Con llamados a la “unidad nacional” y golpes al anterior gobierno de Bachelet, principalmente por el impulso de reformas, Piñera condensó su discurso en tres “líneas de acción”, que contemplan medidas neoliberales y a favor de los principales negocios, políticas represivas y una serie de promesas en “pos de la necesidad del pueblo chileno”.
Lunes 4 de junio de 2018
Más de dos horas duró la Cuenta Pública, al mismo tiempo que se desarrollaba una controlada movilización por las calles de Valparaíso.
En tres “líneas de acción” el gobierno de Sebastián Piñera condensó el discurso entregado este viernes en la Cuenta Pública Presidencial, realizada en el Congreso Nacional. Con un clima tranquilo y una movilización contra la violencia machista desarrollada por las calles de Valparaíso, sin mayores altercados y destacada por los medios como una marcha que “mantuvo el orden”, el empresario intervino por más de dos horas.
Si bien, Piñera dio inicio a su discurso remarcando lo que viene realizando desde la segunda vuelta de la campaña presidencial respecto a la “unidad nacional” y el llamado a generar acuerdos y diálogo, el mandatario aprovechó la instancia para golpear al anterior gobierno de Bachelet y criticó “los intentos refundacionales y la lógica de la retroexcavadora”, aludiendo a las insuficientes reformas impulsadas por la ex Nueva Mayoría; como también “al clima de tensión” generado en la administración pasada. Esta sería la “primera lección” del gobierno.
Como una “segunda lección” respecto al gobierno anterior, Piñera habló de poner por delante el “valor del sustento y desarrollo”, y aludió a una “segunda transición” que emprendería el gobierno para “derrotar la pobreza, alcanzar el desarrollo y promover a la clase media”. El empresario arremetió contra el gobierno de Bachelet en materia de desarrollo económico y afirmó que “durante los últimos cuatro años, nuestro país creció apenas un 1,7% en promedio anual. Es decir, solo la mitad del crecimiento del mundo y menos de un tercio del 5,3% que alcanzamos en promedio durante nuestro primer mandato. En suma, Chile tuvo el peor desempeño económico en tres décadas”.
Luego Piñera golpeó al gobierno de Bachelet en cuanto a ciertas reformas y aspectos sociales: “la protección de nuestra infancia se debilitó y el acceso a una salud de calidad se deterioró, con listas de espera que llegaron a totalizar cerca de dos millones de compatriotas. La calidad de la educación se estancó y la situación migratoria, simplemente, se salió de control”, continuó el empresario, mientras una tibia “oposición”- que no generó cambios estructurales y mantuvo los pilares centrales de este sistema político y económico- se mostraba incómoda, y a ratos aplaudía al escuchar alguna frase “progresista y social” de Piñera.
“Unidad nacional” y demagogia populista para resguardar los negocios empresariales y fortalecer el aparato represivo del Estado
Tras más de 40 minutos de discurso, de golpes al gobierno de Bachelet, y de palabras sobre un “Chile más justo”, Piñera hizo referencia a tres aspectos que moverían las políticas de su gobierno: 1) retomar la sana tradición republicana del diálogo y los acuerdos, donde hizo referencia a los “cinco acuerdos nacionales” de Infancia, Seguridad, Paz en la Araucanía, Salud y Desarrollo integral, y aprovechó de agradecer a los parlamentarios de la “oposición” que se han sumado a las iniciativas del gobierno; 2) responder a las urgencias y demandas sociales; y 3) potenciar la reactivación de la economía y crear empleos.
