Neuquén. Cuando las y los elefantes pararon el fracking en Vaca Muerta

Durante casi dos meses, la primera línea de combate a la pandemia, se convirtió también en la primera línea de la lucha de clases. Trabajadores y trabajadoras de hospitales y centros de salud de toda la provincia de Neuquén se rebelaron contra el pacto miserable del 12% firmado el 25 de febrero entre el gobierno de Omar Gutiérrez y Carlos Quintriqueo, el repudiado secretario general de ATE, convertido en su ladero.

Desde que el 2 de marzo se realizó la primera asamblea interhospitalaria en el monumento a San Martín, la lucha fue in crescendo: marchas masivas a la casa de gobierno, cortes de calles y rutas, caravanas, festivales, etc. El 1° de abril -jueves santo- el conflicto pegó un salto con un nutrido corte de la ruta nacional 22 en Arroyito. La transmisión en vivo mostraba al país a los trabajadores y trabajadoras de la salud, el cordón de gendarmes y un sector de supuestos “turistas” que realizaron un “contrapiquete” e impidieron el paso de ambulancias. En el momento más tenso del día, un obrero de la construcción levantó una barricada manejando la retroexcavadora: un símbolo de lo que despertó la lucha de salud en la clase trabajadora. Tras esa jornada se realizaron caravanas a lo largo y ancho de toda la provincia: la provocación de los “turistas”, había fracasado.

El 7 de abril la lucha daría un nuevo salto, abriendo una crisis política provincial con alcances nacionales. Lo que había iniciado a las 4am de ese día como un nuevo corte, en las rutas petroleras, se prolongaría durante 22 días, llegando por momentos a los 40 piquetes en toda la provincia. Los piquetes afectaron diversas actividades según la zona donde se realizaron. En las localidades cordilleranas del sur de la provincia, como Villa la Angostura o Junín de los Andes, la principal afectación fue al comercio internacional con Chile. Los piquetes en Zapala, Picun Leufú y Piedra del Águila, afectaron al comercio regional y, junto con el del Puente Carancho dificultaron la circulación del turismo. En cuanto al circuito petrolero, los piquetes en Rincón de los Sauces afectaron parte de la actividad convencional y no convencional. En el caso de Plaza Huincul, la medida bloqueó el acceso al Complejo Industrial, la refinería de YPF S.A. Pero el foco de atención estuvo puesto en la localidad de Añelo y las distintas vías de acceso a las áreas calientes de Vaca Muerta.

¿A quiénes se enfrentaron las y los elefantes?

La lucha de las y los elefantes enfrentó [1] al gobierno de Omar Gutiérrez, a la burocracia sindical que pactó el ajuste, y también a las empresas para las que gobierna el MPN. Es difícil encontrar una huelga que se haya metido por tanto tiempo y en una misma batalla, con capitales tan poderosos. En Vaca Muerta operan algunas de las multinacionales más grandes del mundo. Entre las operadoras, la lista va desde las yanquis Chevron, ExxonMobil y Dow Chemical, hasta la francesa Total, la anglo-holandesa Shell, la Alemana Wintershall, la noruega Equinor, la malaya Petronas, la inglesa BP (ex - British Petroleum) que asociada con el grupo Bulgheroni y la china Cnooc conforma Pan American Energy, llegando a Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. YPF, la sociedad anónima con mayoría estatal pero un 49% de accionistas privados (entre los que se encuentra el fondo Black Rock), opera algunas de las principales áreas en sociedad con varias de estas multinacionales. Para las operadoras, a su vez, prestan servicios las gigantes como Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes o San Antonio, junto a empresas de capitales nacionales. Se trata de firmas con capacidad de lobby desde el Congreso Nacional en Buenos Aires hasta el Capitolio en Washington.

Algunas de esas firmas forman parte de la Cámara Argentina de Energía (CADE) y la Cámara de Explotación y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Ambas cámaras enviaron en simultáneo, el 13 de abril, dos notas dirigidas al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, con copia al Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, al Secretario de Energía, Darío Martínez y al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La CADE denunciaba el “enorme impacto en el normal desarrollo de las actividades de los asociados de ésta Cámara, ya que impiden el transporte de su personal, el de sus contratistas y la circulación de equipos necesarios para el normal desempeño de la actividades asociadas a la explotación y desarrollo de los yacimientos (incluyendo operación de pozos, plantas e infraestructura, mantenimiento de los mismos y actividades de perforación, terminación y reparación)”. Al igual que la CEPH, agitó el riesgo de desabastecimiento de petróleo y gas, y el incumplimiento de los compromisos asumidos en el ingreso al Plan Gas Ar.

