Macri y un discurso demagógico sobre las instituciones y los “gastos” de la política. Anuncios de ajuste recubiertos con un discurso de tipo Carrió.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Martes 31 de octubre de 2017
En nombre de las instituciones Mariano Rajoy impide al pueblo catalán ejercer su libre derecho a decidir. En nombre de un falso republicanismo, Mauricio Macri impulsa una política de ajuste y achicamiento de lo que llama, despectivamente, “gasto público”. El liberalismo ya ni siquiera se toma el trabajo de disimular.
El discurso republicanista fue retomado ayer por Macri como uno de los componentes del “acuerdo nacional” alrededor del cual propone un consenso. Ese acuerdo, señalemos, tiene por objetivo esencial avanzar en una política de ajuste contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.
(Falsos) institucionalistas
Si la crítica del republicanismo hacia el kirchnerismo fue el “pasar por encima de las instituciones”, una mirada atenta mostraría que, en el universo de Cambiemos, las cosas tienden a parecerse.
La casta judicial sostiene una prolongada política favorable al actual oficialismo. Se evidencia en la constante citación a funcionarios del anterior gobierno, pero también en una creciente criminalización de la protesta social.
El juez Martínez de Giorgi acaba de procesar a 22 de los 31 detenidos el pasado 1º de setiembre. Ese día, como se recordará, se montó una verdadera provocación policial con infiltrados, que terminó en decenas de detenciones arbitrarias. El magistrado, como ocurre con el conjunto de su casta, lee los resultados electorales como un guiño a girar a derecha.
En sentido inverso, el Partido Judicial libera de culpa y cargo a velocidad ultrasónica a los referentes oficialistas. Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue embargado por $ 8 millones y, en menos de 72 horas, logró que la medida de levantara. La aceleración se contrapone, por ejemplo, con la demora extrema de la Corte Suprema para tratar los recursos presentados por la defensa de Milagro Sala.
Si el Poder Judicial opera como aliado de la gestión política estatal, el oficialismo se encarga muy bien de hostigar a aquellos que no comulgan con su discurso. Viene bien recordar el pedido de juicio político contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, por haber fallado a favor de los trabajadores bancarios en la paritaria de ese gremio. El Ministerio de Trabajo los acusó de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional. Decirle “apriete” suena a poco.
Avivadas
Macri criticó a quienes se beneficiaron al utilizar al poder del Estado. “Ya vimos que no sirvieron los atajos, ya vimos adónde nos llevaron las avivadas”, fue la definición claramente guionada.
La afirmación resulta chocante viniendo del funcionario que hace algunos meses tuvo que retroceder del escandaloso acuerdo firmado entre el Estado y Correo Argentino. Es decir, entre SU gobierno y una empresa de SU familia.
Esa fue solo una de las “avivadas” de la gestión macrista que no llegó a concretarse. Otra fue confesada, recientemente, por el mismo Macri en rueda de prensa cuando señaló que su hermano había blanqueado “dentro de la ley”. Olvidó aclarar que esa parte de la ley fue modificada por decreto…por él mismo.
La fuga de dinero a paraísos fiscales (Panama Papers) o los negociados con la obra pública (Odebrecht) tal vez deban ser añadidos a la profusa lista. Las “avivadas”, señalemos, tienen carácter de clase. Son los empresarios y los CEO del Gobierno de Cambiemos, aprovechando su lugar en el Estado.
Entre las “avivadas” más pequeñas hay que hacer constar la llegada de familiares a puestos en el mismo gobierno nacional. Igual que en el blanqueo, los beneficios no solo se aplican a familiares directos. Como lo ilustra Gabriel Vommaro en el libro La larga marcha de Cambiemos, la intimidad del mundo de los CEO fue fundamental para armar los equipos políticos de Gobierno. “Ser amigo de” resultó el mejor pasaporte para acceder al Estado. El argumento utilizado fue que se trataba “de los mejores”. Hasta ahora nadie ha podido certificarlo.
Los gastos de la política y la demagogia
Macri utilizó el acto en el CCK para poner bajo fuego los “gastos” de la burocracia política. Casi en el final de su discurso se despachó contra las legislaturas provinciales, los trabajadores de la Biblioteca del Congreso de la Nación y los empleados judiciales, entre otros.
Bajo el cliché de la “modernización del Estado”, Macri utiliza el desprestigio de la burocracia política estatal entre algunos sectores para fundar un discurso que tiene por finalidad avanzar en políticas de ajuste. En el esquema del gobierno, la poda debe caer sobre trabajadores y jubilados entre otros.
La memoria presidencial aparentemente volvió a fallar. En su listado olvidó la ampliación de cargos jerárquicos por parte de su gestión. Según un informe publicado en abril, la estructura del Estado nacional creció en un porcentaje cercano al 25 %. El número de ministerios se elevó de 16 a 21, el de secretarías de Estado de 70 a 87, y el de subsecretarías de Estado de 169 a 207.
Sobre ese proceso Gabriel Vommaro señala que “la creación de secretarias y subsecretarías tenía como objeto ofrecer salarios más elevados que los que podían pagarse al incorporar a los managers a la estructura burocrática ya existente”.
En julio de este año, en lo que parecía una broma, el gobierno nacional por medio del Boletín Oficial designaba a María Belén Cardasz como Directora de Movilidad en Bicicleta. Un cargo por el que percibiría alrededor de $70 mil mensuales.
El discurso macrista que presenta un ataque a los “gastos de la política” silencia su propio aprovechamiento del poder del Estado. Consignemos que el mismo presidente cobra una cifra superior a los $ 200 mil, mientras los integrantes de su gabinete reciben alrededor de $ 183 mil. Montos exorbitantes que multiplican por diez el promedio salarial de la clase trabajadora argentina.
Privilegios de casta y gastos del Estado
La colonización del gobierno por parte de la CEOcracia macrista no hizo más que continuar un proceso que se desarrolló durante el kirchnerismo. Proceso que, en general, se verifica en cualquier cambio de gestión al frente del Estado. Máxime en la Argentina pos 2001 donde, como ya se ha señalado, el partido político por excelencia resulta ser el Estado nacional.
El principal “gasto” de la política reside en los enormes ingresos de la casta política que gestiona ese Estado en interés del gran capital. Dietas y sueldos superan largamente los $ 100 mil entre ministros del Gabinete, legisladores nacionales y la cúpula del Poder Judicial.
El discurso macrista no cuestiona esos privilegios de casta. No puede hacerlo. Sencillamente porque son y han sido parte de esos mecanismos de manera directa. Hoy como funcionarios, ayer como empresarios.
Esos privilegios tampoco fueron cuestionados en el ciclo kirchnerista. Debajo de los nombres propios –se llamen De Vido o Gustavo Arribas- se esconde un enorme aparato estatal cuya función esencial sigue siendo garantizar la continuidad del poder del capital. Sus pilares esenciales residen en esa burocracia política de funcionarios que se enriquecen y en las fuerzas represivas del mismo Estado.
Desde 2013 el PTS en el Frente de Izquierda empezó a plantear que todo funcionario o legislador cobre igual que un trabajador o un docente. Una medida elemental para acabar con esos privilegios de casta antes descriptos. Como no podía ser de otra manera, macrismo y kirchnerismo siempre se negaron a tratar legislativamente esa propuesta. Los discursos contra la corrupción y los “gastos” de la política quedan en el vacío sin tocar esa estructura.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
