JUICIOS DE LESA HUMANIDAD. Cuando el intento de impunidad no puede esperar

Foto: Leo Petricio

En el día de ayer y a pocas horas de ganar Mauricio Macri las elecciones presidenciales, el diario La Nación publicó su editorial titulada “No más venganza”, llamando al nuevo presidente a terminar con los juicios a los genocidas, cuyos juzgamientos comenzaron una vez anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003.

Los editorialistas intentaron no sólo equiparar los delitos cometidos durante el Genocidio con delitos comunes, sino también desempolvar la vieja teoría de la “guerra sucia.” Pero muy contrariamente a lo esperado, fueron los propios trabajadores del diario quienes rápidamente salieron a repudiar estas declaraciones y luego de una masiva asamblea emitieron un comunicado público distanciándose de la línea editorial.

Desde nuestra participación como querellantes en distintos juicios por delitos de lesa humanidad en el país, hemos denunciado ya hace un tiempo los propios límites del kirchnerismo en los mismos y el intento por imponer una ideología que terminara con estos juicios y, concretamente que no avanzara con uno de los sectores claves, partícipes directos del genocidio como ha sido el civil y dentro de ellos, el gran empresariado nacional.

Durante los 9 años transcurridos desde el primer juicio a los genocidas, han sido poco más de 200 los represores condenados en todo el país. Algunos de ellos con condenas irrisorias, como ha sido el caso del conocido servicio de Inteligencia Raúl Guglielminetti- quien fuera custodio del propio Alfonsín a la salida de la dictadura militar- quien fue condenado en Neuquén en causa “Luera” a 12 años de prisión. Y esto es una consecuencia clara y consciente de haber juzgado en forma desmembrada y sólo a algunos genocidas por muy pocos casos, y no por Centros Clandestinos de Detención o circuito represivo como reclamáramos.

Negar la verdad implica también desconocer e intentar ocultar la participación fundamental de jueces y funcionarios, como cita a algunos de ellos, de Pedro Hooft o Néstor Montezanti. Este último, sobre cuya situación reclama la editorial de La Nación, fue apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la Universidad Nacional del Sur desde 1971. A lo largo de su carrera Montezanti defendió y asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de las Universidades Nacional del Sur y del Comahue, Remus Tetu, y al general Adel Vilas, quien tenía bajo su órbita al CCD La Escuelita de Bahía Blanca.

Estos funcionarios, como los cientos actuantes en todo el país, brindaron un aporte fundamental no sólo mediante el archivo de los habeas corpus y denuncias que presentaban los familiares de los desaparecidos, permitiendo el resultado final de miles de ellos, sino que hasta algunos participaron de sesiones de tortura, tal lo investigado y declarado en causa “Pedro Laurentino Duarte y otros” del Juzgado Federal de Neuquén Nº Dos, iniciada recién en 2013 y que aún no avanzado en más que dos indagatorias.

Pero también el entender al genocidio perpetrado entre 1976- 1983 sólo como un “marco”, en muy pocas sentencias, y no cómo el delito mismo, implica negar que hoy debieran estar juzgados civiles como Pedro Blaquier, Vicente Massot de La Nueva Provincia y la ex Editorial Atlántida, o responsables por los grupos Rocca y Techint. Todos ellos han sido empresarios amigos del gobierno saliente.

No es verdad, asimismo lo afirmado por la editorial acerca de un supuesto “vergonzoso padecimiento” de los condenados y aún los investigados. Lo cierto es que muy pocos represores se encuentran en cárcel común. Durante estos años ha sido una constante el otorgamiento de prisiones domiciliarias por el sólo hecho de cumplir 70 años. Pero asimismo, un alto porcentaje de imputados se encuentra excarcelado. A poco resolverse el procesamiento de cada represor, automáticamente sus defensas inician incidentes denunciando graves enfermedades.

No hay verdad histórica sin la apertura de los archivos de la represión, y sin conocer la identidad de cientos de jóvenes. No hay verdad sin saber quiénes son los responsables de las desapariciones de miles de compañeros, y sin que nos digan qué han hecho con ellos. Eso es responsabilidad del Estado y durante la última década no se ha avanzado sobre todo ello. Bajo este gobierno ha desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y ha sido a manos del aparato represivo.

Sabemos que tendremos que luchar contra el macrismo y este nuevo llamado a la reconciliación y la impunidad que impulsan sectores económicos, políticos y la Iglesia. Pero lo que desconoce la editorial de La Nación, y que reafirman sus trabajadores, y que no pudo cooptar ni desviar el kirchnerismo, es que somos miles en todo el país los que resistiremos a la impunidad, y seguiremos peleando por lograr juicio y castigo a todos los genocidas. Como siempre.