En esta nota nuestro invitado Franz Verne analiza las características de la presente crisis política, el rol de la izquierda en el congreso y el empoderamiento de sectores de ultraderecha.
Jueves 12 de noviembre de 2020
Fotos: redes sociales
El Perú entra en una nueva crisis política dentro del panorama generalizado de crisis sanitaria y socioeconómica que ya estaba viviendo por la pandemia global. Esta vez el Parlamento aprobó la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra bajo el argumento de “incapacidad moral permanente” debido a una serie de indicios y acusaciones flagrantes sobre actos de corrupción que vendrían desde la época en que este se desempeñaba como presidente regional en Moquegua.
Más allá de entrar en detalles consabidos sobre el proceso de defenestración de Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino (entonces presidente del Parlamento), nos interesa enfocar el meollo político del asunto y su impacto inmediato para nuestro pueblo.
Carácter del conflicto
Es claro que esta siempre fue una disputa interburguesa, entre dos facciones de derecha, cada cual representando sus propios intereses y agendas políticas. Y en esta contienda perdió el que tuvo menos respaldo estratégico. La caída de Vizcarra demuestra un Ejecutivo debilitado y carente de gobernabilidad, pues —entre otras cosas— nunca tuvo una bancada parlamentaria que lo respalde y frene las arremetidas del Legislativo que sí logró consensuar su ataque en bloque bajo la desgastada argucia de la «lucha anticorrupción», cuando siempre estuvo claro que en ambos poderes del Estado el nivel de putrefacción es realmente alarmante. Ahora, con la toma del poder de Manuel Merino, quien está abocado a convocar un gabinete ministerial acorde a sus socios parlamentarios, empieza una nueva repartija del poder, que no quepa ninguna duda.
Ahora bien, el lío ha sido eminentemente político, sin trastocar el factor económico. En esta crisis institucional, la Confiep no se ha visto afectada; por el contrario, no tuvo reparos en distanciarse rápidamente (vía pronunciamiento público) del vacado Vizcarra a quien abandonan como una ficha reemplazable, como un político desgastado y sin partido propio, como un mal estratega que se autoliquidó rápidamente; y ahora le dan la bienvenida a Merino, un hombre con partido de la derecha tradicional (Acción Popular) y con un claro historial en defensa del status quo nacional. Y en este tinglado, las Fuerzas Armadas han cumplido el rol de siempre: salvaguardar los intereses de la élite con mayor capacidad de control sociopolítico. Mientras que la presidencia del Congreso queda en manos de Luis Valdez (Alianza Para el Progreso), quien tiene 52 investigaciones abiertas en el Ministerio Público, algunas por su gestión como gobernador de La Libertad (¿aquí no se aplica la “incapacidad moral”?).
En lo que respecta al carácter de legalidad de la vacancia aprobada, hay que apuntar que hace dos meses, en el contexto del primer intento de vacancia presidencial, el Ejecutivo presentó una demanda competencial y una medida cautelar, en la que se planteaba que el Congreso no podía vacar al Presidente, ya que los supuestos de incapacidad moral son demasiado laxos. La cautelar fue rechazada y sobre ese tema no hay vuelta atrás, pero aún subsiste la demanda de fondo. Entonces, para algunos analistas, el Tribunal Constitucional generó, en parte, este problema cuando no resolvió la cautelar a tiempo. Si hubiera admitido dicha medida en su momento, le hubiera ordenado al Congreso no pronunciarse sobre ninguna vacancia en aplicación del supuesto por incapacidad moral permanente, mientras no se resuelva el tema de fondo en la demanda competencial mencionada. Y aunque aún se espera el pronunciamiento oficial del TC, esto podría ser mero trámite formal que ya no cambiaría el curso de las cosas.
Izquierda parlamentaria y clamor popular
El papel de la izquierda —en términos muy generales— en esta coyuntura, ha sido difusa, dispersa o intrascendente. Durante el desarrollo de la pandemia se vio un claro divorcio entre la izquierda parlamentaria y el progresismo oficial respecto de las demandas y ajetreos de la población afectada. Se dieron procesos de lucha o movilización en barrios y comunidades buscando alimentos y mecanicismos básicos de subsistencia; asimismo, se generaron protestas sindicales contra los despidos masivos y los abusos laborales, pero ni fueron recogidos por la izquierda institucional ni se generaron políticas en favor de estos sectores. Y hoy se habla de avanzar hacia un proceso de Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Como consigna política es alentadora, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué comunidad organizada? ¿Sobre qué nivel de representación de masas? ¿Con qué izquierda como vanguardia consensuada?
Sobre las recientes movilizaciones en varios puntos del país, es cierto que se trata de marchas ciudadanistas convocadas primigeniamente contra el Congreso espurio y su vacancia ilegítima, es cierto que existe presencia de políticos oportunistas buscando pescar a río revuelto (Guzmán, Forsyth, Mendoza, Humala, etc.), es cierto que su carácter general es liberal y funcional a la defensa de una supuesta democracia corrompida y corruptora, es cierto que no se trata de una protesta de clase trabajadora. Pero no es correcto hacer un análisis despectivo o denostar al grueso de la masa movilizada como si fuera un simple pasacalle burgués. Ahora mismo esta movilización ha congregado a mucha gente que no va a defender a Vizcarra, pues vemos presencia de obreros y estudiantes que no van a favor del gobierno vacado, sino en contra de la arbitrariedad del Congreso y su pretendida repartija.
