A 13 AÑOS DEL SECUESTRO DE MARITA VERÓN. Cuando se trata de las “nuevas desaparecidas”

En este nuevo aniversario, Susana Trimarco recordó aquel vergonzoso juicio oral en el que los 13 imputados por la desaparición de Marita fueron absueltos, provocando una protesta espontánea en varias ciudades del país. A raíz de esas movilizaciones generadas por la indignación, la presidenta Cristina Kirchner convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, para que se sancionara la ley contra la trata que había sido cajoneada por el oficialismo. Aquel juicio de la ignominia, también fue apelado y un nuevo tribunal condenó a 10 de los imputados.

En Argentina se desconoce el número real de personas desaparecidas, secuestradas por redes de trata para la explotación sexual, aunque las organizaciones de mujeres hablan de casi 600 mujeres en esta situación. Según los datos de la Unidad Fiscal de –Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que depende del Ministerio Público Fiscal, el 98% de las víctimas de trata explotadas sexualmente, son mujeres: un 30% son menores de edad –como en el caso recientemente descubierto de la red que operaba en el mismísimo Ministerio de Desarrollo de la provincia de Río Negro- y un 70% mayores de 18 años, aunque en su mayoría, jóvenes. El 51% de las víctimas son argentinas, el 36% paraguayas y en el 13% restante se encuentran mujeres dominicanas, peruanas, bolivianas, brasileñas y un porcentaje sobre el que no hay datos.

Promesas de trabajo y “novios” reclutadores

Las mujeres reclutadas se encuentran, mayoritariamente, en situación de vulnerabilidad al momento de ser captadas. La mayoría de las pocas víctimas que fueron rescatadas manifiestan que son madres, con hijos a cargo y graves problemas económicos que las llevaron, en la desesperación, a aceptar propuestas laborales ambiguas, incomprobables o en parajes lejanos a su lugar de pertenencia. En ocasiones, también han manifestado que se encontraban atravesando una situación de abuso sexual o violencia en su propia familia.

Esto explica por qué en el 49% de los casos, el reclutamiento fue por engaño, siendo el secuestro una de las formas menos utilizada por los proxenetas porque, además, implicaría una infraestructura mucho más compleja que la que se necesita para falsear propuestas laborales a las víctimas: al 31% les ofrecen desempeñarse como meseras, coperas, etc.; al 21% las engañan con ofertas de trabajo doméstico. También hay un porcentaje de mujeres que habiendo aceptado un determinado contrato para el ejercicio de la prostitución, luego se encuentran sometidas a condiciones muy diferentes a las pactadas (remuneración, abusos, condiciones, etc.).

La relación con la víctima, en general es personal y “cara a cara”, no por internet u otros medios similares. La mayoría de las víctimas ha sido reclutada en ciudades del país con menos de 70 mil habitantes, aunque eso no implica que también en las grandes metrópolis, como Buenos Aires, haya mujeres desaparecidas, como en otro emblemático caso, el de la estudiante de Ciencias Económicas, Florencia Pennachi.

Casi la mitad de los casos en que pudo indagarse la relación entre el captador y la víctima, resultó tratarse de su ocasional “pareja”. El establecimiento previo de este vínculo, supuestamente afectivo, es una de las estrategias más utilizadas por las redes de trata, especialmente para la captación de adolescentes y jóvenes. En el 27% de los casos no había una relación previa y en el 11% de los casos, se trataba de otras personas con las que ya había algún conocimiento anterior.

Connivencia política y policial

No es raro encontrarse con policías en actividad, ex policías o integrantes del servicio penitenciario, tanto como con funcionarios políticos implicados en el funcionamiento de las redes de trata. Sólo decir que el 72% de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres captadas por las redes son whiskerías, pubs, pools y bares habilitados, donde, supuestamente, debería haber controles policiales y municipales, para darse cuenta que estas redes no podrían funcionar si no fuera por la complicidad abierta del Estado.

Regenteando redes, actuando en el reclutamiento, haciendo la “vista gorda” ante la obvia explotación sexual en lugares públicos, siendo “clientes” o cubriendo con un manto de impunidad a los criminales, las fuerzas represivas del Estado, los funcionarios políticos y judiciales son partícipes de este gran negocio hecho con la vida de las mujeres.

El desmantelamiento de las redes de trata sigue siendo uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres en Argentina, desoído por el gobierno. Sólo con la organización de las mujeres, junto a las maestras de niñas y adolescentes secuestradas, junto a las compañeras y compañeros de trabajo o estudio de las jóvenes desaparecidas, se han logrado rescatar a algunas pocas secuestradas, a pocas horas o días de haber desaparecido. El Estado es cómplice y todos sus discursos contra las redes de trata no son más que palabrerío mientras, bajo su responsabilidad, hasta los espías que revisten para el gobierno nacional o trabajan para la oposición de derecha, mantienen oscuros vínculos con esas redes.