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Red Internacional
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DEBATE CONFLUENCIAS. ¿Cuál sería el contenido de la posible confluencia entre Podemos e IU?

Iglesias parece ahora más dispuesto a pacto. El programa y la hoja de ruta en la negociación con el PSOE están fuera de discusión. Pero ¿Es ese el contenido de la alternativa que necesitamos los trabajadores y sectores populares?

Santiago Lupe

Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN

Viernes 15 de abril de 2016

Foto: EFE

La posibilidad de que se repitan elecciones en junio reabre la discusión en Podemos sobre la confluencia o no con IU. Un debate que no es nuevo, ya que ocupó buena parte de la escena antes del 20D, pero en el que la posición de una parte de la dirección del partido morado parece que ya no se mantiene en el “no” rotundo. Se trata del mismo secretario general, Pablo Iglesias, que el pasado miércoles declaraba al respecto que "tengo que hablar con Alberto Garzón. Es difícil, es complejo, pero creo que nos debemos esa conversación".

Iglesias contaría con el respaldo de su nuevo secretario de organización, Pablo Echenique, y la corriente Anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán. Sin embargo es más complejo que su número dos, Iñigo Errejón, se salga de su defensa de lo que denomina “transversalidad”. Una línea consistente en huir de toda asociación de Podemos a algo que huela a izquierda, más allá de que las coincidencias en el programa entre ambas formaciones sea altísima.

A la espera de que este giro de Iglesias se confirme, ¿A qué se debería? La primera razón que se puede venir a la cabeza es la aritmética. La suma de los votos de Podemos e IU el 20D superaba a los obtenidos por el PSOE, es decir daban para el soñado sorpaso, aunque se quedaban a más de un millón de ganar al PP. Además, aparecer con una marca nueva que pudiera venderse como más a la izquierda (ya que IU en su discurso, que no en el programa, ha querido conservar ese perfil), podría servir para entusiasmar en la campaña y cubrir con un tupido velo todas las concesiones puestas sobre la mesa en las pasadas semanas para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE y Cs.

Hay otro eje que no podemos pasar por alto. Las cosas en casa andan revueltas. Las diferencias entre Errejón e Iglesias dejan al bloque de dirección dividido, esencialmente por ver quién controla el aparato y los ritmos de la negociación con los socialistas. Unas diferencias que pueden hacer menos monolítica la elaboración de listas respecto a las del 20D. Si Iglesias toma la iniciativa y logra un acuerdo con Garzón, puede ser una maniobra para fortalecerse en el reparto de los puestos de salida.

Como vemos, igual que antes del 20D, los parámetros de la discusión no se salen de las negociaciones y debates en torno a reparto de cargos, optar por una marca u otra y otros aspectos de la videopolítica. El gran ausente, una vez más, es el debate programático. Pero esto no debería sorprender a nadie. En el papel se pueden encontrar muchas semejanzas entre ambas formaciones. En su práctica política reciente también. Tanto Garzón como Iglesias han estado trabajando codo con codo para facilitar un “gobierno de progreso” en estos meses.

Ninguno de los dos se ha cuestionado ni una coma de las cesiones programáticas presentadas al PSOE para que se aviniera a incluirlos en un próximo “gobierno de progreso”, aunque este estuviera basado en una hoja de ruta realmente licuada y que llevaba a la redición estatal de experiencias ya vividas en gobiernos municipales o regionales, como el Tripartit catalán o ahora en Valencia.

Garzón fue el primero en plantear abiertamente que la cuestión del referéndum catalán podía apartarse, cuando en febrero planteaba que "El referéndum hay que defenderlo, mantenerlo, pero no ponerlo como línea roja que se anteponga a la lucha contra la desigualdad o la pobreza". Una cesión que aceptaría Podemos más tarde con el “pase a comisión” del asunto, relegándolo a un debate paralelo entre el PSC y En Comú Podem que no debía condicionar el acuerdo de investidura.

Ahora bien, sin duda ha sido Iglesias quien más medidas programáticas se ha atrevido a entregar. Desde la aceptación del “despido por causas económicas” de la reforma laboral del 2010 hasta la reducción del plazo para acceder a puertas giratorias a 5 años, pasando por el copago farmacéutico o la jubilación a los 67.

Seguramente, de acabar dándose una confluencia entre ambas formaciones, esto pueda reverdecer el entusiasmo entre muchos jóvenes y trabajadores de izquierda. Incluso subsanar las decepciones tempranas de algunos con estos meses de negociaciones por arriba. Sin embargo, lo que cabe preguntarse es ¿sobre qué programa se llevará adelante dicha confluencia? Y sobre todo, una vez pasadas las elecciones, ¿hasta dónde se está dispuesto a abandonar dicho programa en favor de un gobierno del PSOE para evitar que repita el PP?

El historial de IU y sus cogobiernos con el PSOE en Andalucía y otras comunidades, y el más corto pero intenso de Podemos estos meses, ya anuncian que los contornos de esa confluencia serán el de programas limitados de entrada con medidas de regeneración política del régimen y reformas sociales respetuosas con la gran propiedad capitalista, el pago de la deuda y las disposiciones de la UE, y, lo que es peor, la voluntad de convertir esos programas en “agua de borrajas” para facilitar un pacto con el PSOE.

El argumento de que es a lo único a lo que se puede aspirar, dados los previsibles resultados electorales, no por mucho repetirse puede convencer mucho. Es el mismo sobre el que se ha sustentado el turno bipartidista durante tres décadas: para evitar que gobierne el PP, facilitemos que lo haga el PSOE, aunque sea aplicando unas políticas muy similares. Pero incluso, aun obteniendo una mayoría más holgada -como obtuvo Syriza en 2015-, el problema del contenido del “gobierno de progreso” que plantean Podemos e IU es que su negativa a levantar un programa de ruptura con el régimen, de imponer mediante la movilización un verdadero proceso constituyente que no esté encorsetado en la legalidad del 78 y a defender un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, lo conduce inexorablemente a reeditar la vieja experiencia de la socialdemocracia devenida en social-liberalismo.

Esto, lejos de ser una especulación malintencionada o una comparación histórica cogida de los pelos, es lo que ya estamos viendo hoy mismo en Grecia. El gobierno de Tsipras es quien aplica, a un año y medio de su primera victoria, el memorándum de la Troika y la política de expulsión masiva de refugiados de la UE.

¿Es esta la vía que tenemos que repetir en el Estado español? Lamentablemente esta es la propuesta de las direcciones de Podemos e IU, seguidas con más o menos críticas por buena parte de la izquierda social y grupos como Anticapitalistas. Una versión aggiornada del viejo “mal menor”.

Afortunadamente, ante este panorama van surgiendo también iniciativas como la de No Hay Tiempo Que Perder, de la que Clase contra Clase y quienes escribimos en Izquierda Diario somos parte, que se propone comenzar a agrupar en torno a un programa anticapitalista y de clase. Una iniciativa joven y aún muy a contracorriente, pero que está dando pasos firmes para construir un frente político que pueda servir de alternativa a la propuesta del nuevo y viejo reformismo.

En las próximas semanas se irán definiendo muchas incógnitas sobre el panorama político en general y el mapa de la izquierda en particular. Sin duda lo que pase finalmente con la investidura es la primera pieza de la fila de dominó, pero las cartas de Iglesias y Garzón ya están presentadas. Ante el anuncio de apostar por una hoja de ruta que ya conocemos, la reforma superficial del régimen y facilitar un nuevo gobierno socialista (con o sin tripartito), es hora que aquellos que nos reivindicamos anticapitalistas y revolucionarios avancemos en construir una alternativa.


Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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