El pasado 16 de julio el Consejo de Ministros, máximo órgano de gobierno del país, aprobó una serie de medidas destinada a “dinamizar” la economía, favoreciendo los elementos capitalistas y debilitando la economía nacionalizada.
Martes 18 de agosto de 2020 21:09
Foto: EFE
El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió al paquete de medidas como destinadas a “enfrentar la situación de crisis” económica que atraviesa el país en el marco de la crisis internacional por la pandemia de Covid-19, que en Cuba afectó en particular al turismo, uno de los renglones clave de ingreso de divisas. A esto le sumó, como parte del contexto negativo, la acción del gobierno de Donald Trump desde 2017 y sus “constantes medidas que aplica contra Cuba” (Granma, 17/7/20).
Estas medidas se tomaron en dos etapas principales, una en octubre de 2019 y otra este 16 de julio, y han vuelto a poner en discusión el carácter de la economía cubana que a lo largo de su historia pos revolucionaria, ha visto períodos de reformas pro mercado y otros de retroceso parcial de las mismas. Por su profundidad y extensión, los procesos reformistas del llamado Periodo Especial de los años 90 y el que inició Raúl Castro en 2010/2011 y que ahora se retoma, plantean el problema de hasta dónde se mantienen las conquistas sociales que significaron la nacionalización de la economía, el monopolio del comercio exterior y la planificación racional, aunque burocrática, del aparato productivo y de circulación.
El gobierno habilitó la compra en el mercado interno de una amplia gama de productos desde electrodomésticos y autopartes hasta ropa y alimentos en tiendas especiales que venden a través de tarjetas de cuentas en Monedas Libremente Convertibles (dólares, euros, etc.). Autorizó a personas naturales o jurídicas (empresas) la importación de esos mismos productos desde cualquier país a través de empresas importadoras estatales con la misma modalidad de tarjetas de MLC.
También eliminó el impuesto al dólar que regía desde 2004. Se favoreció a las cooperativas permitiéndoles operar con la Zona Especial de Desarrollo Mariel y al sector cuentapropista ampliando la lista de rubros y actividades y habilitando la compra en el mercado mayorista Mercabal. Por último, entre las medidas más importantes, se avanza en una mayor autonomía de las empresas estatales.
Tomadas de conjunto, las medidas retoman (y profundizan) el curso de reformas pro mercado iniciadas en 2010/2011, que habían tenido un parate importante desde 2017 tras la llegada al poder de Donald Trump. En ese período, hay que aclarar sin embargo que se dio un paso clave en abril de 2019 con la aprobación de la nueva Constitución donde por primera vez desde la revolución del 59 se reconoció al máximo nivel legal del país, la propiedad privada capitalista entre otros elementos y mecanismos de mercado.
Descentralización del comercio exterior
Sobre la apertura de las importaciones (o descentralización del comercio exterior) hay que decir que es un nuevo golpe a una herramienta indispensable para controlar la competencia de los productos extranjeros y preservar la industria local, el monopolio del comercio exterior. Una parte de las importaciones estará regida por los intereses particulares de estas empresas y no ya por las necesidades que identifica la planificación, aunque sea burocrática, es decir definida por la cúpula dirigente del estado y del partido y no por la deliberación democrática de las masas trabajadoras en sus organizaciones y unidades productivas.
No obstante también hay que aclarar que los compradores, solo podrán importar productos a través de 36 empresas pertenecientes a los grupos empresariales estatales, como el Grupo de la Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), creado en 2013. Esto es un límite a la descentralización porque el estado seguirá todavía como intermediario entre los capitales extranjeros y el sector no-estatal cubano. De cierta forma, sigue controlando el comercio exterior aunque ya no podamos hablar estrictamente de “monopolio” dado que son las empresas las que deciden qué comprar, a quién comprar y qué precio pagar, quedando por fuera del plan.
El estado sigue regulando, por ejemplo con quita de aranceles a las importaciones de alimentos, pero a través de mecanismos mercantiles. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, señaló que pretenden “hacer encadenamientos entre todas las formas de gestión (estatal, cooperativa y privada –NdA) para tener mejores resultados económicos” (CubaDebate, 22/7/20).
Profundización de la estratificación social
El propio Díaz-Canel reconoció en el citado discurso “algunas medidas que son complejas y que no benefician a todos los sectores sociales por igual”. Una de ellas es la apertura de tiendas especiales en MLC, disponibles desde octubre de 2019 para electrodomésticos y a partir de julio de 2020 para alimentos, limpieza y ferretería.
