Según expertos, una elección reñida impactará en el despliegue de prácticas clientelares por parte de los partidos del régimen. Valiéndose de los recursos de programas sociales que operan en la mayor opacidad y a costa de la necesidad de millones de personas, los partidos sacan provecho permanentemente.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Lunes 12 de marzo de 2018
Una revisión de los lineamientos de operación publicados por 11 de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México difundida por El Universal hizo notar un fondo de 700 millones de pesos destinados al "gasto social", es decir, para financiar acciones "institucionales" como la entrega directa y en especie dinero o bienes como útiles escolares, tinacos, tabletas o mejoras en unidades habitacionales.
Eso a nivel local. Según dieron cuenta distintos medios este fin de semana, una quinta parte del presupuesto federal se destinará este 2018 a la operación de 150 programas sociales y acciones que, como en la Ciudad de México, tienen un diseño deficiente así como altos grados de opacidad, lo cual los hace suceptibles de ser utilizados por los partidos del régimen para comprar votos para las elecciones de julio próximo.
En lo que va del sexenio, el número de programas sociales se redujo. Pasó de 278 en 2013 a 150 en 2018.
Especialistas señalan que los 150 programas sociales que actualmente operan en México lo hacen sin control de transparencia y eficiencia. Los apoyos otorgados, calculados con un valor de más de 910 mil 283 millones de pesos, se convierten en moneda de cambio. Más de la mitad de programas tiene como objetivo la entrega de dinero o servicios a "sectores vulnerables" (personas en "situación de pobreza", con discapacidades, adultos mayores, madres trabajadoras y productores rurales).
85 programas sociales no cuentan con reglas de operación. 66 de 84 programas destinados a la entrega de apoyos monetarios no tienen un padrón de beneficiarios. Operan a discreción y en la mayor opacidad.
Según expertos, una elección que se anticipa reñida como esta, repercutirá en el mal uso de estos recursos. Este 1 de julio miles de personas votarán en nuestro país bajo amenaza de perder algún beneficio que debiera ser "público y ajeno a cualquier partido político".
Esta práctica clientelar no se limita a los tiempos electorales, señalan, sino que operan de manera permanente y forma parte de la estructura de los partidos del régimen. Abusando de la situación desesperada de millones de mexicanos, los mismos partidos que se encargaron de pauperizar a la población condicionan las migajas que ofrecen.
¿Cómo se reparte el presupuesto de programas sociales?
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución que tiene más programas sociales a su cargo, con 31. Le siguen la Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social, con 17 y 16 respectivamente. La de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene 16, mientras que la de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene 11.
La Secretaría de Desarrollo Social, recientemente envuelta en un escándalo de desvío de recursos en el que se vieron involucradas las administraciones de Rosario Robles y José Antonio Meade (hoy flamante candidato del PRI a la presidencia), es la dependencia que opera los programas con subsidios más grandes.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los más de 910 mi millones de pesos de la bolsa de programas y acciones federales para 2018, más de 407 mil millones se erogarán por medio de subsidios a personas físicas o morales, así como a instituciones públicas.
Los especialistas citados por Reforma señalan cómo la compra de votos está ligada, sí a una lógica de mercado que varía su valor según lo reñido de la elección, pero también a la desconfianza de la población hacia los procesos electorales y una visión de que "de nada sirve votar".
El impulso de un "Programa de Blindaje Electoral" para las próximas elecciones es un intento de encubrir lo que de cualquier forma va a pasar. Mientras no haya regulación de la asignación de estos recursos, lo único que ocurrirá, señalan expertos, es que el movimiento de esos recursos no será público y será aún más difícil monitorearlos
Para mirar las pruebas no es necesario esperar al 1 de julio. Este domingo, becarios del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe) y beneficiarios del programa PROSPERA de Cuetzalan, Puebla, denunciaron a los aspirantes del PRI a la presidencia municipal por amenazas y coacción del voto. Según declararon, a los becarios intentaron forzarlos a organizar reuniones mientras que a los beneficiarios de PROSPERA se les amenazó con quitarles el apoyo. Todo para sumar votos para el PRI.
También hace unos días, representantes de Morena denunciaron al gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, por el uso "irregular" del programa "Veracruz Comienza Contigo", de la Secretaría de Desarrollo Social para la compra de votos para el PAN en las elecciones extraordinarias del próximo 18 de marzo en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda.
Legitimar la masacre: proceso electoral 2018 es el más violento de este siglo en México
Es claro que ni "blindajes" hipócritas ni la vigilancia de las casillas que propuso el lunes pasado Andrés Manuel López Obrador bastarán para detener una maquinaria que trastoca lo más profundo del régimen, sus partidos y los pactos entre estos para sucederse en el poder.
Leer: El riesgoso cambio de estrategia del PRI contra Anaya
Al final estas medidas son útiles a la legitimación de un proceso que, hasta enero, sumaba 25 asesinatos de políticos y que ya se considera una de las elecciones más violentas en nuestro país en este siglo.
Y es que el engranaje de compra de votos no sólo opera con dinero público. Este fin de semana también destacaron las declaraciones de Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la presidencia, durante la 81 Convención Bancaria, que sobre la compra de votos aseguró que los recursos para esta práctica no sólo vienen del erario, sino también de recursos de "compadres".
El "pase de charola" entre empresarios que esperan ser favorecidos en negocios millonarios. Eso sin considerar operaciones como las que orquestaba César Duarte, con las que saqueaba recursos del erario para financiar las campañas del PRI a nivel nacional.
Así, son muchos los intereses en juego, mientras "el tigre", empobrecido y amenazado por la bota militar, carga sobre sus espaldas los costos de las medidas antiobreras y antipopulares aprobados por esos mismos partidos.
