El estudio realizado en Monte Maíz, un pueblo de 8000 habitantes al sureste de la provincia de Córdoba, revela que los nuevos casos de cáncer triplican la media nacional, lo mismo sucede con las neumopatías, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.
Sábado 25 de abril de 2015
En el 2007, la organización de los vecinos de Monte Maíz (Córdoba) preocupados por los problemas de salud que los afectaban, realizaron un relevamiento de los casos de cáncer y otras enfermedades que se multiplicaban por cientos en el pueblo. Luego intentaron un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para poder analizar los datos. Pero esto fue posible recién en octubre del 2014, cuando el Dr. Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, junto con su equipo de investigación, estudiantes de las facultades de medicina de la UNC y de la Universidad de Buenos Aires, realizaron un nuevo relevamiento epidemiológico de distintas enfermedades. Los datos que allí obtuvieron revelan, por ejemplo, que la incidencia de cáncer triplica la incidencia nacional, al igual que los casos de aborto espontáneo, o la incidencia de malformaciones congénitas la cual es más del doble de la nacional.
La principal actividad económica de Monte Maíz es la agricultura, allí el predominio del monocultivo y los herbicidas como el glifosato, el cual fuera recientemente declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud hace menos de una mes, son una realidad que afecta la salud de las personas desde mucho tiempo atrás.
En Córdoba, las organizaciones sociales, partidos de izquierda y vecinos se resistieron históricamente a la instalación de las grandes multinacionales como Monsanto en la provincia; hasta que en junio del 2014 se votara la Ley de Convivencia Ambiental, aprobada por casi la totalidad de los legisladores del PJ, UCR y Frente Cívico, con un único voto negativo de la legisladora del PO-Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Cintia Frencia. Esta ley otorga una "licencia ambiental", es decir un acto administrativo de autorización del Estado, a las empresas que sean aprobadas por la Autoridad de Aplicación del gobierno. Esto le da vía libre a la multinacional Monsanto a instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas, donde los vecinos venían formando una gran resistencia.
El pasado 14 de abril, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, emitió un comunicado en el que dice no haber aprobado el estudio ambiental en Monte Maíz. Unos días después, el 21 del mismo mes, el decano Juan Marcelo Cornero, de la Facultad de Agronomía de la UNC; cuyo secretario general es el ingeniero que firmó el informe de impacto ambiental para que se instale la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Jorge Omar Dutto- , presentó un pedido de sumario administrativo al Consejo Superior de dicha universidad, contra el Dr. Ávila Vázquez, por considerar que el equipo se extralimitó en las actividades autorizadas y que esto se agrava al considerar que Ávila Vázquez habría difundido, anticipadamente en la comunidad e inmediatamente en los medios masivos de comunicación, los datos de la investigación de manera engañosa. Para el 22 de abril se conformó un comité de bioética, con el fin de determinar si el trabajo del Dr. Ávila Vázquez cumple con los requisitos científicos y éticos requeridos por la ley. El mismo determinó la validez del estudio; aunque el sumario levantado contra el Dr. Ávila Vazquez y su equipo sigue en pie.
Las diferentes denuncias que realizan desde las propias comunidades por las consecuencias en la salud de la población son sólo un aspecto del entramado de fondo. Lo que se evidencia es el carácter de la producción de alimentos bajo el sistema capitalista.
La cuestión de fondo
Tal como desarrollan Natalia Morales y Lucia Ruiz en su artículo “La ley Monsanto”, Anteproyecto de nueva ley de semillas “existió en los últimos 20 años una deliberada política agraria orientada a favorecer el proceso de acumulación capitalista que eleve rendimientos y la producción de granos demandados internacionalmente (commodities), sobre la base de un modelo que exige crecientemente mayores escalas de producción, lo cual ha redundado en un proceso de concentración sin precedentes del capital agrario con un peso creciente de la transnacionales en las distintas etapas de la cadena”.
La expansión de la frontera agrícola, con la consecuente expulsión de los campesinos y poblaciones originarias, y efectos en el ambiente generadores de las mal llamadas “catástrofes de la naturaleza” como por ejemplo inundaciones a partir de los desmontes hechos en función de estos intereses, son la expresión cabal de una economía cada vez más reprimarizada.
En el artículo mencionado las autoras refieren al proyecto que desde el 2012 el gobierno nacional comenzó a elaborar de modificación de la actual Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (20.247/73) que pretende ser aprobado en el curso del corriente año para avanzar en los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, lo cual “significa una cobertura legal sobre el control del primer eslabón de la cadena agroalimentaria, sobre sus innovaciones vegetales y biotecnológicas, asegurando ganancias a futuro por parte de las multinacionales del agro” con una creciente dependencia del paquete tecnológico controlado por las corporaciones que manejan tanto el mercado de semillas como los insumos y los plaguicidas.
Si bajo el menemismo desembarcó la primera semilla transgénica: la soja RR, bajo la década kirchnerista se profundizó el reinado de la multinacional Monsanto y la tristemente célebre semilla de Soja RR-Roundoup Ready con el gen resistente al plaguicida también fabricado por la empresa.
Las multinacionales, el gobierno, las bancas legislativas de los partidos patronales, las universidades productoras de conocimiento al servicios de estas corporaciones no tienen ningún prurito en envenenar a las poblaciones produciendo un genocidio silencioso. Asimismo, los derechos de exportación (que pagan multinacionales agrarias, mineras contaminantes, petroleras y otras grandes corporaciones) más los derechos de los importadores apenas aportan el 10% de la estructura impositiva nacional, mientras que frente a esta reducida proporción más de la mitad de la recaudación proviene de impuestos que implican deducciones sobre el salario de los trabajadores. De este modo dado el carácter regresivo de la estructura impositiva se llega a la situación donde los trabajadores rurales en precarias condiciones y los trabajadores vecinos de las zonas fumigadas con el veneno concomitante al “yuyo verde”, financian su propio enfermar y su propia muerte.
Por eso es necesario que las luchas ambientales y por la salud, se realicen con una perspectiva política que persiga la planificación democrática sobre la base de expropiar a los grandes terratenientes, pooles de siembra y productores de semillas y plaguicidas.
