Apuntes Militantes Córdoba. Cruje el modelo de Schiaretti: ¿qué política necesitamos para enfrentarlo?

Córdoba viene exhibiendo una dinámica provincial que presenta varias particularidades. Si ya desde el comienzo de la cuarentena se impuso una tónica de mayor conflictividad social producto de un ataque más directo del Gobierno a estatales y trabajadores del transporte; hoy Schiaretti está cuestionado en flancos importantes de su modelo de Gobierno y, con múltiples contradicciones abiertas, atraviesa lo que probablemente sea su momento de mayor debilidad.

A los incendios que arrasaron con 300 mil hectáreas y reinstalaron la discusión sobre los efectos del modelo de agronegocio para el que gobierna, se suma la reapertura de la crisis con la represión de la maldita policía provincial. Una crisis estructural, con decenas de casos de gatillo fácil, violencia policial y trata como sello de identidad de los 20 años de gobierno de Unión por Córdoba.

En la coyuntura, si el Gobierno aún no lograba reponerse de la crisis producida por el asesinato de Blas Correa, que motivó un descontento masivo expresado en una movilización (que el Gobierno vio importante en particular por su composición de clase media-media alta) aquella volvió a abrirse con el reciente asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo.

La represión policial expresa un problema social profundo, relacionado con el control social de los sectores más depauperados y particularmente de una juventud pobre y precaria que crece cada vez más en la provincia. Como emergente de este fenómeno social profundo surgió la Marcha de la Gorra que durante varios años se mantuvo como la mayor respuesta juvenil y popular a la política represiva del Gobierno. A su vez, esta cuestión se expresa como un problema en el régimen provincial, ya que hace años viene siendo un factor dinamizador de crisis políticas en las alturas.

Por estas horas, luego de que el Gobierno presentó un protocolo que no convence a propios ni extraños y fue duramente criticado por los familiares de las víctimas de gatillo facil, fue destituido el Jefe de Policía Gustavo Velez y reemplazado por primera vez en la historia por una mujer, Liliana Zarate.

Una mujer conduciendo “la fuerza” implica un claro intento de dar fuertes señales de cambio por parte del Gobierno. Velez es el séptimo Jefe policial removido desde 2005 hasta la fecha, luego de múltiples crisis como las del narcoescándalo, el acuartelamiento, el enjuiciamiento a jefes policiales por amenazar a periodistas; cuestiones que, sumadas al desbocado gatillo fácil, contribuyeron al desprestigio social de un pilar central del régimen como es la Policía.

Todo esto se produce en un contexto signado por una crisis socio-sanitaria que se agudiza y expone la decadencia estructural de la salud pública en la Provincia. La imagen de un “gestor exitoso” de la pandemia con la que Schiaretti intentó revestirse al comienzo de la cuarentena abrió paso a la realidad de una gestión pésima, que en meses no fortaleció el sistema de salud y agravó el problema con una apertura a la medida de las grandes multinacionales. Hoy Córdoba es la provincia con mayor cantidad de internados por covid-19 del país y el personal de salud está extenuado, sufriendo todo tipo de maltratos laborales y sobreexpuesto al virus.

La crisis en el personal de salud es tan aguda que hasta la conducción del SEP, campeona del servilismo oficialista, emitió un comunicado denunciando la falta de personal y maltratos a los trabajadores en los hospitales; y mientras negoció una paritaria en cuotas para el resto de los estatales para salud negoció que el aumento sea percibido todo junto. Clara señal de que el malestar es muy extendido en el sector y la mecha es cada vez más corta.

Mientras se multiplican los contagios en fábricas y lugares de trabajo la contradicción de Schiaretti es que preserva un pacto de apertura con las grandes patronales de la industria y sólo tomó medidas de restricción parciales que lo llevaron a chocar de lleno con parte significativa de su base social: pequeños y medianos propietarios y comerciantes. Como reflejo de esto, el último banderazo contra el Gobierno nacional en Córdoba tuvo la particularidad de que, por primera vez, se expresaron también críticas contra Schiaretti. Es el mismo electorado compartido con el macrismo, base de sustentación del “cordobesismo” que dio al peronismo cordobés una importante independencia política de las gestiones kirchneristas. Hoy esa independencia, (explotada electoralmente hasta el hartazgo en una provincia donde el kirchnerismo sigue siendo la identidad que más consenso negativo produce), está puesta en cuestión por factores estructurales que condicionan la política (que es, en última instancia, “economía concentrada”).

