Con la abstención de Unidas Podemos se consiguió aprobar el decretazo digital y el fortalecimiento de un Régimen más antidemocratico. Se consuma así la integración de los Comunes en el mismo, aun sin haber formado todavía gobierno con el PSOE.
Jueves 28 de noviembre de 2019
Recuerdan la carta que Podemos mandó a todos sus afiliados en la que advertía de que habrá que hacer nuevas concesiones de cara al futuro gobierno de coalición con el PSOE. Esta fue remitida pocos días después de que se hiciera público el pacto entre ambas formaciones.
Bien, pues eso es lo que ya se está empezando a hacer desde la formación que dirige Pablo Iglesias. Rebajar al mínimo las expectativas del "si se puede" con el que Podemos irrumpía hace cinco años a cambio de unos sillones en el nuevo Ejecutivo de Sánchez.
Y con que celeridad se han puesto desde Unidas Podemos a trabajar en materia de concesiones. El gobierno de Pedro Sánchez convalidaba ayer el decreto ley de seguridad digital, es decir, el decretazo digital para combatir la "república digital catalana". Y lo hacia con la abstención de Unidas Podemos. Bajo pretexto de un acuerdo entre PSOE y UP que permita "suavizar" la ley, eso si.
Sin duda, esta no es una concesión a la que se la pueda llamar "menor". Es todo un ataque hacia las libertades democráticas y de expresión. Un decretazo digital que se sitúa como un apéndice de la Ley Mordaza vigente y que no solo dará vía libre a la represión y criminalización en Catalunya, sino en todo el conjunto del Estado español. No hay barniz posible para "suavizar" tamaño ley represiva.
Ni se ha formado aun el Gobierno social-liberal "progre" con el PSOE, ni es seguro que este pueda llegar a formarse, antes ERC tiene que dar aun mayores muestras de su leal retorno al autonomismo. Pero lo que si es ya un hecho es que desde Unidas Podemos y los Comunes han culminado su integración a un Régimen que en lo esencial seguirá legislando para el Ibex35 y contra cualquier aspiración democrática como es el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.
Y si de comunes hablamos, cuan lejos quedan ahora las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando se publicó en el BOE el decreto digital y dijo que la intervención de internet significaba "un ataque a los derechos y libertades fundamentales, no lo podemos permitir". ¿No dice nada después de la abstención de Unidas Podemos? ¿No dice nada de que su "hermano mayor" de Podemos esté dando validez a la criminalización?
De hecho y volviendo al tema de las abstenciones de los Comunes como forma de dejar pasar los ataques por omisión, Ada Colau tiene mucho que decir también. En uno de los últimos plenos del ayuntamiento, y quizá esto pasó más desapercibido para el resto del Estado que la demostración empírica de la entrada en bancarrota de Podemos de ayer, Barcelona en Comú se abstuvo de que el ayuntamiento se personara como acusación particular contra la mala praxis policial durante la represión contra miles de jóvenes que salieron a protestar como respuesta a la sentencia del Supremo.
Más allá de que la propuesta fue planteada por el grupo municipal de ERC, el mismo que forma parte del Govern de la Generalitat y que se puso también al frente de la represión, con los Mossos d’Esquadra a la cabeza, la abstención de BenComú no es sino una muestra más de la criminalización hacia el pueblo catalán y de la plena integración a este régimen como pata izquierda del PSOE del 155 y la represión.
Y es que los "ayuntamientos del cambio" han sido desde hace años la avanzadilla de esa integración en el Régimen. No en vano, Colau lleva casi un año cogobernando la ciudad de Barcelona con los "socialistas" del PSC. El mismo partido que durante décadas impulsó e impuso la Marca Barcelona, gestionando los intereses de los lobbys de la ciudad, a la vez que se reprimía y perseguía a la juventud y a los inmigrantes sin papeles y demás sectores populares.
Con una izquierda neoreformista en la plenitud de su decadencia, integrada totalmente ya en un Régimen que en lo inmediato deberá seguir los dictados de la Troika para que los pobres sigan pagando las crisis venideras, no hay nada que hacer.
Ante ello, es necesario plantearse una izquierda radicalmente diferente. Es fundamental levantar una izquierda que tome como bandera la independencia política de todos los partidos al servicio de los capitalistas y que impulse la autoorganización y movilización de la clase trabajadora y los sectores populares.
