El Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) creado durante el sexenio de López Portillo en 1977, cuyo objetivo es atender a grupos vulnerables, sobre todo niños, adultos mayores y mujeres a través de programas de asistencia social, hoy enfrenta graves falencias para cubrir con sus programas estos servicios.
Miércoles 26 de junio de 2019
El DIF, es un Organismo Público Descentralizado, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, encargado de prestar servicios de asistencia social a población vulnerable encaminados a fortalecer la integración familiar. Para ello, se vincula con otras instituciones de gobierno a nivel local, estatal y federal, así como con organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.
A nivel nacional, brinda una credencial para personas discapacitadas, un campus virtual de capacitación en asistencia social, comedor asistencial para adultos mayores y grupos prioritarios, desayunos escolares, desarrollo comunitario y cuenta con diferentes unidades para atender violencia intrafamiliar (Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, UAVI )y desarrollo educativo (Centro de Asistencia Infantil Comunitario, CAIC), por mencionar algunos servicios.
Actualmente existen poco más de una decena de programas sociales en la Ciudad de México, para apoyar y atender a grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran: “Programa de Niños y Niñas talento”, “Programas cuna de la CDMX”, “Programa de Alimentos Escolares”, "Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente”, “Programa de Comedores Populares”, “Programa de Fomento para la Creación de Sociedades Cooperativas”, entre otros.
Sin embargo, la realidad que enfrentan las familias, que buscan a acceder a estos programas es mucho más compleja que los informes presentados por el DIF y, no es un simple dato estadístico, pues son resultado de una situación estructural de años de neoliberalismo.
Las duras condiciones a las que se enfrentan los trabajadores y sus familias, bajo una situación de precarización salarial y falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación, son resultado de la reducción de los derechos más elementales; lo que forma parte de las políticas neoliberales aplicadas por todos los partidos del régimen.
Innumerables problemas entrecruzan la aplicación de los programas del DIF y los principales afectados son los grupos vulnerables y los trabajadores que realizan una labor de atención bajo condiciones extenuantes y cargas de trabajo extra.
Sin duda, una de las problemáticas más alarmantes es que los apoyos económicos que se brindan a la población, son insuficientes para cubrir las necesidades que se buscan cubrir con los programas; además de otorgarse de manera clientelar, haciendo acudir a los centros múltiples veces a los derechohabientes y, a veces, suspender o retrasar los apoyos sin ninguna aclaración. Esto sin mencionar a las miles de personas que no logran acceder a los programas, siendo mayor el número de población en situación de riesgo que los grupos atendidos.
Los centros de atención no cuentan con las condiciones de infraestructura y personal para atender a infantes, mujeres, adultos mayores y personas discapacitadas. Casos agravados por denuncias de abuso sexual a niños en los albergues, hacinamiento e insalubridad en los centros.
A esto se suma que la política que se ha impulsado desde el gobierno federal ha sido brindar las becas y apoyos en el DIF desde una lógica asistencial que no busca fortalecer el trabajo comunitario, sino ver la aplicación de los programas solo como un tema presupuestal.
Resulta sustantivo, ante este panorama, las cargas laborales que reciben los trabajadores del DIF, sin las condiciones y materiales necesarios para desempeñar los servicios.
En medio de la crisis económica que atraviesan las familias y sin derechos elementales para garantizar una vida digna, la vía asistencialista impulsada por el régimen mexicano, para no garantizar verdaderamente un salario digno, educación, vivienda y salud para los trabajadores y sus familias. Esto continúa hoy como eje político del gobierno, agravado por las grandes brechas de desigualdad que imperan en el país.
