CASTILLA Y LEÓN. Cuando la salud pública y las condiciones laborales van de la mano

Con 520 casos nuevos y un total de 7.875 afectados por Coronavirus en Castilla y León según las ultimas noticias, la sección sindical de CGT en la Junta de Castilla y León de Valladolid ha denunciado la respuesta que se está dando en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, a pesar de la terrorífica avalancha de contagios y fallecimientos que se vienen produciendo en las Residencias de Ancianos de la comunidad. Siendo que incluso ha tenido que intervenir el ejército para desinfectar una veintena de residencias, especialmente en provincias como Soria y Segovia.

La alarmante cifra que confirma que el 90% de fallecidos en Castilla y León vivían en residencias de ancianos obliga a exigir que, tanto a trabajadores como a usuarios, se les faciliten la necesaria protección contra el virus: «este es el momento de la prevención y de evitar contagios en Residencias de Ancianos, Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos y Centros de Menores», explican en su comunicado.

Desde el Sindicato exigen que se tomen de una vez medidas serias para la prevención del contagio, que se garantice la dotación de medios en el número y periodicidad precisos y se fortalezcan las plantillas necesarias. Exigen protección laboral y sanitaria para el personal socio-sanitario, administrativo, de limpieza, cocina y mantenimiento de los centros dependientes de esa Gerencia. Es un sector que está trabajando en primera línea contra el virus, con un enorme compromiso para la solución del problema y la atención a nuestros mayores, menores y discapacitados.

Esta negligencia por parte de las Administraciones, tanto de la comunidad como del gobierno central, afecta a trabajadores públicos de la sanidad, de los servicios sociales, y del mantenimiento de estos. Pero también a profesionales que desarrollan su labor en el mismo ámbito desde el Tercer sector (ONGs y asociaciones), de forma muy precarizada. Muchas llevan adelante un trabajo esencial de cuidados de la sociedad no centralizado desde la administración pública como ocurre con las trabajadoras del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) que en la mayoría de los casos están subcontratadas por empresas privadas ante la privatización de servicios públicos o la negación de la administración de asumir la cobertura de estos servicios básicos.

Te puede interesar: Las trabajadoras del SAD se movilizan ante los planes privatizadores de BComú

«Hemos comprobado que todo este personal, en muchos casos, no tiene los medios de protección suficientes y se mantiene en una situación de precariedad que afecta tanto a la seguridad de los profesionales como a la de residentes, los cuales son población de riesgo», informan desde el sindicato.

«No podemos permitirnos el lujo de esperar a que nuestros trabajadores y usuarios se contagien, es imperativo que se dote a los trabajadores de todo el material y con la periodicidad necesaria para salvaguardar su salud y la de los usuarios a los que atienden», continúa el comunicado de CGT Castilla y León.
De esta manera, exigen que entre las medidas preventivas a adoptar contra el COVID-19, se respeten las necesidades personales de los trabajadores y sean considerados especialmente sensibles a este riesgo en los casos de aquellos que por sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, embarazo o cualquier otra situación, y se les libere de prestar sus servicios.

Exigen también una política de comunicación clara y organizada para los trabajadores, de manera que se conozca el alcance real de la enfermedad, que en la mayoría de casos no se corresponde con la información que vienen recogiendo en los centros de trabajo.

Además, critican que la fórmula elegida por el Gobierno Autonómico es la improvisación, tanto en términos de dotar a los trabajadores de material de protección escasos, formación nula del personal ante el conflicto como en la falta de protocolos etc. Denuncian que la falta de medios hace que la gestión de la crisis se esté llevando a cabo saltándose las normativas de la propia Junta de Castilla y León respecto al COVID-19 y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

“La Gerencia de Servicios Sociales no sólo no se ha anticipado, sino que ha dejado las Residencias de Ancianos en general, y la Asistida (Segovia) en particular, en manos de una dirección que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias”.

La tendencia de la Administración Pública de Castilla y León a delegar responsabilidades en la dirección, como denuncia el comunicado de CGT en el caso de la Residencia Asistida de Segovia, o la no intervención y estatalización de las residencias privadas coincide con la tendencia del gobierno central del estado a dejar en manos de las patronales el cierre de las actividades productivas no esenciales hasta ahora, no intervenir y nacionalizar los recursos y profesionales la sanidad privada, etc.

