Derechos. Cupo laboral trans: pasó el plazo de aplicación pero el Gobierno y el Congreso no lo cumplen

A casi un mes del orgullo los mensajes plagados de banderas multicolor desaparecieron, las cuentas de organismos gubernamentales volvieron a su rutina que hoy está atravesada por la campaña electoral. En este mes también se terminó el plazo que la ley de cupo laboral travesti - trans en el Estado nacional, sancionada en el 2021, dispuso para que se cumpla: dos años.

Cuánto se aplica

Aunque sectores reaccionarios como Javier Milei y Amalia Granata se empeñan en atacar derechos democráticos conquistados por el movimiento de mujeres y la diversidad, planteando que se trata de “privilegios”, los datos hasta abril de este año evidencian que los tres poderes del Estado están muy lejos de aplicar el cupo. La información oficial a la que accedió La Izquierda Diario, muestra que a abril de este año la Administración Pública Nacional empleó 687 personas trans, un número que no está ni cerca de cumplir cupo el mínimo de 4.553 puestos en esa área (1% del total de empleados) y mucho menos del total de postulaciones para conseguir un trabajo: 7.748.

Del Poder Judicial no se ofrecen datos públicos. Tampoco los hay de la Cámara del Senado presidida por Cristina Kirchner, mientras que en Diputados hay 22 puestos ocupados por travestis y trans, un 0,46% de empleados de esa Cámara. En total, si se contemplan los tres poderes y los distintos organismos comprendidos por la ley, casi se deberían emplear a 5 mil travestis y trans.

Solo en el último año se sumaron mil postulaciones más en el registro abierto. La necesidad no surge del vacío, la prostitución sigue siendo la vía de subsistencia de la mayoría debido a la discriminación a la hora de buscar un trabajo. A eso se le suma la falta de acceso a la educación, la salud y una vivienda digna. Los gobiernos de Macri y el Frente de Todos estuvieron marcados por la pérdida de poder adquisitivo de las grandes mayorías, mientras una minoría empresaria vio acrecentar sus ganancias. ¿De qué igualdad hablamos cuando la precarización de la vida de las mayorías es lo único que florece?

La precandidata a legisladora en CABA por el PTS/Frente de Izquierda Unidad, Andrea D’Atri, señaló que “Mientras a nivel nacional accedieron 709 travestis y trans al cupo, apenas el 0,15%, el Gobierno de Larreta tampoco aplica la ley que garantiza el cupo en la Ciudad, incumpliendo un fallo que en el 2019 insta a que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial lo reglamenten”.

Implementación precaria

La ley establece que el 1% debe cumplirse sobre el total de empleados en todo el Estado nacional sin importar en qué organismos, aún así los datos desagregados muestran que la falta de aplicación es la norma. Solo en 16 de 150 organismos se iguala o supera el 1%:

A esto se le suma las condiciones en las que se aplica, la mayoría de los puestos están bajo modalidades de contratación precarias. Contratos temporales de empleo público o directamente bajo monotributo, es decir, sin acceso a derechos básicos como obra social, aguinaldo y sueldos que no llegan a los ya degradados de la planta permanente.

Tomás Máscolo, precandidato a legislador del PTS/FIT-U y activista trans, cuenta su experiencia: “Hace casi un año trabajo en el Ministerio Público Tutelar, dependiente del Poder Judicial, entré por el cupo y estoy contratado bajo el régimen de monotributo. A la inestabilidad laboral se le suma sueldos bajos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Tuve un paso breve por el Indec también por el cupo y fue con la misma modalidad de contratación”. Es por este motivo que la aplicación del cupo urgente y con plenos derechos fue una de las demandas que atravesó la movilización contra los travesticidios que se realizó a fines de junio.

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Según el último informe elaborado por la Junta Interna de ATE Indec, desde diciembre del 2015 a esta parte, una categoría salarial inicial (D0) en el Estado nacional tuvo una caída del poder adquisitivo del 37,3%. Es decir, los ingresos salariales estatales tampoco garantizan las condiciones económicas que el cupo justamente busca paliar ante tanta discriminación y desigualdad. Su bajísima aplicación no escapa a la lógica del ajuste, con la gestión de Sergio Massa aplicando la recetas del FMI y disminuyendo mes a mes el gasto público.

Mientras no se aplica el cupo se sostienen todo tipo de beneficios impositivos a las empresas y fondos exclusivos para garantizarle un dólar especial (“soja”) a los grandes terratenientes. La devaluación en curso sólo promete más inflación y pérdida del poder adquisitivo de la mayoría trabajadora. Por eso la pelea por la implementación del cupo laboral trans, para que sea con plenos derechos laborales y con un salario que supere la canasta básica familiar, va de la mano de enfrentar el ajuste a la FMI que ya está aplicando el Frente de Todos, y que las variantes opositoras de derecha como Juntos por el Cambio y Milei solo prometen profundizar.

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