En la “primera línea de acción” Piñera se refirió a los “cinco acuerdos nacionales”. En materia de Infancia- comisión en donde participan los parlamentarios Boric y Castillo del Frente Amplio- dio cuenta de las 207 propuestas entregadas por la instancia; en Seguridad enfatizó en la modernización de las policías, en la creación de un nuevo sistema de inteligencia, en potenciar el rol de los Municipios en seguridad, en la coordinación entre policías, fiscales y jueces, y en la rehabilitación de “aquellos que han delinquido”; sobre Paz en la Araucanía habló de “diversidad étnica”, de mejorar la infraestructura y el turismo en la región, que se “reconocería a los pueblos originarios a nivel constitucional”, y que promoverán a personas de pueblos originarios para que administren parques nacionales; en cuanto a Salud anunció un nuevo modelo de atención, una reforma a la atención primaria, la modernización de Fonasa e Isapre, la disminución de precios de medicamentos, y la promoción de la “cultura de la vida sana”; y finalmente, sobre Desarrollo y pobreza mencionó la creación de empleos, mejorar salarios, potenciar la inversión y productividad, la competencia, y apoyar la inversión y el emprendimiento de las pymes.
Sin embargo, tras una serie de anuncios y cambios para “mejorar la calidad de vida”, Piñera- como buen empresario- aprovechó la instancia para mencionar las reformas que pretende impulsar el gobierno para resguardar los negocios empresariales, que estarían condensadas en su “segunda línea de acción” sobre “urgencias sociales”. En este sentido, al mismo tiempo que anunciaba un nuevo sistema de atención primaria, nuevas tecnologías médicas y un “plan auge” para la tercera edad, Piñera defendió el negocio de las repudiadas Isapres y notificó que estas serían “reformadas”, y respecto a la polémica desatada tras el anuncio de que los hombres cotizarían más para lograr una “igualdad con las mujeres”, no dejó claro cómo se lograría esto y quién tendría que costear esa “igualdad”.
Piñera también salió al rescate del negocio de las empresas privadas que hoy lucran en el Sename. Con un discurso de “los niños primero” anunció el reemplazo de la entidad por un Servicio de Protección de Infancia y Adolescencia y un Servicio de “responsabilidad adolescente”, donde uno de los cambios sería aumentar la subvención que entrega el Estado a las empresas privadas en un 25%; también mencionó la creación de la Subsecretaría de la Niñez, y la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores.
Al mismo tiempo que el gobierno derechista demagógicamente se refería al grave problema que afecta a miles de niños y adolescentes que hoy viven en dependencias del Sename y en situación de pobreza y violencia, Piñera anunciaba cambios en materia de “delincuencia y narcotráfico”, donde uno de los proyectos sería la creación de un “sistema penal juvenil” y de agravantes, como la reincidencia, para el aumento de penas para “jóvenes delincuentes”; y, por otro lado, otro proyecto para “combatir los portonazos”, donde aquellas personas que compren un auto robado también deberán enfrentarse al aumento de penas de cárcel.
Siguiendo con el garrote, el gobierno derechista comprometió una serie de cambios y nuevas herramientas para las policías, mencionó los 256 “patrulleros” entregados en abril y los 2.650 carabineros que estaban en funciones administrativas y que “ahora están en la calle protegiendo a compatriotas”; la implementación de nuevas tecnologías de vigilancia como drones y cámaras; el impulso de un proyecto de ley que crea un “sistema táctico de vigilancia”; todo esto para volver a ganar el “respeto de la institución de Carabineros”.
Obviamente, Piñera y la derecha no se refirieron a las demandas históricas del pueblo mapuche, ni tampoco dieron cuenta de la brutal represión que se vive en la zonas cercanas a comunidades mapuche; y mucho menos a la crítica situación de salud del machi Celestino Córdova- totalmente ignorado por el gobierno-, ni a las detenciones sin mayores pruebas, por ejemplo, con la machi Francisca Linconao. No obstante, sí tuvo palabras para hablar de “terrorismo”, e hizo un enérgico llamado a perfeccionar la ley antiterrorista, con urgencia.
En su discurso el presidente también aprovechó de aseverar que desde el gobierno combatirán “con mayor rigor, eficacia y penas más severas las incivilidades que tanto deterioran nuestra calidad de vida”, y aquí se refirió a reprimir aún más el consumo de alcohol y drogas en la calle, y penalizar la creación de pinturas, graffitis o rayados no autorizados en inmuebles y bienes, públicos o privados, “especialmente los con valor patrimonial”; como también poner más mano dura al comercio ambulante y la venta clandestina de alcohol.