La petrolera controlada por el gobierno nacional, que viene de escribir un nuevo capítulo de la flexibilización laboral en el sector, llegó al extremo de exigir a sus contratistas que inicien denuncias policiales contra el personal de salud, en las que indiquen la cantidad de manifestantes y las chapas patentes de sus autos. El gerente de seguridad de YPF es Diego Gorgal, un massista que se enorgullece de haberse formado en la DEA, la policía de Nueva York y el Pentágono.

Una periodista del diario Río Negro sostuvo que las multinacionales compararon la gravedad de la dilación de la protesta sanitaria con conflictos como el de “Myanmar con su golpe de Estado o Mozambique con los ataques terroristas”. Más allá de la exageración, tratándose de empresas acostumbradas a hacer ganancias en medio de ocupaciones y guerras, no extrañaría que les resultara incomprensible el hecho de que un grupo de
trabajadores de salud, desprovisto de fusiles o granadas y sin uso de la violencia, paralizara sus operaciones durante semanas.

Edgardo Phielipp, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) y de ACIPAN (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén), es uno de los voceros de la burguesía local, subsidiaria de las multinacionales. Phielipp arremetió contra los piquetes el 19 de abril: “es realmente desastroso esto, está prácticamente paralizada la actividad económica en el sector, salvo la producción normal de petróleo, de pozos ya perforados y en funcionamiento (...) no creo que sean trabajadores de salud los que cortan las rutas (...) una sociedad que no respeta las instituciones, se anarquiza (...) los sectores vinculados a Zanon, vinculados a la extrema izquierda (...) tenemos mucha información de quiénes son (...)”. Un tono desesperado que evoca al burgués protagonista de “La huelga general” de Jack London.

Los cuellos de botella y el impacto en la actividad de Vaca Muerta

Durante los 22 días de piquetes en Vaca Muerta, el revoleo de números no cesó en los titulares de los medios. “Se pierden USD 2 millones por día”, dijeron al principio. “Las operadoras perdieron USD 250 millones solo por los costos improductivos que significó dejar en stand by los 25 equipos de perforación”, arriesgaron al final. Las “pymes regionales” aducen pérdidas por unos dudosos USD 500 millones. El estado provincial agitó una pérdida de $100 millones en concepto de regalías. Unos días después, la diputada nacional Alma “Chani” Sapag, decuplicó ese monto hasta llegar a $1.000 millones.

El impacto económico total aún no se conoce. Las pérdidas que aducen hoy serán el estandarte para exigir nuevos subsidios, exenciones impositivas y beneficios para el sector. También para excusarse por no cumplir los compromisos asumidos en el Plan Gas Ar. Sin embargo, lo cierto es que el impacto fue inédito y los piquetes de salud mostraron una efectividad nunca antes vista para afectar la actividad en Vaca Muerta. Según Luciano Fucello, de NCS Multistage, las etapas de fractura descendieron del récord de 773 en marzo, a 239 en Abril. A los altos niveles de actividad de marzo, se llegó luego de un repunte del precio del barril de petróleo, de nuevos subsidios a la producción de gas, y de un año de flexibilización laboral y reducción salarial. En marzo hubo 22 equipos de perforación en actividad. Al finalizar abril, solo uno. La inyección de petróleo y gas se habría reducido en 10.000 barriles y 3,5 millones de metros cúbicos por día, respectivamente. Esperar y ver.

¿Cómo pasó esto? Los 28 piquetes en las zonas petroleras y sus rutas de acceso estuvieron estratégicamente ubicados. Luego de algunos días de corte total se concentraron exclusivamente en impedir el paso de camiones y camionetas del sector petrolero, con insumos y personal que se dirigiese a los campos. Aquellos trabajadores que iniciaban su descanso, podían volver a sus hogares. Los camiones con alimentos, agua y combustible para abastecer a las distintas localidades, también podían circular.

