Este jueves, la crisis sanitaria dio un salto. En las últimas 24 horas, hubo 7.830 personas contagiadas y 193 fallecidos, cifra récord desde que comenzó la pandemia en el país. Con esto, los contagios superaron el millón. El Gobierno endurece las medidas sanitarias, mientras son millones las familias que se encuentran sin trabajo y otros tantos millones bajo la informalidad. La CUT entregó un proyecto con 15 medidas para enfrentar la crisis a la presidenta del Senado, apelando a la voluntad del Gobierno para que la crisis no la sigan pagando millones de familias trabajadoras.
Martín López Trabajador del Litio
Viernes 2 de abril de 2021
El gobierno de Piñera endureció las medidas sanitarias, a propósito del récord de contagios y el número de fallecidos diarios desde que comenzó la pandemia. Parte de las medidas del Gobierno es cerrar las fronteras por 30 días, límites a los permisos laborales colectivos, el inútil toque de queda que nada ha ayudado a combatir la pandemia, ahora desde las 21:00 horas, y la supuesta limitación de las actividades que el propio Ministerio de Economía y Hacienda hace un año llamaron “esenciales” y que ahora modificarán bajo el concepto de "bien esencial de uso doméstico", abarcando actividades relacionadas a los medicamentos, alimentos, aseo e higiene personal, exigiendo a los supermercados no vender productos que no sean esenciales.
Esto se suma a la “ayuda social” que la semana pasada anunció Piñera, como la extensión del seguro de cesantía y las suspensiones para que esta rueda siga girando. El bono de Ingreso Familiar de Emergencia sigue siendo transitorio y focalizado, al igual que los bonos de clase media, con letra chica, sin cubrir la diversidad de dificultades que existen en esta crisis sanitaria; es decir, debemos seguir pagando con nuestros ahorros una crisis que no es nuestra responsabilidad, mientras los grandes grupos económicos como Luksic- que doblegó su fortuna- y las grandes firmas mineras que saquean nuestros recursos llevándolos al exterior, siguen amasando abrumadoras ganancias a costa de la salud de las familias trabajadoras expuestas a contagiarse.
Pero ¿estas medidas realmente reducirán los focos de contagios, la cantidad de muertos y el riesgo para la mayoría de la población?
La CUT presenta 15 medidas de su tercer plan de emergencia
«Nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores» Assata Shakur.
El mismo jueves, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y candidata a constituyente por el Partido Comunista, en conferencia de prensa presentó el tercer plan de emergencia para que el Gobierno enfrente la crisis sanitaria.
Entre las 15 medidas presentadas a la presidenta del Senado, la demócrata cristiana Yasna Provoste, se encuentran las siguientes propuestas: renta básica de emergencia que llegue al 80% de la población, de $500 mil; fortalecimiento estatal del seguro de cesantía; prohibir los despidos en las empresas que se han acogido a la ley de “protección” al empleo; el tercer retiro del Fondo de Pensiones; control de precios sobre productos alimenticios, sanitarios y servicios básicos; impuesto a los súper ricos del 2,5%; y royalty a la minería de al menos el 10%.
Dentro del planteamiento que hace la CUT hay cuestiones que son importantes para la población como el impuesto a los súper ricos, el royalty a las mineras que es un derecho mínimo que hay en todos los países donde se explotan recursos naturales no renovables excepto en Chile, e incluso lo de la renta universal de $500 mil; el problema que tiene lo anunciado por la Central dirigida por el Partido Comunista, es que no muestra un camino para conquistar este tipo de demandas- que en algunas incluso significa tocar las ganancias de los empresarios-, más que confiar en lo que podrían decidir los partidos del régimen en el Congreso o este Gobierno criminal y empresarial.
La estrategia de la CUT no es más que apelar a la voluntad de los empresarios y el Gobierno, apelar a la voluntad de quienes son responsables de que actualmente en el país la cesantía supere el 10% con más de 938 mil desocupados; los mismos que son responsables, con el aval de los partidos desde la UDI hasta el Frente Amplio y el PC, gracias a la maldita ley de protección al empleo, de que hoy existan 1.078.125 personas suspendidas- que no perciben sueldo o montos muy por debajo de los salarios-, algo que la CUT sigue respaldando mediante la naturalización de no despedir trabajadores en "empresas que estén acogidas a esta ley", cuando las cifras entre despedidos y suspendidos son más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores los que se encuentran en este momento sin sustento laboral.
Pero, no son sólo estas amargas cifras, sino que producto de la misma crisis sanitaria, los despidos y las suspensiones, son 2.161.170 las personas que se encuentran trabajando bajo la informalidad, esto es, bajo la regla de la precarización y el trabajo sin derechos mínimos como los que tienen los empleos formales.
Entonces, ¿qué hacer para conquistar un real plan de emergencia?
Hay que romper la tregua y levantar un plan de lucha para un real plan de emergencia frente a la crisis
Bárbara Figueroa denuncia que este ya es el tercer proyecto que la CUT presentó al Gobierno para enfrentar la situación de emergencia, y puede ser que sigan un cuarto y hasta quinto proyecto, si es que la estrategia de la principal central obrera del país sigue siendo la denuncia testimonial, el diálogo con empresarios, y apelar a los responsables de esta crisis para resolver la misma; es decir, casi un insumo que sirve más para una campaña presidencial que para mover, a través de la organización y movilización, a las y los millones de trabajadores que hay en el país.
Es necesario que la CUT pase de la cuestión testimonial, junto a los grandes sindicatos de los sectores estratégicos, a romper la tregua con Piñera y los empresarios, promoviendo la unidad y la coordinación del pueblo trabajador para defender nuestras condiciones de vida a través de un plan de lucha en perspectiva de un paro nacional para conquistar un real plan de emergencia, el que sólo puede ser conquistar con la fuerza de las y los trabajadores.
Un plan de emergencia para que la crisis la paguen los empresarios y no las familias trabajadoras que parta por: 1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000; 2) Prohibición inmediata de los despidos y suspensiones, asegurando el pago íntegro del salario y la derogación de la Ley de Protección al Empleo. La creación de Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo para decidir la suspensión de labores no esenciales o readecuación, y la paralización total de toda actividad no esencial; 3) Unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios; 4) Fin al toque de queda y de militarización. Derogación de las leyes represivas y libertad a los presos de la revuelta; y 5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar el plan de emergencia.
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Para conquistar el conjunto de estas demandas, es necesario fortalecer la organización, coordinación y movilización del pueblo trabajador. Apelar a la voluntad de quienes nos llevaron a esta crisis, es llevar a nuestras familias a un callejón sin salida más que seguir siendo las y los que carguemos la crisis sanitaria, económica y social.