Ninguneo al movimiento estudiantil y aspirinas para el pueblo trabajador y las mujeres
Sobre el principal debate nacional, las movilizaciones contra la violencia machista, Piñera volvió a repetir lo anunciado días atrás: reforma constitucional para “asegurar igualdad entre hombres y mujeres”, creación de proyectos de ley que eliminarían discriminaciones en la legislación (sociedad conyugal, violencia en el pololo, pensiones alimentacias, compatibilizar mejor mundo de trabajo y familia, trabajos desde el hogar), la creación de un “instructivo presidencial” contra la violencia en las instituciones públicas e instituciones educacionales; mecanismos de prevención y denuncias; “mayor igualdad” de salarios entre mujeres y hombres; acceso a cargos directivos; fortalecimiento de políticas para combatir la infertilidad; igualdad en mujeres de las FF.AA y mejorar protocolos de gendarmería para las mujeres presas que serán madres, entre otras demandas que en nada apuntan a cambios estructurales en beneficio de las mujeres trabajadoras. Nada dijo sobre el protocolo de objeción de conciencia en el aborto en tres causales presentado por su gobierno, no se refirió a la precariedad laboral y el subcontrato al que se enfrentan miles de trabajadoras; tampoco sobre las pensiones que son aún más bajas para las mujeres; ni a la responsabildad que tiene el Estado, los gobiernos y los empresarios en la violencia estructural hacia las mujeres.
Tomando el legítimo hastío de miles de mujeres que han salido a las calles a luchar contra la violencia machista, el gobierno de Piñera busca fortalecer su agenda punitiva y darle más herramientas al Estado para perseguir a individuos particulares- por ejemplo a través de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales o con la flexibilidad laboral hacia las mujeres mediante el “teletrabajo”-, sin embargo, es el propio Estado y sus gobiernos burgueses, junto a instituciones como la Iglesia, y los empresarios, la principal entidad responsable de la violencia de género estructural y de permitir que se normalicen una serie de prácticas discriminatorias y opresivas; que las mujeres ganen por lo menos un 15% menos que los hombres, que el 18% de las trabajadoras esté bajo la subcontratación, que el 47% esté subempleada (cuando se debe trabajar menos horas, realizar empleos con un nivel de calificación inferior al que se tiene u ocuparse en unidades económicas menos productivas para evitar quedar desempleados, lo que se traduce en salarios más bajos y precarización), o que en Chile se realicen entre 120 y 160 mil abortos clandestinos, donde miles de mujeres mueren al no existir un aborto legal, seguro y gratuito, garantizado por el Estado. Aunque el gobierno de Bachelet- debido a la presión de las movilizaciones- haya aprobado el insuficiente y mínimo aborto en tres causales, actualmente ni siquiera está garantizado y las clínicas privadas- que reciben subsidios del Estado y muchas están ligadas a la Iglesia Católica- se han opuesto férreamente a cumplir con esto, dejando a la deriva a las mujeres trabajadoras y más pobres del país.
Por otra parte, Piñera, aprovechándose de que el movimiento estudiantil actualmente no se encuentra en las calles como fuerza opositora al régimen, fue enfático en ningunear a la “educación superior”, contraponiéndola con la “educación temprana”, y en nombre de los niños, nuevamente dejó en claro que el negocio educativo no sería tocado. Lo que sí anunció- y que afecta a miles de jóvenes endeudados- fue la creación de un nuevo sistema de créditos y endeudamiento, para “poner fin al CAE”. Este modelo sería estatal, sin la banca privada, tendría una tasa de interés del 2%- como actualmente tiene el crédito Fondo Solidario-, y los estudiantes pagarían el 10% de su sueldo en la deuda. Es decir, mantener intacta la educación de mercado, las suculentas ganancias de los empresarios de la educación, y cambiar netamente la “forma” de endeudamiento, sin mencionar la demanda histórica del movimiento estudiantil sobre la educación gratuita universal, en todos sus niveles. Y es que la derecha, el “progresismo” concertacionista, y los empresarios de la educación, quieren terminar por aplastar toda presencia en las calles del movimiento estudiantil, porque saben que si reaparece como actor político en la escena nacional podría volver a abrir profundos cuestionamientos al régimen político, y ser un dolor de cabeza para la derecha y su gobierno.
