Tras un intento de hacer pasar un ataque que implicaba cierres y fusiones de centros educativos públicos en Granada, el delegado de Educación Antonio Castillo terminó “en la calle” por la respuesta de la comunidad educativa que fue a la huelga para defender la educación pública y los puestos de trabajo.
Alberto Lozano @agitaor
Viernes 24 de enero de 2020
Por prensa y redes sociales, y a un mes de las vacaciones de Navidad; así llegó a los sindicatos del sector educativo la noticia. El delegado de Educación en la provincia de Granada, Antonio Castillo, cargo dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y miembro del partido Ciudadanos, se disponía a llevar una serie de cierres y fusiones de centros educativos públicos en la provincia, y sin contar con el consenso de la comunidad educativa. Aprobada en el Parlamento andaluz por PP, Cs y Vox, la razón de esta política no es otra que la “optimización de recursos”, lo que en la jerga neoliberal significa recortes presupuestarios.
Unos días después de dicha noticia, el delegado convocaría a los directores de los centros educativos de la provincia para exponerles, no sin oscuridad y falta de concreción, las reformas que planeaba acometer. En primer lugar, la Delegación planteaba el cierre de varias escuelas y el traslado de su alumnado y de sus enseñanzas a centros cercanos, lo que concentraría a alumnado de todas las etapas educativas, desde Infantil a Secundaria, en lo que se conocen como CEIPSOs (Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria).
La posible creación de tales “macrocentros”, sin embargo, no tuvo buena acogida entre los sindicatos educativos y las familias afectadas, que sospecharon que tal medida podía traducirse no en el aumento de unidades escolares y puestos de trabajo sino en todo lo contrario: el aumento de la ratio de alumnado por aula por encima de la legalidad, y la destrucción de puestos de trabajo.
Además, siguiendo la misma lógica de suprimir centros públicos con poco alumnado y, por tanto, costosos y poco rentables bajo la lógica privatizadora neoliberal, se planteaba el cierre de Colegios Públicos Rurales y de 52 Semi-Ds, centros rurales en los que se imparte Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria.
Tales medidas no solo suponían un ataque a la escuela pública, sino que se hacían de espaldas a la comunidad educativa, sin contar con su aprobación y de manera absolutamente antidemocrática. La respuesta no se hizo esperar, y los sindicatos USTEA y CGT, junto a FAMPA Alhambra, que agrupa a 325 AMPAs, comenzaron los preparativos de una huelga que tuvo lugar el pasado 16 de enero contra los planes del delegado.
Pero ésta no fue la única respuesta que recibió Antonio Castillo; el mismísimo consejero de Educación andaluz y miembro de su mismo partido, Javier Imbroda, aterrado por la movilización de las escuelas granadinas, lo desautorizó públicamente tres días antes de la huelga.
En otras palabras: tres días antes de tener lugar, la huelga ya se cobraba su primera victoria desestabilizando un órgano del Gobierno andaluz y agudizando las contradicciones internas de Ciudadanos, en crisis desde sus últimos resultados electorales.
La huelga del 16 de enero supuso el jaque mate para el delegado. Ese mismo día, Imbroda, lleno de cinismo y miedo a partes iguales, volvió a pronunciarse para afear a Castillo su falta de diálogo con la comunidad educativa, y llegó a declarar que la reordenación de las enseñanzas “no surgía de la Consejería”, sino que era una iniciativa exclusiva de la Delegación en Granada. Apenas unas horas después de la jornada de movilización, que tuvo un seguimiento masivo, Castillo anunciaba su dimisión. La unidad de docentes y familias había tumbado al delegado.
Imbroda no ha tardado en prometer diálogo y ha afirmado que contará con la comunidad educativa antes de llevar a cabo cualquier reforma. Asimismo, ha declarado que acudirá a una reunión el próximo lunes 27 de enero en Granada para tratar el asunto de la reordenación. Honestas o no las intenciones del consejero, es evidente que la movilización unitaria y sindical ha conseguido imponer una mesa de diálogo.
La lucha, no obstante, acaba de empezar. Es de prever que el Gobierno andaluz no escuchará a la comunidad educativa y seguirá adelante con sus políticas contra la escuela pública y en favor de la educación privada. Sin embargo, tras la huelga, la comunidad educativa en lucha se encuentra en una mejor posición que antes; no solo ha logrado debilitar al Gobierno y ha acelerado sus contradicciones internas, sino que ha fortalecido los lazos entre las familias y los trabajadores de la escuela pública. Una pequeña victoria en la larga lucha contra la política de cierres y fusiones escolares, pero una victoria total para la reorganización y el rearme del movimiento por la educación pública.
