El Instituto Nacional Electoral (INE) es cuestionado por gastos millonarios innecesarios y permisividad con los partidos tradicionales.
Miércoles 17 de agosto de 2016
1-INE-landia
Según se dio a conocer en distintos medios, el INE va a hacer construir un nuevo edificio para su sede. Costará $1,100 millones de pesos. La excusa: “es más barato comprar que rentar”. Mientras, los hospitales públicos no tienen medicinas.
Y, sin rastro de pudor, Lorenzo Córdova, el consejero presidente, en un documento entregado a la prensa que se titula “10 mitos sobre el nuevo edificio del INE” se afirma -entre otros puntos- que señala que el proyecto “no es un gasto, es una inversión pública que incrementa la infraestructura del Estado mexicano. Las oficinas de Viaducto Tlalpan del Instituto son insuficientes y en algunas secciones obsoletas…”.
2-Parque automotor
Pagan 935 millones de pesos cada cuatro años en renta de vehículos que, comprados, les saldrían entre 46 y 53 por ciento más baratos, incluidos refrendos, servicios y tenencias. Esto de acuerdo con la contraloría del propio instituto.
3-Sueldos millonarios
Los consejeros tienen un sueldo bruto de $262,634 al mes. Aparte están las prestaciones. ¿Cuál será la justificación? ¿Por qué su trabajo -que no crea valor, sólo legitima procesos electorales a modo de los partidos que defienden los intereses de los empresarios- vale más que el de un obrero calificado o una maestra? Como veremos abajo, es una pregunta retórica.
4-Asesores de lujo
Cada consejero (son 11) dispone de $500,000 para pagar a asesores. Para entrar en calor, recordemos que el sueldo mínimo ronda los $2,200 por mes: es el que perciben alrededor de 4,847,401 trabajadoras y 2,926,115 trabajadores. En muchos casos, sin acceso a la salud pública.
El desprestigio, al alza
En marzo de este año se dio a conocer una encuesta de El Financiero sobre el nivel de confianza de la población en el INE: 58% de los encuestados dijo desconfiar de esta institución.
No es para menos. Imperan el sistema de cuotas para el nombramiento de los consejeros electorales, y así los partidos de los empresarios cabildean para colocar en puestos claves a funcionarios que operarán a su favor. Una práctica que descarta toda imparcialidad de la institución supuestamente creada para arbitrar en los procesos electorales.
Pero no es la única irregularidad. Mientras la ley electoral establece un límite de 10% de financiamiento privado de las campañas de los partidos con registro, en la realidad sucede al revés: 90% es financiamiento privado y 10% corresponde a fondos públicos. ¿Y qué tan privado? Depende la discreción de los operadores. Una parte del desvío de fondos públicos en Veracruz se habría aplicado al financiamiento de la campaña electoral de Peña Nieto, por ejemplo.
A esto se suma la tan extendida práctica de la compra de votos -dinero en efectivo, tarjetas Soriana, despensas y mil formas más-, cuya denuncia arrecia durante las campañas electorales, de unos partidos a otros. Una manera de lucrar con la miseria que va en el manual de instrucciones de todos los partidos que defienden los intereses de los empresarios, las trasnacionales y el imperialismo estadounidense.
Es indignante que el INE -una institución cuestionada y totalmente permisiva con los partidos tradicionales- pretende imponer a Sergio Moissen, candidato anticapitalista a las elecciones a la Constituyente de la Ciudad de México, una arbitraria y desproporcionada multa de más de $607,800 con el pretexto de que incurrió en “errores y omisiones” en la rendición de gastos de campaña. Se trata en realidad de un intento para silenciar a la izquierda anticapitalista. No lo conseguirán.