La Audiencia Nacional ha condenado este lunes a María Lluch, acusada por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a víctimas de ETA, por la publicación de unos twitts entre noviembre de 2012 y agosto de 2014.
Nerea Frejlich Zaragoza | @NFrejlich
Viernes 5 de febrero de 2016
Foto: runrun.es
Dos años de prisión y ocho de inhabilitación. Esa es la sentencia de la Audiencia Nacional para una joven de Valencia que publicó chistes negros sobre Irene Villa y Miguel Ángel Blanco, ambos víctimas de ETA, en su cuenta de twitter. Además, María Lluch tendrá que asumir los costes procesales.
Durante el juicio, los comentarios de María han sido considerados de una crueldad extrema. "Rezuman pura maldad sin paliativos" o "niveles de crueldad, vejación, humillación y falta de piedad de proporciones superlativas" han sido algunos de los adjetivos utilizados para definir twitts como "El humor negro mola, pero el sumun son los de Irene Villa. Son la bomba", u otros en los que se linkeaban vídeos de youtube con chistes sobre la misma persona.
Según declara María Lluch “algunos de estos twitts no llegaron a tener una gran difusión, tan solo fueron compartidos por una o dos personas, no tienen ningún tipo de relación con la banda terrorista, tan solo pertenecen al género humorístico negro, cruel si se quiere considerar, pero que en ningún caso va más allá del género literario, que es precisamente eso, una forma de liberación a través de mofa, de mayor o menor gusto sobre un asunto, depende del consumidor”.
La libertad de expresión, presupone la capacidad de escuchar, seleccionar y determinar la relevancia de lo dicho. Existe el derecho a la indiferencia, a la crítica. María ha declarado que “si algún familiar o la propia Irene Villa hubieran comunicado su ofensa ante alguno de sus comentarios, automáticamente lo hubiera borrado, ya que su intención no era ofender a nadie, es un chiste que no trata de enaltecer el terrorismo, los chistes de Irene Villa incluso pueden sustituirse por otro nombre”. En este caso los denunciantes no han sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sino directamente la Fiscalía del Estado.
Madame Guillote, como se la conoce por su cuenta de Twitter, ha sido también juzgada y condenada por enaltecimiento del terrorismo al escribir en repetidas ocasiones “Gora ETA”. Además de escribir un fragmento de la canción de la banda musical Soak: “Carrero voló y hasta las nubes llegó. Ay, Carrero, el primer astronauta español", en referencia al atentado contra el almirante Luís Carrero Blanco por parte de ETA en 1973, entonces presidente del gobierno franquista. El Tribunal ha considerado que no es necesario ser la autora original de las proclamas para considerar el delito.
El caso de María Llucha es parte de toda una campaña persecutoria contra docenas de jóvenes por parte de la Fiscalía. Lo que se persigue es cualquier manifestación que pueda molestar a la sacrosanta imagen del Régimen español y su simbolismo. La “unidad de los demócratas” y el “ETA No” han sido dos de los pegamentos del consenso del 78, sobre todo para legitimar legislaciones liberticidad como la Ley Antiterrorista o la Ley de Partidos, o juzgados de excepción como la misma Audiencia Nacional, la heredera del Tribunal de Orden Público de la dictadura.
Sin ir más lejos, el mes pasado, otro joven, Ibai Otxoa, fue condenado a un año de prisión por escribir en twitter comentarios contra la Infanta Cristina. Y ya son 23 las personas condenas a prisión dentro de la llamada operación “araña”, una cruzada persecutoria a través de las redes sociales.
Sin embargo, los ataques machistas a través de las mismas redes sociales hacia las mujeres de la CUP o el acoso y derribo hacia Carolina Bescansa de Podemos. En estos casos, los comentarios obtienen impunidad pura y dura de las instituciones estatales.
En el mismo sentido gira la campaña de persecución contra diferentes medios de prensa alternativos o fotoperiodistas, agudizada en los últimos meses tras la aprobación de la Ley Mordaza. La persecución y procesos condenatorios hacia fotoperiodistas como Raúl Capín, se unen a los casos de María Lluch o Ibai Otxoa en esta persecución contra la libertad de expresión a través de las redes sociales y que forma parte de la cruzada represiva contra tantos jóvenes, activistas y trabajadores que luchan por defender sus derechos y libertades democráticas.
