CANAL DE ISABEL II. Cuando el agua se convierte en el lucro de unos pocos

Foto: EFE

Con el dinero de los madrileños durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González -este último presidente de la propia empresa- la especulación empresarial reinó en el Canal de Isabel II. A través de un extenso y oscuro entramado de filiales que se fueron adquiriendo sin otro objetivo que hacerse con concesiones en Latinoamérica para especular y encarecer el suministro de agua. El entramado lograba interponer sociedades instrumentales para facturarse entre si y dificultar el control, y así incrementar el negocio y la apropiación de los recursos públicos a costa de las clases populares en Latinoamérica y el Estado español.

Se han facturado en múltiples ocasiones las mismas obras en beneficio de la cuenta de resultados de empresas subcontratadas, con el objetivo de saquear las cuentas públicas. Se hincharon, además, a colocar enchufados en estas empresas públicas sin ningún control de acceso, más allá del puro clientelismo. Se realizaron multitud de supercontratos millonarios diseñados “ad hoc” para facilitar todo tipo de favores políticos hacia altos cargos políticos, al modo de puertas giratorias desde lo público donde también existe esta práctica. Algunos de sus gestores, nombrados bajo la responsabilidad del gobierno del PP, compatibilizaban el cargo público con la gestión de empresas privadas ubicadas en paraísos fiscales. En definitiva, se han dedicado a asegurar los beneficios de unos pocos a costa de las arcas públicas y gestionado por aquellos que solo creen en el desmantelamiento de todo lo público.

Todo ello saltó a la luz pública recientemente, tras el inicio de las sesiones de la Comisión de Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid que investiga si la gestión y expansión del Canal de Isabel II ha podido causar daños económicos en los recursos públicos de la Comunidad. La gestión de esta empresa pública ha permanecido absolutamente oculta para los ciudadanos madrileños. Mientras, el servicio del agua es cada día más caro y se encuentra gravemente amenazado de privatización por los mismos que ya lo utilizan como su propio cortijo.

El Canal de Isabel II presta servicio nada menos que a 9,73 millones de personas, de los cuales 3,10 son latinoamericanos, e ingresó en 2015 nada menos que 860 millones en el Estado español y 20 millones en Latinoamérica. Tiene, además, 6.200 empleados, 3.000 de ellos en Latinoamérica.

A finales de la semana pasada el Canal de Isabel II cerró 12 filiales de un total de 20 que controla en este último continente. Parece ser que se han deshecho de empresas con poca actividad o cuyas actividades no se relacionan con el ciclo integral del agua, según declaran desde los órganos de gestión del Canal.

Entre tanto, el Gobierno de Cristina Cifuentes está “reflexionando”, ahora, sobre cuál debe ser el modelo de negocio exterior de la empresa, sobre todo a raíz de diversos escándalos relacionados con toda esa expansión.

Parece ser que no habían visto hasta ahora, según parece, toda esa red de especulación y corrupción empresarial que se fue construyendo, dirigida por cargos de su confianza nombrados por ellos mismos para gestionar las diferentes empresas públicas creadas y que han resultado en muchos casos ruinosas inversiones.

Casos tan significativos como el de la empresa Hispanagua, creada por el Canal de Isabel II en 1995 y que se vio inmersa en un escándalo en el año 2008, cuando se detectó que existía un agujero financiero de 700.000 euros. Sorprendentemente un año antes, en 2007, Hispanagua tenía resultados impresionantemente buenos y se esperaba una facturación cercana a los 45 millones de euros con unos beneficios previstos de más de 2 millones de euros, cuando el año anterior había obtenido un beneficio de apenas 300.000 euros.

Otra de las empresas adquiridas por el Canal, la brasileña Emissao, fue comprada por 21 millones de euros y solo un año más tarde pasó a valer 5 millones. Nadie se responsabilizó de la adquisición y las consecuentes pérdidas sufridas, ya que los auditores declararon que ellos no tenían competencias sobre la decisión de compra y que se limitaron a constatar la pérdida patrimonial sufrida al año siguiente.

Sin embargo, las declaraciones del antiguo directivo de Hispanagua, Jaime Lafora, en la Asamblea de Madrid no dejaron lugar a dudas sobre lo que venían siendo prácticas que calificó de “conocidas y aceptadas” por la filial y el propio Canal. El ex directivo, por ejemplo, declaró que se certificaban desplazamientos para lecturas repetidas de contadores que no se efectuaban en realidad porque “teníamos que dar beneficios” y para no tener pérdidas “tenían que meter un clavo”.

Pero esto no nos puede extrañar si tenemos en cuenta que el entonces gerente de Hispanagua era Gerardo Díaz, que actualmente está siendo investigado en la Operación Tosca por supuestos amaños de contratos en Melilla. Este personaje declaró en la Asamblea que fue él mismo quién detectó las irregularidades en la subcontratación de empresas, indicando que estas pasaban desde certificar encomiendas no realizadas a la realización de otras por el personal propio del Canal aunque eran facturados externamente y señalando que estas prácticas eran habituales al menos desde el año 2000.

En definitiva, un auténtico saqueo de lo público sin control ni límites, según las propias declaraciones de ex altos cargos directivos. Pero es evidente que nada de todo esto se podría haber producido sin el consentimiento político y la complacencia y complicidad del gobierno del PP.

Este modelo de gestión pública de carácter empresarial, deja blanco sobre negro que la alternativa para evitar las prácticas corruptas y el uso inapropiado y especulativo de lo público pasa por plantear un sistema de gestión democrática de los propios usuarios y trabajadores. Organizados en comités de control y gestión directa que hagan imposible cualquier comportamiento que suponga las más mínima privatización de los servicios públicos y asegure las garantías necesarias para que la actividad de estas empresas tenga una finalidad social en favor de los intereses y necesidades de las clases populares y trabajadoras.

Nada de subcontrataciones que desvíen recursos para el beneficio de las empresas privadas y abran la puerta a corruptelas y negocietes de los amigos. Nada de gestores especuladores con sueldazos que realicen una gestión privativa e interesada en beneficio propio y de sus amigos y benefactores políticos y empresarios. Nada de detraer recursos públicos de todos en favor de los ricos.