DÉFICIT FISCAL. Cuentas públicas en rojo, excusa perfecta de Macri para el tarifazo y el ajuste fiscal

La Administración Pública Nacional en su conjunto tenía al 22 de noviembre un gasto comprometido superior al 88,8 % del presupuesto ajustado (1.170.194,5 millones de pesos sobre 1.318.279,3 millones) de acuerdo con un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Cerca de medio centenar de unidades ejecutoras de los tres poderes del Estado superaron el promedio y en algunos casos extremos están cercanas al 100 %, cuando faltan 39 días para la finalización del año. Esos son los casos del Programa Fútbol para Todos (99,6 % de gasto comprometido al 22 de noviembre), el Instituto Nacional de Medicina Tropical (98,3 %) o la Secretaría de Políticas Universitarias (97,9 %), dependencias que requerirían de refuerzos en sus créditos presupuestarios, teniendo en cuenta que, además de los salarios de noviembre y diciembre, corresponde hacer los desembolsos de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

GRÁFICO 1: Algunas jurisdicciones con mayor porcentaje de gasto comprometido (en % del gasto)

Fuente: DyN en base a ASAP

En el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con un gasto comprometido al 91,8 % del total anual, si bien el porcentaje no está entre los más elevados, tiene un margen relativamente estrecho si se considera que tiene a su cargo el pago de haberes mensuales y aguinaldos de más de seis millones de jubilados y pensionados.
A esto deben agregarse los problemas que podría generarle al organismo la forma en que se resuelva el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se declaró inconstitucional la deducción del 15 % de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar la Anses. Al mismo tiempo, ordenó la suspensión de los descuentos y la devolución de lo retenido desde 2006 a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, e incluso se sumarían nuevas provincias “Me Too”, como La Pampa, que también reclamarían por devoluciones. Con esta reducción de recursos del ANSES, podrían peligrar los incrementos de jubilaciones y pensiones del año entrante.

La atención del problema presupuestario podría agravarse debido a que varias provincias tendrían inconvenientes para el pago de sueldos y medio aguinaldo, lo que obligaría a realizar transferencias del Estado Nacional mayores a las previstas. Al respecto, la Secretaría de Hacienda informó que en los primeros nueve meses del año el déficit financiero del Tesoro fue de 139.551 millones de pesos, que se habrían elevado a 235.728,6 millones de no haber mediado la asistencia del Banco Central y la ANSES.

Pero en todos los casos, dado el escaso margen de maniobra para los últimos días del año, en los que se deben hacer frente a los sueldos de noviembre, diciembre y aguinaldo, obligarían a la actual presidenta Cristina Fernández o al presidente electo Mauricio Macri a realizar una reasignación de créditos mediante decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete en desmedro de áreas con una situación más holgada, o bien a disponer una ampliación presupuestaria a través de un decreto de necesidad y urgencia.

El rojo que queda y el ajuste que viene

El kirchnerismo deja su administración con un déficit fiscal por encima del 7 % del PIB y un déficit primario (que no contabiliza los pagos de intereses de deuda) equivalente al 3,5% del PIB. Los “superávit gemelos” (superávit en comercio exterior y en las cuentas públicas) que parecían representar la mágica solución a los problemas históricos de la economía argentina comenzó a resquebrajarse cuando desde el año 2008 la cuenta financiera del Estado Nacional se tornó negativa, y a partir de 2010 se registra también un déficit primario.

Los economistas liberales, que además componen el 100 % del equipo económico del gobierno de Macri, suelen señalar al problema del déficit como un “exceso de gasto”, y promover la reducción de partidas destinadas al gasto social, el empleo público y también la eliminación de subsidios económicos. Futuros miembros del gabinete presidencial, como el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya comenzaron la “tarea” de justificar próximos aumentos en las tarifas de servicios públicos cuestionando el esquema de subsidios, lo que sería en lo inmediato un golpe directo al bolsillo de los trabajadores. Apoyándose en los desequilibrios con los que finaliza el mandato Cristina Fernández, el macrismo se propone justificar un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador

Sin embargo, los problemas fiscales no responden a una “mala administración” que despilfarra recursos, sino que los mismos han sido perfectamente contabilizados y calculados para financiar la política de “desendeudamiento”, esto es, el pago de 200 mil millones de dólares de servicios de deuda externa ilegítima e ilegal, una de las principales sangrías del gasto público.

Analizando el devenir de las cuentas públicas, cabe recordar que el kirchnerismo comenzó su gestión sobre la base de un superávit fiscal logrado durante 2002 gracias a un fuerte recorte generado por el default de la deuda y el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, así como por la recaudación engrosada con nuevos impuestos (retenciones y e impuesto al cheque implementado en 2001). Esa coyuntura se resquebrajó debido a la exigencia de recursos fiscales cada vez mayores que necesitaba un régimen surgido de la correlación de fuerzas del 2001, en el que se pretendió fomentar la idea de que era posible arbitrar las contradicciones sociales con los recursos públicos. Ello significó mantener las condiciones de precariedad estructurales de la fuerza de trabajo pero subsidiando algunos consumos, financiando así (de manera directa o indirecta) una parte de la rentabilidad capitalista.

El gobierno entrante que tendrá a Macri en la presidencia y a Prat-Gay en el Ministerio de Hacienda y Finanzas prevé un cambio importante en la recaudación, en donde se reducirán los ingresos del fisco por la quita de las retenciones y la elevación del mínimo no Imponible en Ganancias. El primer rubro representa cerca de un 10 % de la recaudación tributaria actual, lo que profundizará aún más el déficit fiscal. Teniendo en cuenta que el macrismo está en las antípodas de suspender el proceso de “desendeudamiento” iniciado por el kirchnerismo, todo indicaría que el ajuste planeado del gasto en subsidios y partidas sociales junto con un nuevo endeudamiento será pronunciado, con las consecuencias sociales catastróficas que ello implica sobre los ingresos populares.

Fuente: DyN