Algunos piquetes obstaculizaron la llegada a Añelo y a yacimientos operados por distintas empresas, aun sin ubicarse frente a las instalaciones de alguna de ellas en particular. Para eso, piquetes como los de San Patricio del Chañar, no solo cortaron la Ruta Provincial N° 7 y su intersección con la Ruta Provincial N° 8, sino también las picadas (caminos de ripio utilizados por las petroleras), como la 4, 5 y 13. Lo mismo sucedía en Añelo con los piquetes en Bajada de los Patrias, frente al hotel Da Vinci, en San Benito o en la estación de servicio de Shell, que impedía subir o bajar de la meseta donde se ubican tanto las bases de las empresas como los accesos a los yacimientos.

Otros piquetes tuvieron como objetivo puntual el acceso a algunos yacimientos como Fortín de Piedra (Tecpetrol), Aguada Pichana Este (Total), La Calera (Pluspetrol), El Orejano en Rincón de los Sauces (YPF - Dow Chemical), Bajada del Palo (Vista), Cruz de Lorena (Shell) y Loma Campana (YPF - Chevron), que fue la punta de lanza del desarrollo masivo del fracking desde el acuerdo sellado con cláusulas secretas y represión en 2013.

Entre unos y otros, también interrumpieron la circulación desde y hacia San Roque (Total), Puesto Hernandez en Rincón de los Sauces (YPF), Sierras Blancas y Coirón Amargo (Shell), Loma la Lata y Bandurria Sur (YPF), entre otros.

Por último, hubo piquetes más “quirúrgicos” que se apostaron directamente frente a nodos como plantas o bases operativas de las empresas. En Plaza Huincul, sobre la ruta nacional 22 un corte bloqueó el acceso a la refinería de YPF. En Loma Campana se apostó un corte frente a un puesto automático de control, y otro sobre la Planta de Arena, un insumo esencial para el fracking, que requiere de su inyección en cantidades exorbitantes. Solo un pozo de YPF en Bandurria Sur, requirió en 2020 de 11.460 toneladas de arena (9.398 importadas y 2.062 nacionales). Un camión puede transportar 30 toneladas: eso significa que ese pozo requirió 382 camiones solo de ese insumo. Luego de 13 días de piquete, el 20 de abril YPF cerró la planta de arena y envió a todos los trabajadores a sus casas, quienes salieron del predio manifestando su apoyo a los elefantes.

De conjunto, los piquetes obstaculizaron los “cuellos de botella” [2] del circuito petrolero, especialmente de la explotación no convencional en Vaca Muerta. Se cortó la operación, impidiendo la perforación de nuevos pozos y la terminación y conexión de pozos ya perforados. Luego comenzó el cierre de pozos de menor envergadura por no contar con telemetría o porque su producción se transporta en camiones y no en ductos. Las obras de infraestructura necesarias para el transporte de la producción de nuevos pozos, fueron paralizadas. Y por último, se llegó a situaciones límite en las plantas de procesamiento de gas al no poder ni renovar el personal, ni evacuar líquidos asociados, lo que llevó a su vez a detener la producción de más pozos.

A diferencia del gobierno (que se mantuvo virtualmente paralizado durante la primera semana), las empresas hicieron y rehicieron planes cada día. Los primeros días diseñaron sendos mapas con caminos alternativos, que implicaron recorrer distancias hasta 8 veces mayores a las habituales. Uno de los mapas, por ejemplo, sugería a los choferes un camino alternativo de 173 kilómetros de picadas, demorando casi 4 horas, para unir dos puntos que la Ruta Provincial 17 une en 21 kilómetros, y sin garantía de llegar a destino con éxito. La persistencia de los piquetes fue más fuerte. El 13 de abril fue la fecha en que más de una empresa dejó de enviar las 4x4 desde Neuquén. Luego de tirar la toalla con el transporte por tierra, el 20 de abril Tecpetrol y AESA (YPF) comienzan a enviar personal en helicópteros y avionetas.

La situación llegaba a un límite, el gobierno no podía seguir jugando con fuego. Por eso el domingo 18 de abril el MPN diseñó un plan de reducción de daños, que incluyó reuniones con las cámaras empresarias y los líderes sindicales de la CGT regional, una campaña macartista contra los piquetes, la denuncia penal de Guillermo Pereyray la amenaza de dar “una lección” a los elefantes, la advertencia hacia los trabajadores petroleros del cobro con descuentos de los sueldos de abril. Por último, la puesta en escena de un “paro por tiempo indeterminado” (que duró algunas horas) del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien suscribiría un 53% de aumento a 60 días de firmar un 12%.