Estas tiendas pertenecen a las cadenas CARIBE y CIMEX, ambas del grupo GAE y operan solo con las tarjetas de cuentas en MLC que emiten los bancos estatales Metropolitano, Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio (BANDEC) a cualquier persona sin costo.
A excepción del pago bancarizado, se repite la herramienta utilizada durante el Periodo Especial cuando en 1993 se habilitaron las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD) que perduran hasta hoy y son las que venden en CUC a la población que accede a dicha moneda; la diferencia está en el nuevo trasfondo social en el que se implementan, con un sector cuentapropista que aumentó de poco más de 100.000 en 2010 a más de 600.000 en la actualidad y dentro del cual existen desde artesanos pobres que pelean por ganarse el sustento diario, hasta medianos empresarios que emplean varias decenas de personas.
Con esto se vuelve a favorecer a los sectores con acceso al dólar u otras divisas, es decir, a los sectores acomodados de la población. El estrato con mayor poder adquisitivo ahora tiene acceso a un amplio abanico de productos que no están disponibles en las dos monedas nacionales CUC (convertible con las monedas extranjeras) y CUP (con la que se pagan los salarios estatales, un 70% de la población, y que vale 24 veces menos que el CUC).
Si bien el 20 de julio se vio por distintos medios y por las redes sociales largas colas de gente a las puertas de las nuevas tiendas, evidenciando una demanda real de un sector considerable de la población, la gran masa de los trabajadores debe seguir sobreviviendo con los magros salarios estatales (equivalente a unos 25 dólares) y la libreta de racionamiento. Por estas fuertes diferencias la burocracia gobernante anunció también algunos miserables aumentos en la libreta tanto de alimentos como productos de limpieza y aseo personal.
Crece el rol del dólar en la economía y la “autonomía” en el sector estatal
Con la eliminación del impuesto al dólar y las transacciones bancarizadas en MLC, se avanza en la dolarización de la economía, ya que esta moneda (u otras divisas) cobrará más importancia en el mercado interno y aumentarán su valor relativo. Las explicaciones que el ministro de Economía y Planificación Gil Fernández dio en octubre, muestran que ese es el camino trazado al mismo tiempo que expresa los límites de las medidas. “Es cierto que se incorpora otra moneda. Pero no circulará de manera efectiva. No se realizarán transacciones ni operaciones en dólares, sino que se efectuarán mediante el comercio electrónico” (Escambray, 16/10/2019).
Con estas medidas también se avanza hacia la muy demorada “unificación monetaria” que todos coinciden que provocará un golpe muy fuerte tanto en lo que hace a la viabilidad de las empresas estatales (cierres o achiques) como a los precios de los productos (inflación).
Esto va ligado a otra cuestión fundamental, la “autonomía” de las empresas estatales. El funcionario señaló que el objetivo es “crear incentivos hacia lo interno del sistema empresarial para ir transitando de mecanismos centralizados en la asignación administrativa a métodos financieros”. Es decir que a partir de ahora las empresas recibirán los dólares a partir de su propia gestión y los usarán para lo que consideren, tendiendo a eliminar la asignación centralizada de recursos.
Como parte de esto, se ampliarán las áreas (ahora a la gastronomía) donde se permitirá la gestión no estatal de estas empresas. El mecanismo es por medio de la formación de cooperativas o alquiler de las instalaciones a cuentapropistas. En el período anterior 2010-2014 esto ya se aplicó en pequeños negocios como peluquerías o zapaterías. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo al respecto que se avanza bancarizar la relación de estas empresas con los mayoristas (estatales), aunque también marcó ciertos límites “el administrador rinde cuenta de su gestión al colectivo con una frecuencia que define la empresa estatal a la cual la unidad está subordinada. ‘Hay autogestión, pero hay control, y tiene que rendir cuenta de esa gestión’” (Cubadebate, 22/7/20).
En definitiva, se ha retomado el curso general que se había estancado en los últimos dos años de reformas pro mercado, de “achique” de la gestión estatal (aunque sin modificar la propiedad) de la economía nacionalizada y de debilitamiento del monopolio del comercio exterior y de la planificación económica. Esto acompañado por el fortalecimiento de una base social sobre todo entre los cuentapropistas acomodados pero también entre las cooperativas, que presiona por más reformas y apertura. Y sobre todo, por la consolidación de un sector de la cúpula de la burocracia como los administradores de las empresas más rentables, cada vez más enriquecidos y con mayor autonomía.
