Coronavirus. ¿Cuánto cuestan las pruebas del COVID-19? Cuando la pandemia es un negocio

Ante el coronavirus, se requiere realizar ya y de forma masiva, tests de detección rápida y temprana. Son fundamentales para detectar la expansión y los brotes de la enfermedad, y combinarlo con distintas medidas para aislar al virus.

Sin embargo, la red de hospitales y laboratorios públicos en el país es muy limitada: 41 a nivel nacional, más dos universidades. Y aunque en las mismas las pruebas son gratuitas, acceder es muy difícil, ya que la Secretaría de Salud busca restringir al máximo la realización de la prueba, yendo en contra incluso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que propone “test, test y más test” para enfrentar al coronavirus. Además, quienes contraen la enfermedad, se enfrentan a la negligencia de las autoridades, como fue el caso de María Martha, la primera mujer fallecida en el país.

Frente a la inacción de las autoridades, está la “oferta” del sector privado: por el momento ocho hospitales, que seguramente crecerán en la medida que las autoridades sanitarias les aprueben los permisos para realizarlas.

¿Y cuanto cuesta una prueba en los hospitales privados? En la mayoría de los casos, entre 6 mil y 10 mil pesos, y en algunos casos, hasta 25 mil pesos. Quienes no tienen la prueba, ofrecen un “barrido virológico”, por el que cobran... 40 mil pesos!

Es evidente que el sector privado está lucrando con la salud de la población. El costo de producción de una prueba es de 2,300 pesos, según afirmó el propio subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell. Esto significa que estos hospitales pretenden acrecentar sus ganancias con la actual crisis sanitaria y la salud del pueblo, cobrando 3, 5 y hasta 10 veces lo que cuesta el test!

Se trata de una suma que está fuera del alcance de cualquier trabajadora o trabajador y que puede representar 50, 80 y hasta 200 salarios mínimos diarios. Es evidente que con estos precios -y ante la política del gobierno de restringir al máximo las pruebas-, solo accederán a éstas quienes tengan el dinero para hacerlo. O que se endeuden cuando debería ser un derecho elemental para quienes tengan síntomas o en situación de riesgo.

Como planteamos en otros artículos, los tests deben realizarse de forma masiva, como parte de un plan integral de emergencia sanitaria y combinarlo con distintas medidas preventivas para aislar el contagio. Los mismos deben realizarse a quienes presenten algunos de los síntomas, a los contactos de quienes se encuentren infectados (lo cual permitirá llegar a una buena parte de los asintomáticos), así como, periódicamente, a todo el personal de la salud, y a quienes se mantienen trabajando y no pueden entrar en aislamiento.

El estado debe garantizar, de forma gratuita, la provisión de test de detección temprana, adquiriendo masivamente las mismas e invirtiendo para el desarrollo de las pruebas rápidas. Todo el sistema de salud (público y privado) debe ser centralizado para control estatal y puesto al servicio, sin ningún costo, sin ningún lucro, de las necesidades de la población para enfrentar el COVID-19.

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Evidentemente, esto choca con la situación critica de la salud en México y el bajo presupuesto asignado. Eso implica impuestos a las grandes fortunas y dejar de pagar la deuda pública, para lograr los recursos necesarios no sólo para tests masivos, sino también para la adquisición de ventiladores, camas, cubrebocas, gel, etcétera; la contratación de todo el personal de la salud despedido y la centralización por parte del estado del sistema de salud (incluyendo al sector público y privado) para ampliar al máximo todos los recursos necesarios para la lucha contra el COVID-19.

Frente a quienes quieren lucrar con la salud de la población: ¡nuestras vidas valen mas que sus negocios y sus ganancias!