El Tribunal Superior de Justicia anunció la condena a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia al Tribunal Constitucional con inhabilitación y multa.
Martes 14 de marzo de 2017
Foto: EFE
El TSJ anunció este lunes la sentencia con la cual condenaban a Mas, Ortega y Rigau a inhabilitación temporal para ejercer cargo público alguno y una multa de 100€ diarios. La puesta en escena hacía recordar más a los tribunales de la Inquisición o, lo que es casi lo mismo, los de la Dictadura franquista. Y la celeridad con que se aplicó la sentencia daba idea de que ya lo tenían escrito, ¿Habrá sido casualidad que se hiciese pública el mismo día que en Escocia anunciaron la voluntad de hacer un segundo referéndum de autodeterminación?
El juicio del 9N se ha demostrado claramente como un juicio político. La sentencia con la que se condena a los tres dirigentes catalanes por el delito de desobediencia al TC es completamente política. El Gobierno de Rajoy ha desobedecido en varias ocasiones sentencias firmes del TC y no tuvo condena alguna, y menos aún algún proceso judicial.
La sentencia trata de buscar un punto medio, si es que eso es posible. Por un lado que haya culpables, aunque sea del “delito” de desobediencia al Tribunal Constitucional. Por otro, tratar de atemperar el castigo como para buscar algún guiño hacia el PDeCAT. Lo cierto es que no agrada a “las partes”, ni los acusados, ni al Fiscal.
Mas, Ortega y Rigau por su parte han anunciado su voluntad de recurrir al Tribunal Supremo. También recordaron que en esta semana o la próxima el TS también hará pública su sentencia relativa al juicio contra Francesc Homs, lo cual dará una idea de qué respuesta darán a los primeros. Todo parece indicar que se llegará a Estrasburgo tal y como anunció ayer el mismo Mas.
El Referéndum será vinculante con la movilización popular
Durante la noche hubo en algunas poblaciones catalanas una cacerolada espontánea. Esta cacerolada no fue masiva y lo que le ha faltado fue el apoyo decidido por parte de los tres dirigentes condenados, los partidos políticos, las instituciones y las asociaciones civiles. No es un casual. La estrategia desde las fuerzas que hablan de referéndum es esencialmente institucional, limitando al máximo la movilización popular.
El Govern, Junts pel Sí y la CUP centran casi exclusivamente la convocatoria del referéndum en declaraciones desde el Parlament aprovechando la mayoría de la que disponen. Hay que recordar que el 9N hecho con “urnas de cartón” sin que sea vinculante tan solo como una encuesta ha despertado la rabia del TC. Imaginemos si fuera un referéndum vinculante. Si prima la política de obediencia al TC de la que hacen gala Mas y Puigdemont no habrá referéndum.
Es tan escandalosa e impune la actuación del Gobierno y el TC que la Comisión de Venecia (dependiente del Consejo de Garantías de la UE) exige que el Estado español anule las medidas excepcionales otorgadas al Tribunal Constitucional. A partir de 2015, el TC se ha convertido en un órgano judicial que actúa en todo el Estado y por encima del poder judicial. A instancias de la voluntad del Gobierno, claro.
Sin la movilización de ese 70-80% de la población que quiere celebrarlo será prácticamente imposible la realización del referéndum. Y en ese sentido, la negativa de Puigdemont, Mas, Junqueras y las diferentes organizaciones independentistas a movilizar contra la sentencia del TSJ de Catalunya significa ceder el espacio político al rancio centralismo burocrático ejercido por el Gobierno desde Madrid.