El Gobierno Provincial está en pleno proceso de renegociación de una deuda provincial cuyo 93 % está nominado en dólares y crece $2.604 millones por cada peso en que aumente el tipo de cambio.

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Con importantes vencimientos por delante, Schiaretti está entrampado entre dos necesidades contradictorias - política y económicamente hablando-: por un lado, tiene que sostener un acuerdo con Alberto Fernández, de quien necesita su apoyo en el contexto de renegociación de deuda provincial y a quien se ve obligado a apoyar en su débil intento de contención de las presiones devaluatorias. Por otro lado, necesita gobernar una provincia sojera y no perder su sociedad política con los sectores que más pujan por devaluación como son las patronales rurales. En este contexto, el default en el que entró la Municipalidad por el no pago del vencimiento de U$ 6 millones el jueves pasado, auspicia no sólo una negociación complicada sino una perspectiva de nuevos ajustes en el sector público para pagar la deuda.

Expresión clara de esto es la fuerte represión que sufrieron los trabajadores municipales en el contexto de las medidas de fuerza por aumento salarial, que incluyó la detención de 8 de ellos.

Entramos así en una etapa donde la norma será buscar profundizar la ofensiva desatada por el Gobierno a inicios de la cuarentena para reducir lo que las patronales llaman el “costo Córdoba”, que no es otra cosa que una media salarial estatal superior a la nacional.

Con todos estos limitantes estructurales que le impiden echar mano de la “vieja táctica probada” de exagerar el cordobesismo como fórmula del éxito, Schiaretti debe gestionar una provincia cuyos índices sociales son cada vez más críticos: al 19 % de desocupación (superior a un promedio nacional que ronda el 13%) y una pobreza que supera el 40 %, se suma un mar de sectores que sufren la precarización laboral y el atraso salarial en áreas como limpieza, comercio, gastronomía, construcción, delivery, y un largo etcétera.

La fortaleza en la debilidad

En este cuadro de conjunto, y ante la inacción de las cúpulas sindicales, el descontento “crece desde el pie” y se expresa en fenómenos incipientes pero significativos de organización de sectores de base. En el sector de salud, en un contexto de asambleas y acciones callejeras, las enfermeras del Hospital Rawson se rebelaron ante el intento de la dirección del Hospital de atacar su régimen de descanso. Rápidamente apelaron al pueblo de Córdoba en una carta abierta -que se viralizó y llegó a los grandes medios- denunciando sus terribles condiciones de trabajo, y lograron derrotar el intento precarizador.

Para el próximo 10 de noviembre, se viene organizando un paro con caravana que por primera vez está organizado en común por múltiples organizaciones del sector. Como venimos reflejando en distintos sectores (limpieza, call centers, transporte, Paicor) se expresan tendencias al surgimiento de autoconvocados para reclamar por salario y mejores condiciones de trabajo. Los denominadores son comunes: en su mayoría son sectores de servicios, padecen un gran retraso salarial y las conducciones de sus sindicatos les dan la espalda a sus reclamos. En casos como el de las trabajadoras de limpieza sufren una abierta persecución sindical expresada en despidos con el aval de la conducción del sindicato, aliado del Gobierno Provincial.

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Ahora bien, si Schiaretti está en su peor momento de debilidad y frente a una crisis social que se agudiza crece el descontento por abajo expresado en autoconvocatorias de distintos sectores de trabajadores, ¿qué explica que en Córdoba no se desate una gran lucha provincial por el salario y el empleo para jaquear la política de ajuste del Gobierno? El rol que contención que vienen jugando los sindicatos provinciales y organizaciones sociales aliadas al Gobierno, que vienen garantizando la paz social para evitar que los fenómenos que surgen cambien la situación de conjunto.