Una alianza social poderosa con los trabajadores y trabajadoras al frente

La razón por la cual ni el gobierno provincial ni el nacional se decidieron a intentar el desalojo de los piquetes con las fuerzas de seguridad, y por la cual tampoco llevaron adelante la amenaza de desalojo vía patotas, es evidente. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, fueron aplaudidos y tratados (en el discurso) como “héroes” desde que inició la pandemia. En los piquetes, una amplia vanguardia expresó la voluntad de las bases de los hospitales y centros de salud. Se conjugaron una serie de elementos de manera excepcional que permitieron que esas medidas duras contaran con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Tocarles un pelo podría haber desencadenado una pueblada.

De manera más pasiva el apoyo se expresaba en cada conversación en los lugares de trabajo, en los barrios, en cada grupo de whatsapp, en los comentarios en los diarios y radios que cotidianamente denostan los piquetes, en los automovilistas que tardaron horas en cargar nafta pero ante las cámaras de televisión declararon apoyar la lucha de la salud.

Para sostener los piquetes y su ubicación estratégica, el apoyo de alrededor de 15 comunidades del pueblo nación mapuche fue fundamental. Conocen su territorio y el avasallamiento de las petroleras, que avanzan destruyendo todo, contaminando tierra, aire y agua al interior de sus campos. Se encargaron de que no faltara leña para las noches frías, y hasta pusieron a disposición sus animales para garantizar comida en los acampes.

Los trabajadores petroleros, esos que ocupan una posición estratégica capaz de paralizar la producción de otros sectores de la economía, acercaron víveres a pesar de las molestias que les generaban los cortes. Con cada declaración de Guillermo Pereyra, atornillado hace más de 40 años al frente de su sindicato, aumentaba la bronca. Muchos se acercaban de manera anónima, otros directamente a cara descubierta declarando a quien los quisiera oír que no tenían miedo a represalias, porque “esta es una causa justa”. Entre los camioneros pasó algo parecido. Algunos, impedidos de pasar con los camiones que manejan, se sumaron a confraternizar en los acampes con el personal de salud. Hubo también trabajadores de la fruta que hicieron el aguante.

La rebelión de salud funcionó como un catalizador del descontento del pueblo trabajador con el régimen de las petroleras y el MPN. Durante el 2020 la economía neuquina, dependiente de la producción de hidrocarburos, fue de las más impactadas por la crisis. Fue la provincia en la que más cayó el empleo registrado. Según datos del INDEC, el conglomerado Neuquén - Plottier fue el de mayor aumento de la indigencia durante el segundo semestre de 2020. En la provincia hay un 12,3% de las personas que ni siquiera llega a comprar el alimento mínimo para vivir. El porcentaje está por encima de la media nacional y solo es superado por el Gran Buenos Aires. La pobreza también creció con más fuerza que en el resto de los distritos, ubicándose apenas por debajo de la media nacional, y aquejando a un 40,2% de la población.

La lucha de salud mostró para todo el país los contrastes y la desigualdad estructural que reina en la provincia. Una familia que no tiene agua potable vive a metros de distancia de un pozo de fracking que consume 100 millones de litros de agua. Torres de perforación automatizadas que se mueven de un pozo a otro sin descanso para cobrar los subsidios del estado nacional a la producción de gas, y hogares que deben calefaccionarse con leña o gas envasado por no tener gas de red, pagando un costo mucho más alto: la desigualdad llevada al terreno energético. Trabajadoras que tienen que tomar terrenos lindantes con un gigantesco basurero petrolero, porque alquilar un departamento de una habitación cuesta $30.000, 40% más que el salario mínimo. Hospitales que no soportan ni una lluvia, sin recursos y con el personal saturado al frente a la pandemia, mientras se destinan miles de millones de pesos a obras en beneficio de las petroleras.

La rebelión de los elefantes mostró el poder de la clase trabajadora y esbozó una alianza social junto al conjunto de las y los trabajadores, al pueblo mapuce, a la juventud. Si no se convirtió en una verdadera huelga general fue por el accionar de las burocracias sindicales.

Esta primera etapa deja un importante triunfo y muchas conclusiones, que este artículo no pretende desarrollar. Pero más allá del aspecto salarial y sindical, una conquista invaluable de las y los elefantes es haber desterrado la idea, impuesta con más fuerza desde la derrota de la lucha contra el pacto Chevron- YPF, de que las petroleras son intocables.

Javier Grosso, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional del Comahue elaboró la cartografía para este artículo