Verónica Denegri y Manuel Guerrero realizaron fuertes críticas contra el ex presidente Lagos, tanto por su defensa sobre el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios de la Comisión Valech, como por su política de derechos humanos.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Sábado 1ro de agosto de 2015
Verónica Denegri, la madre de Rodrigo Rojas Denegri, quién fuera asesinado por la dictadura en 1986 en el caso "quemados", ha señalado en varias oportunidades que la política de derechos humanos que tuvo la Concertación fue una de las responsables de haber mantenido patos de silencio con las fuerzas armadas, es más señaló que los diferentes presidentes de ese conglomerado en realidad protegieron a los criminales, abandonando la lucha de los familiares y las víctimas.
Sus palabras son certeras respecto de las políticas que la Concertación llevó adelante en derechos humanos, que estuvo basada en la lógica de la reconciliación nacional, dar vuelta la hoja y hacer justicia en la medida de lo posible, como dijo Aylwin en su primer gobierno. Sobre el primer presidente de los gobiernos de la Concertación, Denegri aseguró además que fue un golpista, recordando el pasado de ese partido que fue uno de los que pidió y justificó el golpe de Estado.
Recordemos además que Verónica Denegri también fue presa política e incluso señaló que entre las torturas que recibió estuvo la violación de parte de agentes de la dictadura. Sobre el actual gobierno de Bachelet, hizo un emplazamiento a que se cierre Punta Peuco.
Las críticas a Lagos también las realizó Manuel Guerrero, cuyo padre fue asesinado en el llamado caso “degollados”. Manuel denunció que jamás se le informó que su testimonio sería guardado por 50 años en custodia del Ministerio del Interior, por lo que indicó que el ex presidente está falseando la realidad y que es necesario que se haga responsable de la política que llevó adelante.
Manuel Guerrero indicó también que tanto ella como su hermana dieron testimonio a la Comisión sobre prisión política y tortura, pero que jamás fueron consultados ni tampoco se les hizo firmar algún consentimiento para que sus testimonios se mantuvieran en secreto. La crítica también apunta a que se deja en la persona individual la responsabilidad de ir a la justicia o no, lo que evidencia una política en la que el Estado no se hizo cargo del tema, inclusive sabiendo las aberraciones cometidas.
Recordemos que en su defensa sobre la confidencialidad de los testimonios del Informe Valech, Lagos había declaró que se trató de preservar la dignidad de las víctimas, ya que una mujer le indicó que no quería que su familia se enterara de lo sucedido, añadió además “Si usted quiere justicia, vaya a los tribunales” como si se tratara de un tema individual de las víctimas y no un problema de Estado.
Organizaciones de derechos humanos envían carta a Bachelet
Por otro lado, distintas organizaciones de derechos humanos como la Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Abogados de Derechos Humanos, víctimas sobrevivientes de la Dictadura, organizaciones sociales, personalidades diversas, enviaron una carta a Bachelet en la que “la demanda de Verdad y Justicia, como una obligación a cumplir por los distintos Poderes del Estado”, señalan además que “no aceptaremos nuevamente que en nombre de una sana convivencia nacional, se renuncie a la obligación que tienen las autoridades de generar todas las acciones políticas que permitan avanzar de manera definitiva en el término de la IMPUNIDAD”.
Critican también las políticas del gobierno, como fueron las palabras de funcionarios del Ministerio del Interior donde se criminaliza a los movimientos sociales o “Cuando Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, con la anuencia del Ministro del Interior, actúa en la lógica “del enemigo interno”, se asesina a Nelson Quichillao López, minero, quien ejercía su legítimo derecho a protestar por demandas laborales y en la misma dirección se encubre con mentiras, su actuar como en el caso de Rodrigo Avilés”.
Es por eso, que exigen, entre otras cosas “1.- Cierre inmediato del Penal Punta Peuco y el traslado de los genocidas condenados a la Cárcel de Alta Seguridad, AHORA. 2.- Ordenar a las FFAA y de Orden la entrega inmediata de las nóminas de los funcionarios, activos o en retiro, que participaron en los aparatos represivos de la dictadura, para que sean puestos a disposición del Poder Judicial; de igual manera, exigir la entrega de la información que aún poseen las FFAA y de Orden respecto a la implementación del exterminio vivido en nuestro país. 3.- Poner discusión inmediata a los Proyectos de Ley que Interpretan los artículos 93 y 103 del Código Penal, que impiden la obtención de cualquier beneficio a los responsables de estos crímenes. 4.- Aprobar a la brevedad el Proyecto de Ley que sanciona a quienes hagan apología del Terrorismo de Estado e impida rendir honores y homenajes a violadores de DDHH, Proyecto ingresado en el transcurso de su mandato. 5.- Aprobar de manera inmediata un Proyecto de Ley que degrade a uniformados involucrados en Violaciones de DDHH. 6.- Envió de un Proyecto de Ley que impida que civiles implicados en el Golpe de Estado y el Genocidio, puedan ocupar cargos de representación pública o trabajar en instituciones de las FFAA y de Orden. 7.- Demandamos que se anule la prohibición de dar a conocer el nombre de los torturadores por 50 años, emanada del informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”.
La misiva termina con la exigencia a que estas medidas sean tomadas de manera inmediata.
La carta se puede leer en: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1001333276563693&id=121832001180496
Foto: AFEP