Por la propia estructura social de la provincia, decíamos hace un tiempo que, oscilando entre la coerción abierta con elementos consensuales y el consenso con elementos coercitivos, en el “Estado-integral” cordobés los sindicatos actúan como base excluyente de la gobernabilidad provincial (y de sus “verdaderos dueños”: las grandes multinacionales). Mientras están los sindicatos más abiertamente “gansteriles” como el SMATA, la UOM o el SOELSAC (limpieza) que regimentan a los trabajadores con métodos más patoteriles, sindicatos de conducción kirchnerista o filo-kirchnerista como UEPC, Luz y Fuerza o SUOEM hacen de “opositores a su Majestad”, contienen el descontento en una provincia cuyos índices sociales ya se acercan a los de la crisis de 2001/2002. Aunque éstas conducciones libran luchas puntuales (en este momento el SUOEM realiza medidas de fuerza en el marco de las paritarias) no despliegan toda la voluntad de lucha que expresan las bases, y menos aún buscan una coordinación efectiva con otros sectores.

En definitiva, con mayores o menores niveles de fricción con el Gobierno, todos juegan en última instancia a sostener el régimen, al que el viejo “partido sindical” aparece integrado. Una muy breve historización para ilustrar el concepto. Recordemos que éste jugó un rol central en los críticos años 90 -donde la provincia entró en cesación de pagos a sus acreedores, dejó de recibir crédito y suspendió el pago salarial a estatales, sobre los que lanzó duros ataques- por la vía de la Coordinadora de Gremios Estatales que se puso a la cabeza del proceso para canalizar y contener el descontento social.

El resultado fue que la consigna de “huelga por tiempo indeterminado” que crecía en los plenarios de delegados de estatales, no se impuso, como tampoco las tendencias a la coordinación de base que empezaban a surgir entre estatales y las coordinadoras de desocupados que exigían la declaración de la emergencia laboral en un contexto de aumento de la desocupación y la pobreza.

La coordinadora prestó sus servicios para mantener las luchas separadas por sector (Grahovac, que por entonces no era Ministro de Educación sino Secretario Gral. de UEPC, lo defendió como las “luchas por rama”) y si bien Angeloz tuvo que entregar el poder de manera anticipada en un contexto de fuerte conflictividad social se sostuvo la normalidad institucional y la continuidad del ajuste de la mano de Mestre (padre). El “partido sindical” contuvo, a la vez que, montado sobre la lucha social, marcó ciertos límites al ajuste: ningún gobierno logró cumplir el objetivo de privatizar la EPEC, -cuyo sindicato además sostuvo, junto al de municipales, importantes conquistas-, y durante años no se logró el objetivo de armonizar la caja de jubilaciones.

Los gobiernos de Unión por Córdoba que comenzaron en 1999 gobernaron bajo esta relación de fuerzas general e integraron a los sindicatos más abiertamente a su estructura de Gobierno. Los intentos de “reflotar” la Coordinadora de Gremios en momentos en que el Gobierno buscó armonizar la caja de jubilaciones fueron deslucidos y débiles (pensemos en 2016). No hace falta decir que en plena pandemia Schiaretti armonizó definitivamente la caja sin que sonara en Córdoba una sola bomba de estruendo.

El peronismo gobernante logró una cooptación cada vez mayor de las organizaciones sociales barriales y de desocupados, centrales para garantizar que la situación social crítica no se traduzca en descontento activo de los sectores más golpeados. Un hito en la integración de los movimientos sociales fue el pasaje del Movimiento Evita a Unión por Córdoba, que fue adelantado en la Legislatura en 2016 por el pase de Ricardo Vissani (del Movimiento Evita y miembro de la bancada kirchnerista) a la bancada de Unión por Córdoba (que entonces permitió al oficialismo tener quórum propio). Poco después, todo el bloque kirchnerista en la legislatura se desintegraría.

El Movimiento Evita, que dirige la CTEP provincial, es aliada del Gobierno provincial junto a Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones menores. El Gobierno garantiza distintos programas sociales a cambio de la garantía de paz social. Así, estas organizaciones actúan como dique de contención que impide una coordinación entre desocupados y trabajadores. La tajante división entre territorio, movimiento obrero y luchas democráticas: el “divide y reinarás” del Gobierno Provincial.

