Tribuna Abierta. Cuando ‘Billy el niño’ fue una estrella del cine (de terror)

Se trataba de una petición formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que había presentado un escrito para reconsiderar un acuerdo anterior de la Mesa de la Cámara contra la publicación del historial del torturador. Dicho expediente revela que el Estado premió con reconocimientos públicos y grandes sumas de dinero la represión de militantes comunistas, sindicalistas y estudiantes.

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Durante su servicio al Estado, Billy el Niño se dio a conocer por las torturas que infligía a los detenidos durante los interrogatorios. Sus méritos en la Brigada Político-Social, encargada de perseguir y aplastar a la disidencia antifranquista, le valieron el ascenso a inspector y no pocas gratificaciones económicas, además de varias medallas otorgadas por los gobiernos de turno, incluido el del ministro Rodolfo Martín Villa, cargo político con Franco que se pasó a la democrática UCD. Estas condecoraciones, que el gobierno de Rajoy se negó a retirarle, no solo le garantizaron un rico estipendio durante su carrera policial, sino que incrementan su pensión en un 50%.

Pese a los honores que el Estado español ha brindado al torturador, en 2013 la jueza argentina María Servini dictó una orden de búsqueda y captura contra González Pacheco y otros miembros de la policía franquista por el delito de torturas. Sin embargo, la Audiencia Nacional española rechazó su extradición alegando que los delitos por los que se reclamaba al inspector habían prescrito. Cabe destacar que esta misma jueza también emprendió la busca y captura del ex ministro Martín Villa, antes mencionado, por crímenes de lesa humanidad entre los que destaca el asesinato de cinco obreros en la represión de la huelga general de Vitoria de marzo de 1976.

En este contexto de protección institucional del torturador, la posición de Unidas Podemos ha causado incomprensión e indignación a partes iguales entre sus simpatizantes y electores. El revuelo que se levantó el martes llegó a tal nivel que, pocos minutos después, la formación de Pablo Iglesias rectificó y anunció que apoyará la publicación cuando vuelva la solicitud a la mesa. Además, Iglesias y su diputado Pablo Echenique, declararon vía Twitter que el voto en contra se debió a “dudas jurídicas” y a una “equivocación”.

Con este movimiento aparentemente contradictorio, podría pensarse que Unidas Podemos, ahora con responsabilidades de gobierno junto al PSOE, está protegiendo al policía quizás bajo la presión del aparato del Estado. Hubo un tiempo, sin embargo, en que la figura de ‘Billy el niño’ no era un tabú para la izquierda. El torturador, famoso por su sadismo, alcanzó tal notoriedad entre los militantes de izquierdas de Madrid que hasta fue retratado en la ficción. El célebre director Juan Antonio Bardem convirtió al terrorista de Estado en un personaje de su película 7 días de enero (1979). La cinta narra los convulsos acontecimientos políticos de enero de 1977, entre los que se incluyen el asesinato del estudiante Arturo Ruiz, la matanza de los abogados de Atocha, y huelgas políticas por la democracia en las que las recién nacidas CCOO se enfrentaron al boicot del Sindicato Vertical.

Magistralmente interpretado por el actor Alberto Alonso, ‘Billy el niño’ es retratado como una pieza clave en la organización del terrorismo de Estado y de ultraderecha que, con el apoyo y hasta bajo las directrices de la policía, sirvió para reprimir la movilización obrera y de la izquierda revolucionaria que exigía la ruptura total con la dictadura franquista y una transición democrática real, desde abajo y dirigida por la clase trabajadora. En lugar de esto último, la policía y los escuadrones fascistas se encargaron de garantizar un pacto entre las élites y el trasvase del antiguo aparato del Estado franquista al del nuevo régimen concebido en la Constitución de 1978, que se ha presentado oficialmente como un periodo pacífico y de consenso social.

La “modélica” Transición democrática española fue un baño de sangre. Entre los años 1975 y 1982, el historiador Gonzalo Wilhelmi [1] contabiliza 253 víctimas mortales de la violencia política de la Policía, la Guardia Civil o grupos paramilitares fascistas asociados a las fuerzas de seguridad del Estado; la historiadora Sophie Baby [2], por su parte, cifra los fallecidos en 291. En cuanto a los heridos por la violencia política, los números que estiman diferentes investigadores van de los 1.000 a los 3.000 [3]. Estas cifras revelan que el alto nivel represivo de la dictadura no disminuyó en pro del diálogo democrático, sino que se mantuvo con el objetivo de anular la actividad de los partidos de la izquierda revolucionaria, los sindicatos, los trabajadores en huelga y los movimientos sociales.

Resulta curioso que en ese clima político tan marcado por la violencia hubiera menos tapujos que hoy para denunciar públicamente a torturadores fascistas como ‘Billy el niño’. Viendo la reciente persecución y censura de tuiteros, artistas y periodistas, como es el caso del libro Fariña, por cuestionar el orden político vigente, no es descabellado pensar que, si hoy se grabara 7 días de enero, sus autores acabarían sentados en la Audiencia Nacional.

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La hoja de méritos de ‘Billy el niño’ es incómoda para quienes pretenden olvidar la verdad detrás de la mal llamada Transición democrática; una verdad que pone en duda la legitimidad del aparato del Estado y el relato oficial según el cual el régimen del 1978 nace de la concordia y la paz social. Una verdad más ruidosa que nunca antes ahora que las contradicciones del orden político del 1978 se han agudizado.

La crisis territorial en Cataluña y la crisis institucional que se plasma en la enorme fragmentación del arco parlamentario son síntomas de la decadencia del Estado fallido que ‘Billy el niño’ ayudó a cincelar a golpe de pistola, porra, tortura y cárcel.

Esta democracia no se funda sobre la tumba de Franco sino sobre los cadáveres de quienes cayeron combatiendo la dictadura, una dictadura que sigue teniendo nombres y apellidos dentro de las instituciones políticas y las grandes empresas españolas. Quienes están retrasando u ocultando deliberadamente la revelación de esta verdad, ¿acaso creen que podrán regenerar lo que está en pleno estado de putrefacción?