La Corte Suprema determinó que el Estado deberá indemnizar con 95 millones de pesos a Marcelo Hernández por la pérdida de la visión en uno de sus ojos, producto del disparo de Carabineros. Podría ser una víctima de trauma ocular durante la rebelión, pero esto aconteció 8 años atrás, en el marco de las manifestaciones registradas en Aysén, en marzo de 2012. 8 años que muestran la cara de impunidad de la justicia en Chile.
Miércoles 12 de agosto de 2020
En la sentencia (causa rol 306-2020), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Leopoldo Llanos y los abogados integrantes Julio Pallavicini y Pedro Pierry– estableció responsabilidad del Estado por falta de servicio con que actuó de Carabineros en el restablecimiento del orden público.
La sentencia señala que «en los casos justificados y que sea necesario, Carabineros está autorizado por nuestro ordenamiento jurídico para hacer uso de la fuerza. La institución resulta responsable cuando ese uso no resulta adecuado a los fines buscados -el restablecimiento del orden público- o cuando de su actuar derivan consecuencias alejadas de dicho fin, que pudieron ser evitadas por la institución».
También plantea que resulta establecida la existencia de una falta de servicio por parte de Carabineros, porque no era necesario el uso de la escopeta antimotines en el contexto de la manifestación y por ende la institución es responsable por las consecuencias de dicho disparo. Según consta en documentos oficiales el 15 de marzo de 2012 se utilizaron 225 cartuchos.
En la parte penal, tras la decisión de la Fiscalía aysenina, la causa siguió su curso en los tribunbales militares que no lograron establecer quién ejecutó el disparo y por ende no hubo condena. La causa civil siguió un largo y tortuoso camino y en 2019 la Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimo la responsabilidad del Estado, una decisión que fue revertida finalmente por la Corte Suprema de Justicia.
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Aún quedan miles de casos en la impunidad
Paralelamente, todavía a cientos de casos de presos políticos de la rebelión, o de jóvenes que si bien no están en prisión, siguen habiendo causas abiertas en su contra producto de la persecución del gobierno de Piñera. Esto mientras mantienen la impunidad de los crímenes ocurridos durante la rebelión. No olvidamos tampoco el asesinato en oscuras circunstancias del comunero Alejandro Treuquil, días después de que denunciara hostigamiento y persecución por parte de la policía.
Necesitamos levantar la política de la libertad inmediata a todos los presos políticos, el cese a la represión contra el pueblo mapuche y la desmilitarización del Wallmapu, así como el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos durante la rebelión, y retomamos con fuerza la pelea por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por el Fuera Piñera.
Esto a la vez que exigimos poner fin a todas las leyes represivas y persecutorias, y sacar a los militares de las calles, junto a un programa de emergencia que afecte las ganancias de los empresarios para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador.