En el terreno democrático, frente a cada hecho de gatillo fácil y violencia policial son los familiares de las víctimas los que se autoorganizan, como sucede en el caso de Joaquín Paredes de Paso Viejo donde los propios docentes de su escuela se pusieron al frente de organizar a vecinos, amigos y familiares para exigir justicia. La crisis que tiene el Gobierno en este aspecto cuenta con la enorme ventaja de no encontrar en la calle un gran movimiento antirrepresivo que le oponga resistencia.

Cuando se perfiló la posibilidad de un movimiento de estas características a partir de la masiva Marcha de la Gorra, el apoyo del arco progresista local (empezando por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos) a la operación estatal de relegitimación de la política de seguridad con la sanción del Código de Convivencia, colaboró en la construcción de falsas ilusiones en una reforma policial (desmentida una y mil veces por los propios hechos) y desalentó la masividad y potencialidad del movimiento antirrepresivo.

El resultado de esta política fue una moderación cada vez mayor frente a la brutalidad policial en Córdoba, al punto que, al juzgar por la práctica política de estos sectores, pareciera ser un problema que dejó de existir. Una y otra vez, frente a cada hecho de violencia policial o ataque a las libertades democráticas -como sucede en el caso de los 27 estudiantes que la justicia llevará a juicio por defender la educación pública-, el denominador común es que los organismos de DDHH como la Mesa de Trabajo brillan por su completa ausencia: no ponen su estructura al servicio de que esas demandas se organicen, se coordinen, cobren masividad, tomen las calles y pueda abrirse una gran lucha provincial contra la represión y la criminalización de la protesta. Menos aún, ni siquiera emiten declaraciones denunciando la responsabilidad política del Gobierno, por detrás de lo que si hacen los propios familiares de las víctimas con sus escasos medios y recursos.

Nada de esto es casual: es el resultado de una integración cada vez mayor al régimen provincial, que tuvo un nuevo salto en calidad en las pasadas elecciones donde el kirchnerismo político directamente bajó su lista y llamó a votar a Schiaretti, lo que no sólo colaboró con su histórico triunfo de 57 % de los votos sino que le permitió gobernar con una cómoda hegemonía parlamentaria (controlando 51 de las 70 bancas de la Unicameral) y desembarcar en la intendencia capitalina. Por si algún desmemoriado prefiriera no recordarlo, Schiaretti utilizó esa fortaleza electoral para cumplir la máxima maquiavélica que reza que “el mal se hace rápido y todo junto” y comenzó a realizar un trabajo quirúrgico de ataque a los sindicatos con más conquistas en el movimiento obrero.

A poco de las elecciones desató una ofensiva que incluyó duros ataques y judicialización a LyF, liquidó la clausula gatillo para estatales y docentes y ya en plena pandemia lanzó el ajuste jubilatorio y apoyó el ataque de LLaryora al salario y las condiciones de trabajo de los municipales.

Así las cosas, el kirchnerismo sindical, político y de las distintas organizaciones sociales aporta lo suyo para la derechización del régimen provincial de conjunto al que, por todo lo dicho, ni siquiera busca oponerle una tibia oposición política. Así se colabora a la construcción de la “fortaleza en la debilidad” de un Gobierno provincial que, aunque cruje por todos lados, conserva de su lado todos los factores de gobernabilidad.

Contra su plan: el nuestro

Frente a una crisis social y económica cada vez más aguda y un ajuste que se profundiza a nivel provincial y nacional (Guernica expresa la foto de una película), urge una perspectiva de coordinación entre los sectores en lucha. Las distintas autoconvocatorias, primeras respuestas desde abajo en distintos sectores de la clase trabajadora, por ahora expresan activismos que aunque son incipientes reflejan un estado de ánimo más general. Una primera tarea es cómo fortalecerlos. Para esto, es clave superar la situación actual donde cada día se sale a luchar y movilizar por los reclamos de cada sector por separado. Para fortalecer la respuesta que empiezan a dar las bases es importante coordinar sus demandas y acciones, ya que la lucha por sector en un contexto de ajuste general debilita la posibilidad de triunfar. Es necesaria una coordinación desde abajo y democrática, dónde todas y todos puedan opinar y votar cómo organizarse para la lucha, donde confluyan las demandas de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, ocupados y desocupados, con todos sus padecimientos.