En cuanto a las pensiones indignas que reciben millones de jubiladas y jubilados, Piñera anunció otra reforma, esta vez para el sistema de pensiones, que contemplaría aumento en las cotizaciones, “fortalecimiento del pilar solidario”, aporte del Estado, incorporación de trabajadores independientes y microempresarios a sistema de previsión, y el “Plan Adulto Mejor”, donde se le ofrecerían trabajos a quienes ya han laburado durante toda su vida.
Finalmente, la “tercera línea de acción”, sobre crecimiento económico y empleo, estuvo repleta de anuncios en pos de la inversión empresarial, en “agendas” para mejorar el desarrollo, una “ruta energética” 2018-2022, un Plan de “responsabilidad fiscal”, una oficina de “regulación de inversiones”, entre otras medidas en favor del sector empresarial. ¿Sobre el sueldo mínimo? Se limitó a decir que “mejorará”.
En este sentido, la derecha busca instalar un discurso de “centro”- hablando de diálogos, acuerdos y de una “segunda transición”-, y fortalecer un “perfil social” por medio del anuncio de políticas del Ministerio de Desarrollo Social, enfocadas en la clase media e Infancia, con el objetivo de cerrar hasta el final el ciclo de profundos cuestionamientos que abrió el 2011, a través de la conciliación “por arriba” de los distintos actores y partidos del régimen político; a diferencia de una postura más de “extrema derecha” y de “choque” con los movimientos que en estos últimos años han exigido en las calles transformaciones estructurales. Esto expresa una pugna interna en la propia derecha y distintos proyectos estratégicos, que buscan responder a los movimientos surgidos: por una parte, con “agenda social” y ciertas libertades; y, por otro lado, con una agenda conservadora y de mayores ataques contra el pueblo trabajador.
Pese a que actualmente prime una línea social y conciliadora de la derecha, y Piñera asegure querer “transformar a Chile de la colonia más pobre del imperio español, en un país desarrollado y avanzado”, no son más que hipocresías sin sustento en la realidad que viven millones de trabajadores y trabajadoras. El gobierno habla de “desarrollo económico y social” con frases vacías y promesas que llevan años. Si en su primera Cuenta Pública, en el 2010, Piñera afirmó que “vamos a erradicar la extrema pobreza antes de 2014 y la pobreza antes de 2018”, ahora aseguró que Chile “alcanzaría el desarrollo” en el 2025. Pero, ¿de qué ”desarrollo social” estamos hablando si, incluso, la cantidad de campamentos viene en aumento desde el 2011, y son más de 40.000 las familias que viven en estas condiciones? En este punto, las regiones con mayor aumento en número de familias en campamentos son Tarapacá, Antofagasta y Atacama; mientras que las regiones con más familias en campamentos son Valparaíso, (10.072), Biobío (7.484) y Antofagasta (6.771). En esta última región, el sueldo promedio del primer quintil es de $209.000, y un arriendo mínimo en la región cuesta en promedio $197.000.
La hipocresía de la derecha es tal que habla de “desarrollo social y económico”, pero el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de $350.000, y el 70% menos de $500.000, mientras que en las regiones de Arica y Parinacota, del Libertador, Maule, Bíobío y La Araucanía, el 70 % de los trabajadores gana menos de $450.000. En el 2016, Fundación Sol afirmaba que “la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de 4 personas, es de $410.684. Si consideramos sólo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, el 50 % gana menos de $399.790, esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza”, señala el estudio Los verdaderos sueldos de Chile. Además de esto, es más de un millón de personas las que están “subempleadas”, y por lo menos el 50% gana menos de $120.000, sumado a que “se registran más de 1 millón de asalariados que no tienen contrato de trabajo, y el 70% gana menos de $300.501”, y casi un millón de trabajadores se encuentra bajo la modalidad del subcontrato, continúa Fundación Sol. En cuando al endeudamiento, “se registraron más de 4,3 millones de deudores morosos. El monto promedio de la morosidad es de $1.463.799. Además el 76,1 % de los deudores morosos tiene ingresos mensuales menores a $500.000”. El trabajo por “cuenta propia” también aumentó en un 15% en los últimos años, llegando a 1.768.630 personas.
