El cuádruple femicidio vinculado que ocurrió en Santa Fe, en vísperas de Navidad, abrió el debate sobre el accionar de la Justicia. Diversas organizaciones exigen medidas urgentes a las instituciones del Estado.
Viernes 30 de diciembre de 2016 14:39
Romina llegó a la Comisaría 19 de Sauce Viejo, cerca de Santa Fe, con los dedos de la mano quebrados, golpes en los brazos y piernas y un corte en una de sus orejas. El 23 de diciembre fue la última vez que denunció a su ex pareja antes de que Marcos Feruglio matara a cuatro integrantes de su familia e intentara asesinarla a ella. Pero no era la primera vez que lo hacía: ya lo había denunciado otras dos veces, en 2014 y en marzo de este año. Mientras avanza la investigación por el cuádruple femicidio vinculado, distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, de derechos humanos y de la comunicación, organizadas a través de la mesa de Ni Una Menos de Santa Fe, presentaron ayer una denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades institucionales. Exigen la destitución de Andrés Marchi, el fiscal que estaba de turno los días 23 y 24 de diciembre, cuando la chica fue a pedir ayuda a la justicia. Cuatro muertes podrían haberse evitado si las medidas de protección se activaban a tiempo.
Las organizaciones pusieron el foco en la omisión de los operadores de justicia del Estado santafesino de brindar protección a Romina. La violencia institucional contra las mujeres se configura por acción u omisión según la Ley 26.485. “Romina hizo todos los pasos que tenía que hacer para denunciar ¿Qué más le podemos pedir a Romina? ¿Qué más le podemos pedir a las mujeres?”, se preguntó ayer Lucila Puyol, una de las abogadas denunciantes, durante la conferencia de prensa. Y desarrolló: “El fiscal no tomó en cuenta las diligencias debidas. El Ministerio Público de la Acusación tiene un protocolo que se llama Guía de atención para las violencias contra las mujeres que tiene pasos muy claros. La posición del fiscal fue muy negligente”.
El escrito fue presentado ante el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal. Las organizaciones exigen que se inicie un proceso de investigación, remoción y destitución de Marchi, que se desempeña en la “Unidad Especial Armas de Fuego”. El texto de 18 páginas señala las “faltas graves en ejercicio de sus funciones y la posible comisión del delito doloso de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según el artículo 248 del Código Penal, en virtud de haber omitido realizar las diligencias necesarias al tomar conocimiento de la denuncia efectuada por Romina D. en la Comisaría 19 de la localidad de Sauce Viejo y Comisaría de la Mujer de la Ciudad de Santo Tomé en fecha 23 de diciembre de 2016 a raíz de haber sufrido lesiones y amenazas de muerte para ella y su familia por su ex pareja Marco Feruglio”.
“Más allá de la condena que vaya a recibir Feruglio esperamos que el poder político y el Ministerio Público de la Acusación tome las medidas para rectificar lo que ocurrió”, dijo Puyol. La abogada se refirió a la “doble vara” de la justicia patriarcal. “Si a un comerciante le sucede lo mismo que a Romina y denuncia toda la maquinaria judicial y policial se activa en busca de esa persona que lo amenazó y agredió. No sucede lo mismo con las mujeres. Sigue considerándose un tema del ámbito privado”, dijo.
En el escrito las organizaciones enumeraron las omisiones judiciales: no se tomaron las diligencias de seguridad necesarias para proteger la vida y la libertad de la víctima y su familia; no se dio intervención a los organismos de atención primaria para casos de violencia machista. “Estas omisiones constituyen el incumplimiento del deber de debida diligencia que corresponde a los Estados en los términos de los tratados internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres”, señalaron las abogadas.
Romina tiene 20 años y tuvo tres hijxs con Feruglio: dos mellizas y un varón. Estaban juntos desde que ella tenía 13 años. El vínculo estuvo marcado por la violencia machista. Hace casi un año, la relación terminó. Según el relato de ella, el viernes 23 el agresor la increpó porque no quería ir a la Justicia para acordar la cuota alimentaria de lxs chicxs. Él le gritó, le pegó en la cabeza y le quebró los dedos de la mano. También le dejó una marca detrás de una de sus orejas.
Romina fue a la Comisaría 19 de Sauce Viejo con su madre, Claudia Oliva, y la pareja de ella, Nicolás Estrubia. Por las heridas, la trasladaron en ambulancia al hospital Cullen. Más tarde, y por decisión del fiscal Marchi, fue derivada a la Comisaría de la Mujer de Santo Tomé. Allí, volvió a relatar la discusión y los golpes. Contó que no era la primera vez que Feruglio le pegaba. También le dijo a las agentes que, por precaución, se iría a la casa de su papá, Gustavo Dusso.
El fiscal consideró que las lesiones de Romina eran “leves” y postergó el accionar hasta el día siguiente. Ya era tarde. La madrugada del 24, Feruglio mató a cuatro familiares de Romina: su madre y la pareja de ella; su padre y su hermana menor. También intentó asesinarla a ella y a la pareja de su padre.
En 2015 hubo 235 mujeres asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres, según el Registro Nacional de Femicidios que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 20 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a los asesinos por violencia machista.