Pero no se trata de buscar instancias de coordinación entre autoconvocados que se auto-marginen dando la espalda a los cientos de miles de trabajadores nucleados en cada sindicato: es fundamental extender la organización al conjunto de la base de los gremios, impulsando asambleas en los lugares de trabajo para levantar las demandas más sentidas. Solo así se pueden hacer fuertes las demandas de la base -que hoy se expresan en activismos más reducidos- y desde ahí conquistar los volúmenes de fuerza necesarios para exigir a las conducciones, empezando por los sindicatos que se dicen opositores como LyF, SUOEM y UEPC, la construcción de un gran paro provincial desde abajo por el triunfo del conjunto de las demandas, partiendo de la recomposición general de salarios, por trabajo con derechos para todos y el fin de la criminalización de la protesta y la represión policial.

Se trata de buscar la coordinación entre los sectores autoconvocados, las organizaciones sociales independientes, la organización que crece desde abajo en los hospitales, las escuelas, las organizaciones antirrepresivas y de las víctimas de la violencia policial, de las mujeres, para exigir e imponer medidas de lucha a los grandes sindicatos que sean capaces de jaquear la política del Gobierno de conjunto.

Desde la Red de Trabajadores precarizados e informales buscamos crear un polo entre los precarizados y desocupados para pelear activamente por esa perspectiva estratégica. La Red viene avanzando en organizar los distintos sectores a feriantes que luchan por su derecho a la fuente laboral, trabajadoras y trabajadores de limpieza que luchan por sus condiciones de trabajo y contra los despidos, repartidores, trabajadores de call center, gastronómicos, de comercio, etc.

Frente a la avanzada del desempleo, y sin dejar de exigir medidas de emergencia y trabajo para todos, impulsa una práctica militante (sosteniendo rifas y colectas) para el desarrollo de la solidaridad de clase que permita colaborar con el sostenimiento de quienes se quedaron sin sustento o fueron despedidos por luchar.

La misma práctica impulsan entre los trabajadores nuestras agrupaciones del MAC mediante la construcción de fracciones clasistas y antiburocráticas en cada sindicato que buscan que sus compañeros ayuden a organizar y levanten también las demandas de los sectores más precarios; nuestras agrupaciones en el movimiento estudiantil exigiendo a los centros de estudiantes que se pongan al frente de las demandas de la juventud e impulsen la coordinación con el resto de los sectores y la banca en el Concejo Deliberante ocupada por Laura Vilches, al servicio de las causas obreras y populares y el desarrollo de la movilización. En conjunto, impulsamos acciones en las calles, buscando el mayor frente único, para poner un freno a los ataques de patronales y gobiernos y sembrar la práctica de la pelea en unidad y mostrar que si tocan a uno nos tocan a todos. Un ejemplo de esto es la movilización en apoyo a las trabajadoras y trabajadores de limpieza por la reincorporación de los despedidos.

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Desde el impulso a instancias de coordinación democrática y la unidad en la lucha tenemos que empezar a debatir y gestar nuestro propio plan frente a la crisis. Gobierno, empresas y sindicatos tienen el suyo, basado en el ajuste estatal para destinar los recursos a la deuda y sostener la intangibilidad absoluta de las ganancias de los grandes ganadores del modelo provincial como los grandes sojeros, multinacionales y grandes superficies comerciales.

Nuestro plan tiene que ser opuesto por el vértice. Ningún peso para la deuda, que todos esos recursos sean destinados a fortalecer el sistema de salud. Impuestos progresivos a los grandes grupos económicos provinciales para sostener un gran plan de obras públicas y viviendas bajo gestión de trabajadores y vecinos que genere trabajo y viviendas para quienes lo necesiten.

Por la recomposición general de los salarios, contra la precarización laboral y trabajo con derechos para todos. Ninguna familia en la calle: puesta a producir bajo gestión de los trabajadores toda fábrica o establecimiento que cierre o despida. Basta de represión y criminalización de la protesta social. Necesitamos un programa propio de los trabajadores y sectores populares para que la crisis la paguen los capitalistas.