La realidad del pueblo trabajador habla por sí misma. Es mentira que Chile avanzará al desarrollo como pretenden mostrarnos Piñera, el empresariado y los partidos del régimen. No solo porque se empieza a vivir una regresión social en varios aspectos mencionados anteriormente, sino porque no hay forma de salir del atraso y de la dependencia mientras se mantiene el saqueo imperialista, como pretende profundizarlo la derecha. Mientras Piñera denuncia la caída económica del gobierno bacheletista, esconde que se mantuvieron las millonarias ganancias de los capitalistas: los empresarios de las Isapres obtuvieron ganancias el año pasado que superaron los $70.000 millones; las utilidades de las AFP crecieron 42,1% durante el primer trimestre de 2017, alcanzando los $116 mil millones; para el periodo 2005-2014 fueron 10 mineras (Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra) las que obtuvieron una renta económica de US$120 mil millones; entre los años 2006 y 2017 el total de recursos entregados por los Bancos, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas, fue de $4,7 billones, donde solo tres bancos se han adjudicado el 90% de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca, mientras que el Estado durante años ha estado subsidiando a los bancos y comprando cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%, entre otros ejemplos de negocios y ganancias empresariales.
Estos intereses imperialistas y nacionales son los que controlan los principales recursos estratégicos del país junto a los grandes magnates nacionales, que siguen sometiendo al país a los dictados de las Bolsas y del capital financiero, y ahora con Piñera pretenden un nuevo plan para fortalecer este saqueo y dependencia: nuevas concesiones en caminos y carreteras, aeropuertos y puertos, entrega de la energía eléctrica sin importar el daño al medioambiente; la entrega de los recursos del litio, entre otros.
A esta hipocresía le sigue también la vieja Concertación, y la ex Nueva Mayoría, que está de acuerdo con la derecha en mantener este saqueo, en seguir privatizando recursos, en aumentar las concesiones y negociados, en seguir atando la economía al gran capital extranjero con decenas de tratados de libre comercio. En este sentido, no existe proyecto alternativo del “progresismo” concertacionista, pues durante años- y con una cara amigable- mantuvieron al país como una semicolonia sometida y saqueada por el gran capital extranjero y sus socios nacionales, como las familias Luksic y Matte.
Por su parte, el Frente Amplio que se plantea como una alternativa, es incapaz de mostrar un proyecto realista que enfrente esta situación. La utopía de conseguir derechos sociales y democráticos, sin tocar los intereses empresariales y sin romper con el imperialismo y el capital extranjero, solo puede llevar a nuevos fracasos. Un sector importante de sus diputados incluso sigue a favor de los TLC con los países imperialistas, y durante estos meses se han ubicado constantemente en búsqueda del diálogo y los acuerdos con la derecha y la cuestionada ex Nueva Mayoría. Solo rompiendo con el imperialismo, nacionalizando los recursos estratégicos y las empresas privatizadas en dictadura, atacando los intereses empresariales, podremos abrir un camino para terminar con la dependencia, liberar al país del saqueo y pelear por una sociedad donde los beneficios y la economía se pongan bajo el interes de la clase trabajadora, de las verdaderas mayorías, y no de las ganancias de un puñado de empresas extranjeras y nacionales.
Para lograr un verdadero “desarrollo social y económico” a favor de la clase trabajadora y sectores oprimidos, se necesita de una alternativa propia de las y los trabajadores, con total independencia política de los partidos de Chile Vamos y el “progresismo” concertacionista, que se proponga cuestionar de fondo el “Chile de los ricos” y plantear un proyecto político opuesto a los intereses de los poderosos y magnates del país; que vele por los intereses y necesidades reales del pueblo trabajador, de las mujeres, los estudiantes y los sectores oprimidos, como la diversidad sexual y los pueblos originarios.