Esta tendencia improvisadora se observa también en la “gestión” que está haciendo de la crisis el Gobierno central a nivel estatal. En las intervenciones y ruedas de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la improvisación es una constante, proponiendo medidas estrella que rápidamente se demuestran impotentes, y resignándose al contagio y fallecimiento de cientos de personas, sobre todo personas mayores y población más desprotegida, sin importar demasiado la diferencia ideológica de los partidos que conforman sendas administraciones públicas.

La realidad es que el gobierno central ha llegado tarde a la aplicación de medidas como la aplicación de test masivos que debían haberse puesto en marcha desde la declaración del estado de alarma sino antes. Siguen resistiéndose a tomar medidas, como la intervención y nacionalización de la sanidad privada para poner todos sus recursos al servicio de esta crisis sanitaria mundial, para recuperar el dinero público que todavía debe la banca o para acabar con la miseria y el impacto económico que la pandemia está generando en la clase trabajadora. Al contrario, las medidas que sí que están tomando son pactos con la patronal y con la burocracia sindical para hacer una reforma laboral encubierta que precariza todavía más las condiciones laborales de los y las trabajadoras que somos quienes sacamos adelante la producción y la economía para que le devolvamos las horas no trabajadas por la pandemia a nuestros jefes, mientras moviliza 200.000 millones de euros para amortiguar la pérdida de ingresos de grandes empresas cuyas cifras de beneficios anteriores son astronómicas.

Además de los trabajadores y trabajadoras del tercer sector, también existen unos 23.000 trabajadores y trabajadoras públicos interinos en fraude de ley en la comunidad y a 500.000 personas en todo el Estado. Estos trabajadores y trabajadoras se encuentran en situación de temporalidad irregular, y precariedad pues dependen de la arbitrariedad y antojo de la propia Administración. La situación, enquistada desde hace décadas en todas las Administraciones españolas ha sido denunciada ante el Parlamento Europeo, ya que España oculta a la UE que la temporalidad que aplica es ilícita e incumple la Directiva Europea de protección al trabajador temporal porque cubre necesidades permanentes con contratos temporales que se prolongan más allá de lo que marca la Ley, sin que haya sanción para la Administración y solución para las trabajadoras por ahora.

Ante esta situación de pandemia, todos estos trabajadores y trabajadoras esenciales en situación de interinidad tienen que pasar a plantilla, así como llevar a cabo la contratación de más profesionales para suplir a quienes no pueden trabajar, y que a quienes desempeñan su función en el tercer sector también se les garanticen las condiciones sanitarias y laborales necesarias para el desempeño de su función. Además, todos estos profesionales están sometidos ahora mismo a una gran presión psicológica que solo con el reforzamiento de las plantillas y la prestación de un servicio de ayuda psicológica especializado, que ya se está poniendo en marcha, pero para cuyo funcionamiento también hacen falta profesionales, se puede mitigar.

Desde Izquierda Diario no podemos dejar de plantearnos qué pasaría si fueran los propios trabajadores y trabajadoras quienes se organizasen para cubrir todas estas demandas de manera autónoma y autoorganizada. Los trabajadores y trabajadoras somos quienes mejor conocemos los puestos de trabajo y las necesidades de los mismos, así como los riesgos que entrañan. Si estos trabajadores fuesen quienes gestionaran los medios sanitarios, los EPIS, y los tiempos, así como quien tiene que trabajar, cuantas horas y de qué manera se podría garantizar el mínimo riesgo de contagio y la cobertura de las necesidades socio sanitarias agravadas por la pandemia.

Estas son las medidas que venimos proponiendo desde la CRT, organización política que impulsa este diario

Si eres un trabajador o trabajadora de este ámbito u otro, estás de acuerdo con que la crisis económica y sanitaria no la tenemos que pagar otra vez las trabajadoras, te convencen las medidas que proponemos o quieres hacer tu propia denuncia mándanos tu aportación a [email protected].

Es más evidente que nunca que las soluciones que necesitamos no van a venir desde un estado que prefiere dejar infectarse y morir a una parte de la clase trabajadora, antes que meterles mano a las grandes fortunas, la patronal, la Iglesia o la Banca. Es vital que los y las trabajadoras no seamos sujetos pasivos que soportan con resignación la catástrofe, para ser sujetos activos de la transformación social, productiva y económica que necesitamos, que diseñen un futuro y construyan una salida a esta crisis desde y para los de abajo.

Movilízate y toma partido, tu opinión y militancia son más necesarias que nunca.