Hay varios detenidos que serán procesados, hay heridos por lacrimógenas y perdigones, hay represión generalizada. Y esto nos debe llamar a la solidaridad inmediata y a buscar profundizar el actual escenario de conflicto social. Se debe tensionar el momento para pasar de la defensa institucionalista a la protesta popular, para pasar de la indignación difusa a la abierta lucha de clases enfocando que la vacancia es irrelevante o nociva si no se plantea la abolición de la Constitución fujimorista que padecemos.
Parece ser que esta manifestación social va aclarando su rumbo de no defensa de un régimen o político vacado en particular, sino que va en contra del copamiento de poderes por parte de sectores políticos de derecha interesados en polarizar al país con su agenda propia. Entonces, podría ser oportuno seguir tensionado el momento y sentar la crítica abierta desde las calles hacia el modelo económico y su Constitución reaccionaria.
Por tanto, son rechazables las «críticas» desde cierto sectarismo pueril o purismo sesgado contra los manifestantes en acción. Podemos estar en desacuerdo, podemos cuestionar las formas ciudadanistas, podemos —y debemos— confrontar las demandas institucionalistas, pero no repitamos los ataques de la propia derecha reaccionaria descalificando al pueblo movilizado como simples «vizcarristas». Urge tener una lectura más objetiva y militante para interpretar procesos sociales que pueden estar fuera de nuestro «correcto medidor izquierdista», pero que no dejan de ser espacios sociales de incidencia directa para construir demandas de mayor trascendencia histórica. Y a partir de esto, también tomar en cuenta que la consigna «que se vayan todos» debe ir acompañado de una estrategia de lucha con política de masas que se sostengan más allá de coyunturas o enredos electorales.
Viejas fichas en el nuevo tablero
Desde antes que se haga oficial, ya se sabía que Antero Flores-Aráoz asumiría como Primer Ministro del gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Y más allá de recordar todo el perfil racista, elitista, homofóbico, prepotente, defensor de corruptos y reaccionario de pura cepa de este personaje (algo que es obviamente cierto), sería interesante ver el trasfondo y el mensaje político de esta aceptación en dicho puesto clave.
Como se sabe, Flores-Araóz fue diputado por el Fredemo a inicios de los años 90, luego fue congresista por el Partido Popular Cristiano (PPC) durante el fujimorato, también fue presidente del Parlamento (2004-2005), fue —además— representante permanente del Perú ante la OEA (2007), posteriormente fue ministro de Defensa (2007-2009) del segundo gobierno de Alan García, y luego lo vimos candidateando —sin éxito— a la presidencia del Perú por el Partido Orden que él mismo fundó y desapareció. Hoy es vicepresidente de la Coordinadora Republicana (un conglomerado de políticos ultraconservadores, líderes negacionistas, dirigentes de «Con mis hijos no te metas», seguidores de teorías de la conspiración, militares de alto rango en retiro, fascistoides confesos, etc.).
Entonces, esta reciente disputa entre derechas, entre facciones de la oligarquía tradicional (séquito detrás de Vizcarra) y la nueva burguesía provinciana (socios y entorno inmediato de Merino) a los ojos del gran capital debía salir de su entrampado y generar un aire de confianza a los dueños de la economía nacional. Si ya entidades transnacionales como el Bank of America mostraba su preocupación por el «populismo de Merino», la Confiep tenía que intervenir para calmar las aguas y colocarle un garante criollo y elitista a la intentona de la derecha provinciana.
Por ello, queda claro que el nuevo gabinete Flores-Araóz debe irradiar confianza a la gran burguesía nacional y extranjera. Les debe preocupar que hasta ahora ningún presidente de la región los ha saludado. Y hay que ver a quién nombrarán en el ministerio de Economía, en Defensa y en la Cancillería, que siempre son puestos claves que pintan el verdadero perfil de un régimen.
¿Y ahora qué?
¿Avanzar hacia un proceso de Asamblea Constituyente? ¿Asamblea Popular Constituyente? ¿Nueva Constitución? ¿Sobre qué base? ¿Existen condiciones de forma y fondo para tal aspecto? ¿Existe alguna diferencia tangible entre Vizcarra y Merino que posibilite la demanda del cese a la actual Constitución?
¿Desobediencia civil e insurgencia ante un gobierno ilegítimo? ¿Cuál es la lectura sobre la correlación de fuerzas en el campo popular? ¿Qué balance sacar del reciente papel de la izquierda parlamentaria? ¿Existe izquierda representativa a nivel de masas? ¿Qué escenario queda para el 2021?
¿Que se vayan todos? ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué viene después? ¿Existe un espectro político claro hacia la izquierda que permita ver qué puede pasar luego de esta coyuntura? ¿Con qué sectores, dentro de los movimientos sociales, se podría generar una articulación de masas? ¿Huelga General hasta derrotar al actual régimen? ¿Qué o quién asume la convocatoria? ¿En qué andan las centrales sindicales hoy en nuestro país?
Las interrogantes son muchas y deben resolverse al calor del propio proceso popular en desarrollo. Debe construirse desde abajo una alternativa que clarifique el panorama y nos encamine hacia un norte en beneficio de los intereses de la clase trabajadora y los movimientos sociales. Es menester pasar de la indignación ciudadana a la confrontación al modelo económico y el sistema político, además de extender e intensificar la protesta popular a nivel nacional. Claramente es momento de apostar por la acción directa de masas y solidaridad con el pueblo movilizado y poner sobre la mesa de discusión el rechazo frontal a la Constitución fujimorista, sus defensores y sus falsos críticos. A partir de esta dinámica es posible preparar una Huelga General y una plataforma articulada de lucha para fijar una salida viable a la crisis generada.
