
Entre los argumentos se aludió a un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la exmandataria.
La causa vialidad y la "patria contratista"
Esta causa es abiertamente cuestionada por los abogados de Cristina Kirchner y de parte de los acusados. Entre las irregularidades se encuentra el hecho de que no se concluyó el peritaje sobre cinco de las obras públicas en cuestión. Esos peritajes no estarán concluidos hasta agosto o septiembre de este año, cuando ya el juicio haya avanzado.
En la mañana del martes 21, en función de esta y otras irregularidades, Cristina Kirchner denunció que el juicio constituía una clara persecución política. En un texto que se difundió por las redes sociales, señaló que “se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.
A pesar de las irregularidades existentes en el juicio que se inició este martes, resulta claro que existió corrupción en el ciclo kirchnerista. Un hecho que ha sido admitido por varios ex funcionarios y por empresarios de diversos sectores.
Aquello que se conoce como “la patria contratista” fue una constante durante las últimas décadas, abarcando también los 12 años de gobiernos kirchneristas. La corrupción en la gestión estatal tuvo su muestra más trágica con la Masacre de Once, ocurrida en 2012 y que dejó un saldo de medio centenar de muertos. Julio de Vido era entonces ministro de Planificación.